La Secretaria de Trabajo nacional dictó la conciliación obligatoria por lo que no habrá paro de aceitero en todo el país este miércoles. 

Los trabajadores habían lanzado una medida de fuerza para este miércoles 8 de octubre debido a que no hay acuerdos en las negociaciones paritarias e iba a comenzar a las 6 o al primer turno. 

No obstante, las cámaras empresariales pidieron la intervención en el conflicto, por lo que la medida dictada por Nación durara 15 días hábiles y se deberá convocar a una audiencia el martes 14 de octubre. 

El cese de actividades había sido impulsado por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina y el Sindicato de Obreros (Ftciodyara ) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (Soea).

En ese marco, reclamaron en un comunicado "el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo”.

"Según los estudios basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares del Indec, el valor del salario mínimo según su definición constitucional y legal es de $ 2.344.728 para el mes de septiembre de 2025, que es cuando se abrió la revisión del acuerdo firmado el pasado 9 de abril de 2025”, argumentaron acerca de su pedido. 

En ese sentido, sostuvieron que la "pretensión expresada hoy en la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo de la Nación por las cámaras patronales es insuficiente y provocadora, más cuando se trata del mismo sector que acaba de recibir un beneficio extraordinario de 1.540 millones de dólares tras la medida dispuesta por el Gobierno Nacional sobre las retenciones a las exportaciones”.

“Los trabajadores aceiteros no estamos dispuestos a acompañar la política salarial que pretende condenarnos a la pobreza, favoreciendo sólo a los grandes grupos económicos”, concluyeron.

Trabajadores aceiteros iniciaron desde este jueves al mediodía un paro nacional y total “hasta nuevo aviso” por el tratamiento del proyecto de Ley Bases en la Cámara de Diputados. 

La medida de fuerza fue dispuesta por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y busca que no se apruebe el proyecto oficialista en el Congreso. 

En ese marco, la Federación argumenta que la norma oficialista pretende poner en práctica una “reforma laboral regresiva y el remate de patrimonio público con privatizaciones y entrega de recursos comunes del pueblo argentino”. 

Luego, desde la entidad indicaron que por otro lado, “el paquete fiscal incluye enormes beneficios para los más ricos y la reinstalación del impuesto al salario, mal llamado ganancias, para los trabajadores, que alcanzará a la totalidad de aceiteros y desmontadores de algodón”. 

En ese sentido, resaltaron que el proyecto que fue modificado en el Senado, tiene un carácter mucho más agresivo “contra la clase trabajadora” dado que “busca limitar el derecho Constitucional de Huelga y habilita despidos y persecución contra quienes lo ejerzan”. 

Por último, afirmaron: “Nuestra lucha es por la defensa de los derechos laborales, sindicales y democráticos de toda la clase trabajadora argentina, y por el Salario Mínimo Vital y Móvil, según su definición constitucional y legal que garantiza la vida digna para nuestras familias”. 

Los trabajadores de la industria aceitera lograron un aumento salarial del 98% y el básicos inicial a partir de este mes será de $221.760.

El acuerdo contempla una revisión adicional para diciembre próximo y fue firmado por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, con los representantes de las cámaras CIARA-CEC, CIAVEC y CARBIO.

LA Federación del Complejo Industrial Oleaginoso destacó este viernes que el planteo de las organizaciones gremiales «se basó en el derecho a un salario que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de nueve necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión».

Hasta el momento, la paritaria de los aceiteros logró el segundo aumento más alto en las negociaciones salariales de este año, tras el 107% de incremento que logró el Sindicato del Seguro.

El gremio destacó, en un comunicado, que «obtuvimos un logro colectivo de la mayor importancia y es gracias a la fuerza y convicción de las compañeras y compañeros trabajadores aceiteros, que se ha expresado contundentemente en cada ocasión en que fueron convocados».

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera, del CIARA y del CEC, habló con CNN Radio sobre los mecanismos de comercialización y cómo impactó el fideicomiso del trigo.

«Los fideicomisos no son un instrumento útil claramente. Me parece que tampoco los precios cuidados lo son. Te pongo un ejemplo concreto: en el fideicomiso aceitero, el precio de salida de fábrica de un litro y medio de una marca conocida y embotellada es $245, que al llegar al supermercado debería estar $290. Sin embargo, en el autoservicio encontramos esa misma marca a $800. Eso es porque la economía está indexada», expresó en diálogo con CNN Campo, de Martín Melo.

«Se está asfixiando a las empresas alimenticias, pero el Estado no puede controlar 100 mil puntos de ventas después, porque además son cadenas de distribución muy largas», agregó.

«Hemos tenido muchos funcionarios con una visión ideológica más que pragmática, que nos han llevado a establecer este tipo de mecanismos. Pensemos que han tomado decisiones pensando que el agro es una caja de recaudación, no un lugar donde se puedan producir bienes para exportar», analizó.

