La disminución de amenazas en contexto escolar siguen disminuyendo en Rosario pero todavía hay escuelas afectadas por intimidaciones. Es el caso del establecimiento educativo  N°610 “República de Bolivia”, donde personal encontró este jueves por la mañana una pintada dentro de las instalaciones y se activó el protocolo.

El mensaje fue hallado cerca de las 6:30 por la portera de la institución que ingresó a uno de los baños de mujeres antes de que arriben los alumnos del turno mañana. Según trascendió, el contenido del texto manuscrito hacía referencia a un supuesto tiroteo.

La directora de la escuela se comunicó con el 911 y, posteriormente, llegaron efectivos policiales para trabajar en el lugar. No obstante, las actividades educativas en la Bolivia se llevaron a cabo con normalidad durante esta mañana. Cabe destacar que a la institución acuden menores de nivel inicial y primario; mientras que durante la noche se dictan clases de Escuela de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA).

El autor de la intimidación no fue identificado y, en caso de serlo, se le cobrará el costo del operativo policial a sus padres o tutores, según estableció el Gobierno de Santa Fe días atrás, luego de la proliferación de casos en la provincia tras el tiroteo en la escuela de San Cristóbal.

El Gobierno de Santa Fe ratificó que los padres o tutores de los responsables de las amenazas a escuelas deberán pagar los costos de los operativos en cada caso. Se calcula que el despliegue que implica una intimidación a un establecimiento escolar ronda entre los 5 y 6 millones de pesos. Sólo el martes se registraron 78 situaciones en toda la provincia. 

Luego del incremento de incidencias registradas en todo el país a partir del tiroteo en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, muchas de ellas adjudicadas a un fenómeno viral de redes sociales, desde el Ejecutivo santafesino dictaron la resolución 1.201/26, que formaliza la decisión. 

El texto detalla el protocolo de resarcimiento de gastos por procedimientos con personal policial, que anticipó días atrás el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

En primer lugar, se establece que, una vez que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) identifique a los autores, cómplices, y adultos responsables de los mismos tras un hecho intimidatorio en el ámbito escolar, se calculen los costos del operativo. La Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera abrirá un expediente para cada caso con informes técnicos y constancias de intervención policial, entre otras pruebas que argumenten la cifra.

A su vez, el Departamento de Operaciones (D-3) de la Policía de Santa Fe brindará un detalle pormenorizado de los recursos humanos y materiales que intervinieron ante la denuncia del establecimiento educativo. Finalmente, la Subsecretaría de Legal y Técnica desarrollará una intimación de pago a cinco días y la enviará a padres o tutores de los estudiantes involucrados. Podrá ser saldado mediante un depósito o transferencia bancaria. 

Por otra parte, la resolución aclara que se puede efectuar un reclamo posterior en caso de que los gastos o los daños se agraven una vez pagada la multa. Si las personas notificadas no abonan en tiempo y forma, la Fiscalía podrá iniciar acciones judiciales.

El ministro Cococcioni reveló en conferencia de prensa que el costo estimado de una intervención policial por una amenaza escolar oscila entre los 5 y 6 millones de pesos. “Esa supuesta broma que debe ser atendida hace que recursos policiales que podrían estar patrullando la ciudad en otro lugar deban estar abocados durante horas a ese procedimiento”, subrayó.

Padres del Colegio María Auxiliadora de Rosario atraviesan horas de temor por un alumno de primer año que llevó una bala al aula en dos ocasiones y presuntamente amenazó a dos compañeros. El hecho ocurre a menos de dos semanas del ataque armado perpetrado en San Cristóbal, en el que un nene de 13 años fue asesinado por un adolescente de 15. 

Los hechos sucedieron esta semana en el establecimiento educativo de San Juan y Presidente Roca. De acuerdo al testimonio del padre de un estudiante, en declaraciones para el medio El Tres, el menor le mostró un proyectil a sus pares este lunes e hizo lo mismo el jueves. Además, el hombre afirmó que su hijo y otra menor fueron amenazados.

