Juan Alberto Pazo renunció a su cargo como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). 

Así lo dio a conocer esta madrugada el Ministerio de Economía mediante un comunicado y luego de oficializó mediante el Boletín Oficial, con el Decreto 890/2025. De esta manera, el Gobierno designó a Andrés Edgardo Vázquez, quien antes estaba a cargo de la Dirección de General Impositiva (DGI).

Desde la cartera difundieron el texto en redes sociales, donde detallaron: “El Director Ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, le comunicó hoy al Ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo”.

Según explicaron desde Economía, los cambios responden a la voluntad de Pazo de regresar al sector privado, aunque continuará colaborando con el ministro Luis Caputo para fortalecer la actividad privada y el crecimiento económico del país.

Por su parte, Vázquez cuenta con los títulos de Licenciado en Administración y Contador Público obtenidos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), así como por su participación en múltiples cursos y seminarios relacionados con el control financiero y la prevención del lavado de dinero.

El ex director de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (la exAfip, ahora Arca), Carlos Vaudagna y el exdirector de Vicentin, Omar Scarel fueron procesados por encubrir reintegros del IVA de forma indebida en exportación por mas de 143 millones de pesos. 

La resolución fue dictada por el juez federal de Reconquista, Ricardo Alcides Mianovich, puesto que ambos directivos fueron acusados de ser coautores de encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por la gravedad del delito precedente.

No obstante, Vaudagna es el más complicado de todos, pues a su imputación se le agrega el haber quedado en concurso real con el de lavado de activos agravado por su habitualidad y por haber sido cometido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, en carácter de autor.

La decisión del juez se conoció el 12 de noviembre y coincidió con la acusación formulada por fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum; el titular de la PROCELAC, Diego Velasco; el fiscal a cargo de la delegación Rosario de esa procuraduría, Juan Argibay Molina; y por el titular de la PIA, el fiscal nacional Sergio Rodríguez, y el auxiliar fiscal de esa dependencia, Esteban Venditti, cuando en diciembre de 2024 pidieron que se indaguen a los acusados. 

De acuerdo a la página de Fiscales.gob.ar, entre 2015 y 2024 se detectaron ingresos al sistema económico legal de dinero de origen ilícito a través de operaciones y del uso de empresas creadas para ese fin. De esa forma, las maniobras no sólo buscaban encubrir el delito sino también blanquear activos. 

En ese sentido, la acusación estableció que dichas operaciones eran para beneficiar a la agroexportadora y sus directivos y así eludir la apropiación de reintegros de IVA por 143.254.723,61 de pesos en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

EL objetivo se consiguió a través de la declaración créditos fiscales ficticios basados en facturas emitidas por proveedores y corredores irregulares que se hicieron con granos en el mercado marginal, y no cumplieron con el pago regular del IVA por esas operaciones.

Por esa situación, se procesaron a 14 directivos de Vicentín como coautores del delito de apropiación indebida de beneficios fiscales, agravado por la cantidad de intervinientes. Se probó que 57 de los proveedores relacionados a la empresa eran apócrifos y que sus créditos fiscales eran falsos. 

Los ex jefes de la Afip (ahora ARCA) Rosario, Carlos Vaudagna y de la Agencia Santa Fe del mismo organismo, Néstor Javier Bermúdez, fueron procesados sin prisión preventiva por realizar una serie de maniobras para perjudicar empresas competidoras en favor de la fábrica de hielo Ghiaccio que era propiedad de Bermúdez en 2019.

La medida contra los imputados fue dictada por el Juzgado Federal Nº 1 es por abuso de autoridad, violación de secreto, violación de deberes de funcionario público y tráfico de influencias por haber obtenido y manipulado información de la actividad fiscalizadora de la ex afip.

En base a la investigación realizada por los fiscales federales Roberto Salum y Walter Rodríguez, parte de las maniobras para beneficiar a la empresa se comprobaron a través de los mensajes obtenidos del celular de Vaudagna, en los que Bermúdez pedía datos de los contribuyentes de las firmas competidoras.

En esas conversaciones, el ex jefe de Afip Rosario le pasaba documentación con declaraciones juradas de Ganancias, Seguridad Social y firmas registradas. Uno de los hechos se registró el 4 de julio de 2019, cuando Vaudagna ingresó a la base de datos del ente recaudador y consiguió un listado de empresas registradas en la Dirección Regional Rosario. 