Además, Idígoras agregó que «es verdad que la pandemia congeló y estancó la economía, generando enormes inconvenientes. Argentina venía con un ritmo inflacionario que se desbocó, pero no fue solo por los alimentos».

Según el dirigente, «hoy por hoy, el ritmo de venta de granos por parte del productor ha disminuido muy sensiblemente. Vamos a tener el peor agosto de los últimos años. Pero ese ritmo está afectado por muchas razones. La fuerte sequía, la crisis de gasoil, la brecha cambiaria, la falta de insumos… Todo eso lleva a que más de 21 millones de toneladas (sobre una cosecha de 44) aún no haya ingresado a ningún puerto en Argentina».

«Lo más razonable es que el productor vea el valor de la soja que vende a un mejor precio. Si eso es así, van a tener que tomar medidas que le den beneficios directos al productor», comentó.

Para el cierre, señaló que «el gobierno insiste con que no va a haber devaluación. Es su posición y están convencidos. Lo que sí ponen sobre la mesa, y se habló con la Mesa de Enlace, es buscar un mecanismo exclusivo para el productor de soja que tenga soja sin vender, sería un beneficio por un tiempo determinado».

Ante la derogación del DNU 522/2020 de intervención y expropiación de la empresa Vicentin, desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, realizaron un comunicado oficial en el cual exigen que el Estado nacional garantice las fuentes laborales de los trabajadores.

«Reafirmamos que ninguna solución es admisible si no se garantizan los puestos de trabajo y las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores», expresaron desde el sector aceitero y continuaron: «En el mismo sentido nos pronunciamos en el momento en que se anunció la intervención de la empresa mediante el citado DNU, de igual manera que ya lo habíamos afirmado meses antes, cuando se conoció el aún inexplicado “estrés financiero” de la empresa Vicentin, cuyo directorio continúa negándose a entregar el Balance 2019». 

A su vez, aseguran que «no es cierto que que la intervención estatal fuera recibida con desconfianza por los trabajadores», y lo aclaran: «Muy por el contrario, el anuncio del 8 de junio fue profundamente celebrado por un amplio conjunto de organizaciones sindicales, sociales, populares, políticas, entre otras, valorando la participación pública en un sector estratégico de la economía nacional que representa el 30 por ciento de las exportaciones totales del país, generando el mayor ingreso de divisas. Directos ejemplos de este apoyo fueron, entre otros, el pronunciamiento del movimiento obrero, excepcional por su alcance entre la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales argentinas, así como la movilización del pasado 9 de Julio, día de la Independencia argentina, impulsada por las trabajadoras y trabajadores aceiteros y desmotadores de los sindicatos de Reconquista y Rosario, Santa Fe, y Tancacha, Córdoba, junto a multisectoriales regionales reclamando que avance la intervención estatal en Vicentin en defensa de los puestos de trabajo».

«Donde la medida sí encontró rechazo fue en sectores del poder económico concentrado, en los partidos políticos que les responden y en los medios hegemónicos que amplifican su discurso, quienes rechazan cualquier límite a la arbitrariedad de las maniobras patronales, tras décadas de desregulación neoliberal en el sector.El nuevo anuncio presidencial de derogación del DNU 522/2020 se fundamentó con énfasis en el rechazo a la impunidad del actual directorio de la empresa, investigados penal y legislativamente, y posterior vaciamiento de la empresa, y apuntó al juez civil y comercial Fabián Lorenzini por su accionar al frente del concurso, incluyendo el haberlo iniciado sin contar siquiera con el Balance 2019, aún ausente», continúa el texto.

«Desde nuestra organización gremial reclamamos una profunda y exhaustiva investigación ante lo que se verifica cada día más como una monumental estafa y defraudación a la banca pública y por ende, al conjunto del pueblo argentino, y compartimos los cuestionamientos al accionar de un juez que sólo demostró celeridad para desplazar una intervención que empezaba a investigar los papeles que aún se encontraban en la sede empresaria y devolverle el control al directorio», señalaron y añadieron: «Sin embargo, este nuevo anuncio no brinda claridad sobre cuál será a partir de ahora el accionar gubernamental, ni brinda garantías sobre la continuidad de los puestos de trabajo y las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del grupo Vicentin, entre los que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la Algodonera Avellaneda actualmente en conflicto con el grupo económico, que sí habían sido planteadas de forma explícita el pasado 8 de junio». 

Por último, le realizaron un pedido directo al gobierno nacional: «Debe honrar las palabras del actual titular del Poder Ejecutivo, tal como debe hacer cumplir la normativa laboral y el mandato constitucional en la protección del trabajo. Si así no ocurriera, desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina afirmamos que con la fuerza colectiva de la organización gremial, la asamblea y la huelga actuaremos para que se garantice la plena vigencia de todos los derechos de los trabajadores».