El chico presentó unas disculpas a través de un mensaje de WhatsApp. Por otra parte, su madre subrayó en otro texto que su hijo encontró la bala  “en la calle” y que “varios chicos del curso la vieron y le aconsejaron que la guarde”. Además, dijo que la arrojó a la basura. La madre expresó que “nadie lloró ni mucho menos lo cuestionó” y que “fue una travesura de curiosidad”.

Tras el segundo episodio, familiares de los alumnos del curso se reunieron en la puerta de la institución para exigir respuestas y formularon una carta en la que piden una reunión con la directora y el Ministerio de Educación de Santa Fe. En el texto, señalan que no aceptarán “una posición pasiva" y solicitan "una solución efectiva, concreta y urgente", ya que, de lo contrario, avanzarán legalmente “con el fin de salvaguardar la integridad y formación” de sus hijos.

A su vez, estudiantes de múltiples cursos del María Auxiliadora no fueron enviados a clases por sus padres este viernes por precaución.

Un alumno de secundaria de Villa Gobernador Gálvez llevó un arma de fuego al colegio y efectuó un disparo al aire este lunes por la mañana.

La secuencia ocurrió en la escuela N° 364 "Soldado Aguirre", ubicada en Bordabehere al 2200. Según las primeras informaciones, un estudiante de segundo año acudió al establecimiento educativo con un arma y, tras un forcejeó con personal de la institución, abrió fuego en la puerta del lugar.

No hubo heridos a raíz del disparo y el menor de edad armado, quien se escapó de la escuela corriendo, todavía no fue encontrado. Las circunstancias detrás del hecho permanecen bajo investigación. Intervino personal policial y el Juzgado de Menores.

En la previa de las marchas en defensa de la educación pública, la ciencia y la Universidad que se realizarán el próximo miércoles en todo el país, desde el gobierno nacional calentaron el clima con fuertes acusaciones.

El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, apuntó a que las universidades “inventan alumnos” para cobrar fondos y “multiplicar cargos”, en el marco de la puja por el presupuesto con las autoridades universitarias.

“Hay 600 mil alumnos en las universidades nacionales que no sabemos si están inscriptos en alguna materia o no, el 38% de los alumnos, y los fondos se dan a partir del número total de estudiantes”, indicó el secretario durante una entrevista con Radio Rivadavia.

Al respecto, aseguró que “inventar alumnos es un tema que tiene más o menos 200 años”, ya que “la multiplicación de los cargos docentes tiene que ver con eso”. Sobre esto, Torrendell agregó: “Ha pasado en las primarias, secundarias y puede estar pasando en las universidades, sobre todo cuando hay facultades que empiezan a perder alumnos”.

Además, afirmó que es “una lástima” que los gremios docentes rechazaran la propuesta salarial, a la que calificó de “superadora”. Desde el Ejecutivo ofrecieron un 6,8% adicional a la suba del 1%, que estaba establecido para octubre, por única vez, algo que fue desestimado por los sindicatos al considerarlo “menos de una décima parte” de lo reclamado y que han perdido desde diciembre 2024 con respecto a la inflación.

“Con la propuesta equiparábamos los máximos aumentos que se dieron, que era lo que se venía conversando. Ellos siempre piden equiparar con la inflación. Es el objetivo que uno puede plantear con toda razonabilidad, pero eso se puede ir logrando a partir del déficit cero”, sostuvo el secretario de Educación.

En medio de una pelea, una alumna de 15 años apuñaló a otra de 14 en la escuela Juramento a la Bandera N°392 ubicada en la zona sur de Rosario. 

Según las primeras informaciones, el altercado entre las dos alumnas comenzó a las 14.30 horas a raíz de un conflicto que había sucedido entre ellas desde el día anterior. 

En ese marco, testigos afirmaron que una de las alumnas, identificada como J.M, sacó un cuchillo de uso hogareño y apuñaló a su compañera, identificada como O.C, hasta que una docente y otro compañero las consiguieron separar. 