Otra de las medidas que tomó el rosarino fue mandar a inspeccionar una empresa rival a la de Bermúdez a pesar de que el establecimiento estaba en otra jurisdicción. 

En ese marco, el juez a cargo del juzgado mencionado, Aldo Alurralde, por pedido de los fiscales al existir riesgo de que se pueda entorpecer la investigación, ordenó que los dos procesados no puedan salir del país sin autorización de la Justicia, que no puedan acercarse a ofician de la ex Afip en Rosario y Santa Fe, y que no puedan contactarse con funcionarios de ese organismo. 

Bermúdez tiene prohibido, además, transferir o vender la empresa Ghiaccio, que está bajo la razón social Hielagua S.A., en la Ruta Provincial 1. al kilómetro 1, en Colastiné Norte, por sospechas de que fue financiada de forma irregular. 

El ex director regional de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, se presentó como arrepentido y asumió una serie de delitos.

El periodista Germán de los Santos reveló que el ex titular de la entonces AFIP en el territorio provincial llegó a un acuerdo en el que aceptó declarar bajo la figura de arrepentido en el marco de una investigación seguida por múltiples fiscales federales.

Según detalló la fuente, la medida fue homologada este miércoles por la mañana en Rosario durante una audiencia encabezada por el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz. Entre los delitos que Vaudagna admite haber realizado entre 2014 y 2020 aparecen maniobras extorsivas, asesoramiento en carácter de director regional del ente y persecución a contribuyentes; además de adjudicarse el haberse enriquecido de forma ilícita.

Por otra parte, de los Santos reportó que el ex titular de ARCA en la ciudad y en la capital provincial “tendrá una pena máxima de seis años” por los delitos asumidos a cambio de su declaración.

El Gobierno nacional removió de su puesto a la titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca, anteriormente llmada Afip), Florencia Misrahi, por orden del propio presidente Javier Milei. El reemplazo será Juan Pazo, secretario de Relaciones Económicas Internacionales.

Más de un mes después de anunciar la modificación del nombre de la agencia, Milei tomó la decisión y el gobierno oficializó la salida de Misrahi, tras algunas tensiones con los conductores del organismo.

Entre los motivos de las recientes diferencias, se encuentra la imposición de un impuesto a influencers y streamers, quienes debían comenzar a tributar por sus actividades económicas, así sea por la provisión de servicios de comunicación y publicidad como por la creación de contenidos en plataformas digitales. Además, también alcanzaba a los canjes.

El régimen fue oficializado esta semana, a través de una resolución de la agencia, y el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó los motivos de la decisión de remover a la titular del Arca.

“El Presidente de la Nación tomó la decisión de echar a la titular de Arca y a dos funcionarios por la modificación al régimen de streamers e influencers. Juan Pazo asumirá como nuevo titular de ARCA y Pablo Quirno asumirá el rol de Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina”, informó a través de su cuenta personal de X.

El Presidente de la Nación tomó la decisión de echar a la titular de ARCA y a dos funcionarios por la modificación al régimen de streamers e influencers.Juan Pazo asumirá como nuevo titular de ARCA y Pablo Quirno asumirá el rol de Secretario de Relaciones Económicas…

El reemplazo quedará en manos de Juan Pazo, quien tendrá su segundo cambio de rol dentro del gobierno en los últimos días, ya que el pasado 4 de diciembre fue anunciado como secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, lugar será ocupado por Pablo Quirno.

Previamente, se desempeñaba al frente de la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía. Es por ello que el ministro Luis Caputo consigue que el organismo continúe al mando de un funcionario de su confianza.

El Gobierno emitió una resolución por la que queda estrictamente prohibida la asignación hereditaria de cargos en la administración pública. 

En antaño, dicho beneficio habilitaba a que los hijos o cónyuges de un familiar fallecido ocupen su cargo. Entre los distintos organismos que gozaban de la claúsula, se encontraban la ex AFIP, el Banco Central, y el Banco Nación. 

En ese sentido, la Secretaría de Trabajo no homologará ninguna convención colectiva de trabajo que incluya beneficios iguales o similares. De esa manera, todo acuerdo sindical deberá ajustarse a la nueva medida. 

