La cantante colombiana Shakira fue absuelta por la Justicia española en una causa por presunto fraude fiscal del año 2011. El Tribunal Superior de Madrid consideró que la Agencia Tributaria no logró demostrar que la artista residiera en España el tiempo suficiente para tributar en ese país.

Según la resolución judicial, las autoridades fiscales solo pudieron acreditar que la artista permaneció 163 días en territorio español durante ese año, por debajo del mínimo de 183 días exigidos por la legislación para establecer residencia fiscal. A raíz de ese dato, el tribunal ordenó que el Estado español le reintegre el dinero abonado en concepto de multas, impuestos e intereses.

La investigación sostenía que la cantante mantenía en ese período vínculos económicos y personales con España debido a su relación con el exfutbolista Gerard Piqué. Sin embargo, los jueces sostuvieron que esa relación no podía equipararse legalmente a un matrimonio ni alcanzaba para probar que el centro principal de sus actividades estuviera radicado en el país europeo.

Tras conocerse el fallo, Shakira difundió un comunicado a través de sus abogados en el que afirmó: “Nunca hubo fraude y la propia Agencia Tributaria nunca pudo demostrar lo contrario, simplemente porque no era cierto”. Su abogado, José Luís Prada, señaló además que Hacienda deberá devolverle alrededor de 60 millones de euros y calificó el proceso como “un calvario de ocho años”.

Pablo Barra, uno de los padres juzgados por el presunto abuso de su hija dentro de la serie de casos que destapó una presunta red de informes psicológicos falsos, recibió la absolución por parte de la Cámara de Apelaciones de Rosario este miércoles.

El acusado de 51 años, quien no ve a su hija desde hace 8 años a partir de una denuncia realizada por su expareja por presunto abuso sexual simple, ya había sido desvinculado previamente, aunque luego la Justicia volvió a intervenir. El fallo fue dictado esta mañana por el juez Javier Beltramone.

El magistrado le cargó las costas del proceso al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a partir de las irregularidades presentadas en la causa, la cual había sido archivada en 2020 por falta de pruebas y la determinación fue revocada meses después por la Fiscalía.

El caso está englobado en una denuncia conjunta de un grupo de abogados que detectaron pericias adulteradas por parte de profesionales pertenecientes a una organización no gubernamental de La Plata, las cuales formulaban informes que exponían supuestas situaciones de abuso sexual. Los estudios presentaban compatibilidades exactas a pesar de tratarse de contextos diferentes.