Por la agresión, J.M tuvo que ser derivada al Juzgado de Menores N°2 en la Comisaría 15; mientras que O.C fue atendida por una ambulancia y trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para su mejor atención.

Asimismo, desde Heca se informó que la adolescente ingresada tenía una herida de arma blanca en la zona lumbar y otra en la mano derecha, pero que de momento está estable. 

Según un informe realizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, 1 de cada 4 estudiantes de secundaria tiene, al menos, 20 faltas por año. Los especialistas señalan al ausentismo como una de los principales problemas que afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

De acuerdo al informe, un 26% de los estudiantes de secundaria reconocen tener 20 o más faltas por año, lo que equivale a un 14% de los días de clase. Dado a la falta de estadísticas públicas sobre ausentismo, para el informe se utilizaron los datos que se desprenden del cuestionario Aprender 2022, donde los alumnos reportaron sus ausencias. 

El cuestionario fue aplicado en el mes de Octubre, instancia del año en la que los estudiantes debían llevar unos 142 días de clase aproximadamente. “El 26% de los alumnos que reconoce tener 20 o más inasistencias faltó al menos un 14% de los días de clase previstos. Además, un 18% de los alumnos afirma tener entre 15 y 19 inasistencias; el 21%, entre 10 y 14 inasistencias; el 20%, entre 5 y 9; el 12%, menos de 5; y el 3% ninguna”, remarca el informe.

Las provincias con mayor cantidad de estudiantes que declaran 20 o más inasistencias a esa altura del año son Buenos Aires (36%), Tierra del Fuego (31%), CABA (28%) y La Pampa (27%). Asimismo, San Juan (9%), Santiago del Estero (12%) y Jujuy (13%) son las que marcan los números más bajas respecto a la misma cuestión.

El informe destaca que el ausentismo “tiene efectos negativos inmediatos sobre el desempeño académico, el riesgo de repetición y abandono, el desarrollo social y emocional de los niños y las probabilidades de finalización de la educación secundaria”.

Por otra parte, el estudio revela que el problema es transversal a todas las clases sociales, pero que existen diferencias en los motivos de las faltas. En aquellos alumnos con menores recursos económicos los motivos más frecuentes son problemas de salud propios (54%), problemas de acceso a la escuela por el clima o el transporte (30%) y la falta de ganas de ir a la escuela (24%). En el caso de las ausencias de alumnos de familias con mayor poder adquisitivo, los motivos preponderantes son problemas de salud propios (67%), falta de ganas de ir a la escuela (48%) y llegadas tarde a clases (24%). 

El informe completo se puede observar en el siguiente link.

El gobierno de la provincia de Santa Fe buscará «casa por casa» a unos 4 mil alumnos que terminaron el nivel primario y hasta el momento no se inscribieron para cursar el secundario, tarea que llevarán a cabo docentes contratados por el Ministerio de Educación de la provincia, informó la ministra del área, Adriana Cantero.

«Comenzamos en enero y tenemos todo febrero para asegurar las inscripciones de estos estudiantes. Se trata de familias que necesitan más orientación. La primera búsqueda estuvo en manos de supervisores y directores de cada escuela, llamando a cada familia. Ahora la búsqueda será casa por casa», indicó la funcionaria.

En declaraciones a radio Aire de Santa Fe, Cantero dijo que los alumnos en esa situación son unos 4.000 en todo el distrito, de los cuales 234 son del departamento La Capital, cuya cabecera es la ciudad de Santa Fe.

«Los mayores problemas se dan en lo que llamamos espacios puente, es decir, cuando los alumnos pasan de un nivel a otro, como por ejemplo del jardín a la primaria o de la primaria a la secundaria», explicó.

En ese sentido, dijo que el Ministerio tiene «un sistema nominado» que les permite observar el movimiento de matrículas «para identificar quiénes son los que están en riesgo de abandonar la escuela».

«Lo primero que haremos será mostrarles que hay una escuela que los está esperando. En esa entrevista veremos cuáles son las dificultades de cada entorno inmediato de los chicos y en función de eso se realizará la orientación de dónde pueden inscribirse, cuáles son las escuelas más próximas, qué servicios pueden tener disponibles», añadió.