Por otro lado, el anunció fue realizado por el ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger junto a Manuel Adorni, en las habituales conferencias de prensa del vocero. 

En base a lo expuesto por Sturzenegger, la nueva medida “profundiza la estrategia de racionalización del Estado, que ya logró el recorte del 15% de la planta del personal público y la intimación para que se jubilen empleados en edad de retiro”. 

“Es un privilegio ilógico que colocó a los empleados públicos por encima de cualquier trabajador del país”, agregó. 

En la misma línea citó el artículo 16 de la Constitución Nacional y aseguró: “De ahora en más, quien ocupe un puesto en el Estado será sólamente elegido por su idoneidad”. 

A su turno, el portavoz presidencial, afirmó que el privilegio vetado era un delirio y que en Argentina “nadie tiene sangre azul”. 

Tras el anuncio de esta semana, el Gobierno nacional hizo oficial el cierre de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) este viernes y puso en marcha la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Ambas medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial. 

En primer lugar, el decreto 953/2024 establece la disolución del ente estatal que comenzó a funcionar el 19 de octubre de 1996, durante el gobierno de Carlos Menem. Por su parte, el decreto 954/2024 se enfoca en ARCA, aparato a cargo del Ministerio de Economía que sustituirá a la AFIP.

Según confirmó el Gobierno en el texto oficial, el flamante ente “mantendrá las responsabilidades, competencias y funciones asignadas por el marco legal vigente a la AFIP hasta la fecha de publicación de las normas y la Estructura Orgánica y Funcional”.

La ARCA tendrá como Directora Ejecutiva a Florencia Lucila Misrahi, quien estará a cargo del organismo durante un plazo de cuatro años desde su designación. Además, Andrés Edgardo Vázquez será el titular de la Dirección General Impositiva y José Andrés Velis ocupará el cargo de director general de la Dirección General de Aduanas.

Con el cierre de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por parte del Gobierno, fuera de los altos sueldos de entre 30 y 17 millones de pesos que percibían los directivos, causó revuelo entre la población el privilegio de herencia de cargo, del que gozaba el organismo. 

Tal y como indica su nombre, la disposición habilita que un hijo de un trabajador fallecido pueda ingresar y ocupar un cargo similar o inferior al que tenía el difunto. 

En ese marco, el diputado nacional por Santa fe del PRO, Alejandro Bongiovanni, recordó que ya en marzo de este año presentó un proyecto de ley para que en el Sector Público Nacional se deroguen este tipo de cláusulas y que no puedan incluirse en convenios posteriores. 

“En marzo ya había presentado este proyecto para terminar con la herencia de cargos en dependencias nacionales, provinciales y municipales”, precisó el legislador al aire de una entrevista con el equipo de Camino a Casa, programa que se emite por Radio Mitre Rosario. 

En ese sentido, continuó: "Hay cláusulas en los estatutos del empleado público que habilitan a que se tome en un cargo similar o inferior a un hijo o cónyuge al que tenía el difunto". 

En la misma línea, agregó: “Eso es un privilegio rarísimo e inadmisible, porque no por nacer en una familia determinda tenés que tener privilegios para ocupar un cargo público”. 

A continuación, argumentó porque el heredar cargos se volvió una práctica extendida en el sector público: “Hace medio siglo que venimos arrastrando estas prácticas, más que nada porque no era un hecho muy conocido. Por ahí en los pueblos se ve más lo de entrar a un lugar a trabajar por la familia, pero en las ciudades uno no tiene ni idea de quién entra o sale”. 

“Además, de que con el pasar del tiempo comenzamos a naturalizar muchas de estas cosas. Vemos al Estado como una suerte de bolsa de trabajo y hoy está bueno empezar a cuestionarnos su utilidad”, subrayó. 

A su modo de ver, la práctica era tan vergonzosa, que "cuando se hace un proyecto, siempre salta alguien a hacerle un contrapunto. Si uno quiere quitar la obligatoriedad de que haya encargados de edificio, probablemente te salte el sindicato, pero esto no creo que nadie lo defienda”. 

Por último, recordo que “el único requisito para ocupar un cargo público es la idoneidad. Ahora bien, la labor pública no es algo que se le pueda ceder a un familiar”. 

Trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) iniciaron este miércoles un “apagón informático” tras el anuncio de la disolución del ente por parte del Gobierno nacional.

La modalidad de paro consiste en el abandono de las tareas por parte de los empleados en todas las oficinas a nivel nacional durante dos horas. La medida de fuerza se llevará adelante de 10:00 a 12:00, tanto esta mañana como este jueves 24 y viernes 25 de octubre en la misma franja horaria.

La medida fue impulsada por la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos (AEFIP) tras una asamblea realizada a raíz de la confirmación del vocero presidencial, Manuel Adorni, de que AFIP será sustituida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Por su parte, el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) también forma parte del “apagón informático” desde este miércoles.

Militantes libertarios simularon un “velorio” ante la sede de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el microcentro de Rosario.

La iniciativa tuvo lugar a instancias del mediodía, frente al edificio ubicado en la esquina de San Martín y Santa Fe. La iniciativa consistió en el traslado de una corona de flores por parte de ciudadanos autoconvocados hasta el establecimiento, tras el anuncio del Gobierno nacional de este lunes referido al cierre del ente.

Leonor, una de las militantes encargadas del gesto, dialogó con el periodista Mauro Yasprizza, de Radio Mitre Rosario, y explicó: “Es una bomba de alegría, no puede ser que un interventor de AFIP gane lo mismo que el presidente de Estados Unidos, esto no queremos”.

Sobre el significado de llevarle flores a la sede de AFIP, la mujer detalló: “Trajimos la corona para darle su último adiós, despedirlo y asegurarnos de que esto está pasando”.

La movilización generó repudio y discusiones por parte de transeúntes afines a la oposición del gobierno de Javier Milei. Al ser consultada por las reacciones que generó el “velorio”, Leonor argumentó: “Esto no es provocación, es simplemente venir y mostrar que estamos contentos con lo que está pasando, es simbólico, con respeto y no le hacemos mal a nadie”.

El Gobierno anunció que disolverá la AFIP (Administración General de Ingresos Brutos), y que creará un nuevo organismo con sus funciones, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). 

La medida apunta a que la ex Afip tenga una estructura mucho más simplificada, lo que implica una reducción en un 45% de autoridades superiores y en un 31% de personal no jerárquico. 

En ese sentido, se reubicarán o pasarán a disponibilidad a 3100 empleados, que según Nación, ingresaron de manera irregular durante la gestión de Alberto Fernández, lo que le ahorraría al Estado hasta $6.400.000.000. 

Asimismo, los titulares y directores tanto de la AFIP, como de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA), cobrarán sueldos equiparables a los de un ministro o secretario. La titular de AFIP percibe actualmente 30 millones de pesos, mientras que los directores hasta más de 17 millones. 

Por otro lado, la DGI y la DGA estarán bajo la órbita del Ministerio de Economía comandado por Luis Caputo, y tendrán nuevos titulares. 

De esa manera, la aduana quedará a cargo de José Andrés Velis, con más de 30 años de experiencia en control aduanero; mientras que la DGI estará bajo la dirección del licenciado en administración y contador público, Andrés Edgardo Vázquez. 

En sus habituales conferencias de prensa, el vocero Manuel Adorni, argumentó que esta serie de medidas se fundamentan en el sobredimensionamiento de los tres organismos, que han mostrado “limitaciones en la capacidad para responder de manera ágil y eficaz a las demandas dem sistema tributario, aduanero y de seguridad social, lo que afectó al control de recursos públicos y de actividades aduaneras”. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) organiza, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), una subasta online donde se podrá acceder a productos electrónicos con un precio base de $20.000. La oferta incluye notebooks, celulares, consolas de videojuegos y equipos de computación.

La subasta, que fue programada para este jueves 26 de septiembre, está dirigida a personas de todo el país y se realizará de manera online desde la página web del Banco Ciudad. El evento comenzará a las 10 de la mañana y durará aproximadamente hasta las 12:25 del mediodía. 

Vale destacar que se rematan productos que fueron incautados o declarados en desuso, tras estar almacenados durante mucho tiempo en las aduanas. 

En este sentido, es importante aclarar que los precios pueden ir en aumento a medida que los participantes presenten sus ofertas. Asimismo, desde la AFIP remarcaron que los lotes subastados están sujetos al IVA del 21%, impuesto que se sumará al valor final del precio ofertado. 