Cantero explicó además que en caso de que una familia se niegue a inscribir a los chicos, actuarán «equipos sociales y educativos para establecer un acompañamiento más fluido».

«Cuando se habla de que la escuela es obligatoria, nos referimos a que los adultos deben garantizar el derecho de los chicos de entre 4 y 17 años a estar en la escuela», concluyó.

Este lunes y pese a la ola polar que azota a Rosario y todo el sur santafesino, alumnos y alumnas de nivel primario de toda la provincia regresaron a las aulas. Entre las instituciones públicas y privadas de la ciudad, son alrededor de 100 mil los chicos y chicas que volvieron a las escuelas. Se mantendrá esta modalidad hasta el 8 de julio, ya que luego iniciarán las vacaciones de invierno.

Son 64.140 alumnos de escuelas públicas y 46.563 de establecimientos privados en la ciudad, los que regresaron a la presencialidad, mientras que la semana pasada fueron 17.650 niños y niñas del nivel inicial en pública y 15.955 en la educación privada, los que volvieron a las aulas en jardines de infantes.

Cabe recordar que el gobierno provincial habilitó el regreso a las clases presenciales en el nivel primario, mientras que lo que respecta a las secundarias, el Ministerio de Educación evalúa los datos epidemiológicos para estudiar el retorno en los departamentos Rosario y La Capital, que aún no están habilitados para retomar esta modalidad.

Mientras estaba en su gira por México y frente a las consultas de la prensa, el presidente Alberto Fernández debió referirse a lo que pasó en torno al escándalo del vacunatorio vip. Tras  reconocer que la actitud del ex ministro de Salud, Ginés González García, fue reprochable y por eso le costó el puesto, pidió que los jueces y fiscales “terminen con las payasadas” y dijo que no existe ningún tipo penal para atribuirle un delito a una persona que se adelantó a otra en la fila de espera. “No existe ese delito y no se puede construir”, aseguró.

Sin embargo, su visión no coincide con la de un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la casa de Altos Estudios en la cual el Presidente es profesor desde 1985: los jóvenes viralizaron un duro cuestionamiento en una carta abierta bajo el título “¿Se anima a decir en un aula de la Facultad de Derecho lo que declaró en México? El vacunatorio vip es delito”.

A través de las redes sociales, universitarios agrupados en Franja Morada, solicitaron a Alberto Fernández debatir acerca de sus declaraciones y la vacunación vip en un aula de la UBA.

“Nos dirigimos a Ud. como estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA -en la cual usted enseña la materia Teoría del Delito- y como militantes de la Franja Morada, para formularle una pregunta concreta: ¿Se anima a decir en un aula de nuestra Facultad lo que declaró a la prensa en México?”, comienza el mensaje.

Y continúa: “Bien sabe que si llegara a decir eso en un aula de nuestra Facultad cualquier alumno de primer o segundo año le diría que podría aplicarse, como mínimo y entre otras figuras, la de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y/o malversación de fondos públicos (art. 248 y subsiguientes del Código Penal). Mentir así no resulta digno de un profesor de una de las facultades de Derecho más importantes del continente”.

En el texto también se crítica cómo el gobierno nacional gestionó la administración de las vacunas y se detalla la cantidad de contagios y muertes por coronavirus en el país. “¿Por qué negar lo innegable? Deje que la Justicia -tan arbitrariamente castigada por su espacio político- haga su trabajo”, concluyeron los estudiantes.

El 96% de los alumnos tomó contacto con sus maestros durante la cuarentena por el coronavirus, el 10 por ciento de ellos de manera esporádica, según la encuesta nacional sobre la continuidad pedagógica que elaboró el Ministerio de Educación.

La encuesta, cuyos resultados preliminares se conocieron este jueves, demostró también que el 90% de las familias enviará a sus hijos a la escuela en cuanto se retomen las clases presenciales, aunque más de la mitad tiene temor a los contagios.