También, en productos como celulares y videojuegos se aplica un impuesto interno del 23,46%.

En primer lugar, los interesados deberán ingresar a la página web del Banco Ciudad y crear un usuario con contraseña. Este registro es de carácter obligatorio si se quiere acceder a la subasta. 

En segunda instancia, una vez inscriptos, deberán abonar una garantía del 20% del valor base del lote o lotes por los que se quiera ofertar. El monto se transfiere a una cuenta bancaria del Banco Ciudad y el comprobante de pago debe adjuntarse al momento de la inscripción.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales en Argentina. La medida entró en vigencia este lunes a partir de la publicación de la Resolución General 5545/2024.

De esta manera, los propietarios ya no tendrán que inscribir los contratos en el  “Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles (RELI)” para su validez. No obstante, sí deberán hacerlo aquellos contribuyentes que deseen obtener los beneficios fiscales en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y en los impuestos sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, sobre los Bienes Personales y a las Ganancias. Los interesados deberán hacerlo antes el 30 de septiembre de 2024 o 15 días corridos posteriores a su celebración.

A su vez, en relación al Impuesto a las Ganancias, se dispuso la eliminación de la obligación por parte del empleado en relación de dependencia de adjuntar una copia del contrato de alquiler del inmueble con destino a casa habitación. Se trata del requisito solicitado para acceder a las deducciones del 40 por ciento y del 10 por ciento, respectivamente, de las sumas pagadas por este alquiler.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó este miércoles la reglamentación para adherir al Régimen de Regularización de Activos (o blanqueo) que contempla la Ley 27.743 de "Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes". El proceso incluye a personas que residen en Argentina y también a quienes mudaron su residencia fiscal a otro país. 

Esta medida permite regularizar cualquier monto, sin costo, siempre y cuando se mantenga el dinero dentro del sistema financiero hasta el 31 de diciembre de 2025, o si se lo invierte en algunas de las colocaciones autorizadas por el Ministerio de Economía. Asimismo, las personas que regularicen bienes o tenencias por un monto de hasta 100 mil dólares, tampoco estarán sujetas al pago de impuestos. 

Desde la AFIP indicaron que cuanto antes se ingrese al régimen, menor será la alícuota a abonar. En este sentido, señalaron tres etapas en las que se dividen las alícuotas:

También, comunicaron que podrán adherirse aquellas personas que perdieron residencia fiscal antes del 31 de diciembre de 2023, al hacerlo adquirirán residencia desde el 1° de enero de 2024.

Además, informaron que se reglamenta la posibilidad de adelantar el pago de Bienes Personales de 2023 a 2027 con una alícuota de 0,45% por año, de manera que el contribuyente queda exento de presentar la declaración jurada hasta 2028.

La AFIP también informó en el caso de la exteriorización, la adhesión al régimen implica abonar el 75% del impuesto que corresponde según los bienes a incluir, y luego el contribuyente presentará la declaración jurada con el detalle de dichos bienes y abonará el 25% restante.

En este sentido, aclararon que los bienes que pueden exteriorizarse son aquellos en poder del contribuyente (titularidad, posesión, tenencia o guarda) al 31/12/2023, que deberá ser acreditado en la declaración jurada y acompañado de las constancias de la tenencia y valuación de los mismos a dicha fecha.

Por último, comunicaron otros beneficios de la adhesión al régimen:

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializó este domingo los nuevos valores para las categorías de monotributo. Los cambios se producirán tras la ampliación de los montos máximos de facturación dispuestos por la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

De esta manera, las categorías actualizarán los topes a partir del próximo 1 de agosto en todo el país. La extensión del plazo para la recategorización por parte del ente continuará hasta el 2 de agosto, como estaba previsto.

Cabe destacar que no ingresarán al monotributo los trabajadores independientes que hayan sido promovidos o aquellos asociados a cooperativas inscriptos en el Registro Nacional de Efectores. De igual manera, no lo harán los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.