El relevamiento, efectuado para saber cuál fue la respuesta del sistema educativo ante el cierre de las escuelas por la pandemia de coronavirus, abarcó a 5.387 directores de escuelas y a 2.658 hogares de todo el país, mientras también fueron consultados unos 25.000 docentes cuyas respuestas se difundirán en las próximas semanas.

La conectividad a internet en los hogares, los dispositivos utilizados, la frecuencia de conexión con el docente, los contenidos pedagógicos abordados, la efectividad de los recursos desplegados por la cartera educativa y el acompañamiento de las familias fueron los principales temas relevados.

De acuerdo con el estudio, el 90% de las familias respondieron que enviarán a sus hijos a la escuela una vez que se retomen las clases presenciales, mientras que la gran mayoría de quienes aseguraron que no lo harán respondió que planea tomar esa decisión por temor a un contagio.

Este porcentaje se acentúa a medida que se consulta a familias cuyos hijos concurren al nivel inicial, mientras que el 99% de los consultados respondió que no cambiarán a sus hijos de escuela.

«El regreso a la escuela que estamos construyendo desde hace varios meses tiene pasos complejos; por eso, el inicio en cada provincia es planificado. La realidad epidemiológica es diferente en cada provincia. Volver a la escuela no es lo primero que se hace, esto implica que cada jurisdicción ya esté viviendo la nueva normalidad», dijo el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

Precisó además que Santiago del Estero, que retomará las clases el 18 de agosto próximo «ya tiene el 80% de su actividad funcionando, por lo que volver a la escuela allí tiene una normalidad muy distinta a la de otros lugares del país como en la región metropolitana o las que están en una apertura progresiva».

Apuntó además que «debemos construir de a poco la confianza en las familias, pero el Estado tiene que garantizar la obligatoriedad del acceso a la educación. Hay estudiantes y docentes que están en los grupos de riesgo que no volverán a la escuela de manera física y no podemos permitir que se profundice la desigualdad hacia adentro del aula».

Trotta destacó que en el marco de una pandemia «lo obligatorio es la educación, no la presencialidad» y destacó que «si hay familias que tienen miedo en alguna provincia en particular, nadie va a obligar a un padre a enviar a sus hijos a la escuela, lo que tenemos que garantizar es el despliegue de todos los recurso pedagógicos para que los chicos sigan aprendiendo en sus hogares».

El relevamiento detalló además que el 4% de las familias aseguró no haber recibido tareas o si las recepcionó no fueron realizadas, mientras que un 10% de las familias destacaron que se contactaron entre una y tres veces en un mes con sus docentes.

«Entre los que no se conectaron o lo hicieron en forma esporádica, estamos hablando de un millón de alumnos,», dijo la secretaría de Evaluación Educativa Gabriela Diker, quien agregó que «identificamos que con ese 10% ya vamos a tener mayores problemas»

Por su parte, Trotta destacó que «nos hacemos cargo de la profunda desigualdad que en parte está expresada en esta encuesta, aunque hay datos que nos confirman que muchas de las decisiones que adoptamos fueron correctas lo que implica que debemos acelerar la marcha en varias cuestiones, por ejemplo en el sostenimiento del programa Seguimos Educando hasta que se recupere la absoluta normalidad».

La disparidad que hubo en la educación remota «estuvo condicionada por los recursos tecnólogicos que tuvieron los estudiantes», destacó la encuesta.

En este aspecto, el relevamiento muestra que menos de la mitad de los hogares cuenta con acceso fijo de buena calidad en la señal a Internet, 3 de cada 10 de hogares no tienen acceso fijo a Internet y el 27% de los relevados sólo accedió por celular.

En tanto, el 3% no tiene internet de ningún tipo, mientras en hogares con Internet fija la tercera parte tiene problemas en la señal y el 53% no cuenta con una computadora liberada para uso educativo.

La desigualdad también se refleja en que el piso tecnológico de los hogares que asisten a escuelas del sector privado «duplica al de los que asisten al sector estatal».