Categoría A:

Valor anterior: $2.108.288,01Valor nuevo: $6.450.000Porcentaje de aumento: 206%Categoría B:

Valor anterior: $3.133.941,63Valor nuevo: $9.450.000Porcentaje de aumento: 202%Categoría C:

Valor anterior: $4.387.518,23Valor nuevo: $13.250.000Porcentaje de aumento: 202%Categoría D:

Valor anterior: $5.449.094,55Valor nuevo: $16.450.000Porcentaje de aumento: 202%Categoría E:

Valor anterior: $6.416.528,72Valor nuevo: $19.350.000Porcentaje de aumento: 202%Categoría F:

Valor anterior: $8.020.660,90Valor nuevo: $24.250.000Porcentaje de aumento: 202%Categoría G:

Valor anterior: $9.624.793,05Valor nuevo: $29.000.000Porcentaje de aumento: 201%Categoría H:

Valor anterior: $11.916.410,45Valor nuevo: $44.000.000Porcentaje de aumento: 269%Categoría I:

Valor anterior: $13.337.213,22Valor nuevo: $49.250.000Porcentaje de aumento: 269%Categoría J:

Valor anterior: $15.285.088,04Valor nuevo: $56.400.000Porcentaje de aumento: 269%Categoría K:

Valor anterior: $16.957.968,71Valor nuevo: $68.000.000Porcentaje de aumento: 301%

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó la actualización de los montos a partir de lo cuales los bancos y plataformas electrónicas o digitales deberá informar todas las transacciones, saldos y consumos de las cuentas administradas. 

Según informó la entidad, esta medida apunto a “la simplificación de procesos en beneficio de los contribuyentes, a través de la instrumentación de mecanismos tendientes a mejorar sus regímenes de información”. 

En ese sentido, se dispuso: “En caso de las acreditaciones, extracciones en efectivo y saldos mensuales de todas las cuentas, el monto mínimo se eleva de $200.000 a $700.000. En el supuesto de consumos con tarjetas de débito del titular y adicionales, se eleva de $120.000 a $400.000”. 

Además, se elevaron los montos previstos en la Resolución General N°4614, que establece el régimen de información para los sujetos que administran o gestionan movimientos de activos a través de plataformas de gestión electrónica o digitales, en los que se incluyen los Proveedores de Servicios de Pagos (PSP) que ofrecen cuentas de pago. 

En ese marco se constató que “en el supuesto de ingresos o egresos totales, el monto se eleva de $120.000 a $400.000 y los saldos mensuales de $200.000 a $700.000” 

La AFIP anunció que controlará transferencias de sumas bajas de dinero con el objetivo de evitar que los contribuyentes diversifiquen las sumas entre distintas cuentas. A partir de esta nueva medida, las entidades financieras deberán cruzar la información de manera automática con la AFIP y realizar el seguimiento de los montos transferidos.

De esta manera, el organismo podrá tomar consciencia de los montos bajos de transferencias bancarias entre usuarios, lo que en caso de no contar con la documentación respaldatoria podría llevar a varios tipos de sanciones.

Al respecto, el monto límite del cual la AFIP tendrá control sobre las transferencias es de 200 mil pesos, según detalló Ámbito Financiero. Todas las transacciones que superen ese monto deberán ser informadas por las entidades financieras al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La AFIP podría elevar sanciones en caso de que no se entreguen o se emitan las facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios que se realicen en las formas, requisitos y condiciones establecidas.

Por el lado de las transferencias, el banco puede retener o rechazar la operación y solicitar la justificación de los fondos. De no justificarse el movimiento, podrían cerrar la cuenta y elaborar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Este jueves se llevó a cabo un operativo en conjunto entre la Afip y el ministerio de Trabajo en un bazar chino de Pellegrini al 1400. Se registraron en total 24 personas que trabajaban 10 horas diarias por $5 mil al mes y ninguna estaba registrada. Empleados de Comercio detectó otro caso de explotación laboral similar al detectado la semana pasada en plena peatonal Córdoba. En este caso se trató del comercio «Mini Shopping».

Mientras esto ocurría, el resto de las dependencias de órbita nacional realizaban un inventario de la mercadería para corroborar su debido origen y registración correspondientes. En ese sentido, la Afip se llevó casi una veintena de bolsas de consorcio con peluches porque no tenían las estampillas que certifican que la importación haya sido legal.

Se mantienen cerrado al público, mientras dure la investigación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimó a 1.800 contribuyentes que no declararon sus activos en el exterior en el Impuesto a los Bienes Personales y el Impuesto a las Ganancias, correspondientes a los períodos fiscales de 2019 y 2020.

«Las notificaciones enviadas son el resultado del Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras (CRS) acordado entre la Argentina y terceros países» consignó este miércoles en un comunicado el organismo recaudador.

El intercambio automático, establecido recientemente, permite acceder a reportes de administraciones tributarias internacionales respecto de cuentas financieras en el exterior de sujetos residentes en el país.

Los impuestos omitidos alcanzan aproximadamente los $ 4.919.001.432, lo que equivale a U$S 82.409.137 para el período fiscal 2019 y a U$S 26.481.044 para el período fiscal 2020, con el tipo de cambio oficial de cada fecha.

En total, detectaron 1.800 personas físicas que tenían diferencias por más de $100 millones entre el saldo de cuenta informado por el exterior y lo declarado, o saldos de cuenta inferiores a $100 millones y diferencias entre los pagos recibidos en el exterior y lo informado ante la AFIP también por más de $100 millones.

Indicaron, además, que «las herramientas de la AFIP permitieron identificar inconsistencias entre los saldos de cuentas o tenencias financieras y los correspondientes intereses, dividendos y reembolsos recibidos en el exterior, respecto a las declaraciones juradas presentadas”.

«Estas tareas de fiscalización y control responden a decisiones del organismo conducido por Carlos Castagneto para reforzar los ingresos fiscales provenientes del sector de la población con mayor poder adquisitivo”, finalizó el comunicado de la AFIP. (Con información de Télam)

La Administración Federal de Ingresos Públicos publicó las tablas con los parámetros actualizados de las categorías de monotributo vigentes desde 01/01/2023.

Se actualizaron tanto los parámetros de encuadre para la categorización como los valores a abonar mensualmente para cada categoría.

Esta tabla es la que se deberá tener en cuenta para la próxima recategorización con vencimiento en el mes de enero 2023, donde habrá que comparar las ventas del año calendario 2022 contra estos valores y encuadrarlo en la categoría que corresponda de acuerdo con los parámetros a evaluar.

Con estos cálculos los límites de facturación para locación y prestaciones de servicios quedan establecidos en $5.650.236,51 (categoría H) luego teniendo que pasar al Régimen General y para venta de cosas muebles es de $8.040.721,19 (categoría K).

Por su parte, el precio unitario máximo para venta de cosas muebles a partir de enero será de $ 85.627,66.- lo que equivale a un aumento del 72%.

Es necesario observar que la suba anual del límite de facturación fue más alta que la inflación solo en las categorías más bajas (A, B y C), las que habrán mantenido los limites en términos reales, o habrían tenido alguna mejora, al comparara esas variaciones de 114,39% contra la inflación con que cerrará el 2022.

Para el resto de las categorías, es marcada la inequidad en el sentido que tienen un ajuste de la facturación de 72,44% o 93,42% anual (solo en el caso de la D) contra una inflación que finalizará en el mejor de los casos en torno al 95%. Esto se traduce en más de 25 puntos porcentuales de diferencia que hará que contribuyentes suban de categoría por el mero efecto inflacionario, cuando en términos reales no tuvieron una mejora. Una mayor presión fiscal por efectos de la inflación y no actualizar al mismo ritmo los límites. Mayor recaudación para la AFIP.

En cuanto a los montos a pagar por los contribuyentes, la categoría A comenzará a abonar $ 5.750,75.- por mes lo que significa un incremento del 72,48% anual.

En el otro extremo, la categoría H (máxima para servicios) abonarán $ 31.347,16.- mensualmente (resultando un aumento del 94,53%) y para la categoría K (la más alta de venta de bienes) se estipuló un monto de $ 50.717,92.- por mes (equivalente a un 102,14%).

Estos aumentos también son producto del cambio que incluyó el Presupuesto 2023 con la progresividad de los aportes de la Obra Social. Dado que se cambió lo que era un aporte de una suma fija igual para todas las categorías por un pago progresivo acorde a cada nivel de facturación.

Este incremento vino a saldar un reclamo histórico de las prestadoras dado lo poco que aportaban los monotributistas y que las obras sociales atendían a perdida, desfinanciando el sistema. De esta forma se busca evitar que se dé la situación que muchos monotributistas han denunciado: las obras sociales del listado del Programa Medico Obligatorio (PMO), rechazan o dificultan la inscripción a los monotributistas que quieran atenderse en sus dependencias, por más que esté prohibido.