A horas de una nueva visita del presidente Javier Milei a Rosario por el 20 de junio, el Gobierno nacional celebró la baja sostenida de la violencia en la ciudad a partir del Plan Bandera. En este sentido, destacaron la caída de la tasa de homicidios en todo el país durante el último año.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, habló sobre la medida conjunta que fue llevada adelante por Nación, Gobierno de Santa Fe y Municipalidad de Rosario desde diciembre de 2023, con un refuerzo de fuerzas federales en zonas específicas, trabajos coordinados con la Policía de Santa Fe y el rol de la Justicia para avanzar con los casos. En este sentido, subrayó: “El Plan Bandera funciona y los resultados se reflejan en la vida cotidiana de los rosarinos. Hay menos violencia, más control y más presencia de nuestras fuerzas”.

En comparativa, la cartera recordó las cifras de años anteriores, cuando Rosario alcanzó los 20 homicidios cada 100.000 habitantes, un número que quintuplicaba los niveles de violencia del resto del territorio nacional. “Si hay algo que hizo funcionar al Plan Bandera fue la gobernanza del plan y la articulación entre la Nación, la Provincia y la Ciudad”, afirmó la ministra.

Por otro lado, en términos de estadísticas nacionales, desde Seguridad puntualizaron que la tasa de homicidios en Argentina durante 2025 fue de 3,6 cada 100.000 habitantes. De esta manera, el número se metió entre los más bajos la más baja desde que existen registros oficiales y se posicionó como uno de los menores de América Latina.

A su vez, afirmaron que los homicidios se redujeron un 7,3 por ciento durante 2025 y acumularon una caída del 18,4 por ciento en los últimos dos años. También, la tendencia descendente se sostuvo este año, con una baja interanual del 15,6 por ciento durante el primer trimestre.

En materia de femicidios, se detectó una baja del 10,8 por ciento en 2025 y del 23,5 por ciento en los últimos dos años.

Autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) encabezaron este viernes por la mañana un operativo de derrumbe de tres nuevos búnkeres de drogas en Villa Banana, en el marco de la Ley de Microtráfico. Los inmuebles están ubicados en Gutenberg y 27 de Febrero, donde fue asesinado el policía federal Rodolfo Manfredi. 

El fiscal Franco Carbone supervisó el procedimiento y brindó detalles sobre las estructuras que serán tiradas abajo. El funcionario confirmó que uno de los lugares fue identificado como un aguantadero y foco de violencia. A su vez, derribarán otras dos edificaciones en la vereda de enfrente.

En este sentido, aclaró que los puntos de venta de estupefacientes se detectaron durante la serie de más de 35 allanamientos por el crimen del agente de la fuerza federal, en la que secuestraron estupefacientes y armas de fuego. “Son lugares inhabitables, tienen riesgo de electrocución e incendio. La medida más oportuna es el derribo”, mencionó Carbone.

El agente Rodolfo Manfredi fue asesinado a balazos el jueves 11 de junio durante un procedimiento en Villa Banana cuando un grupo de al menos diez personas involucradas en la comercialización de drogas respondió a los tiros al reparar en la presencia policial.

En el ataque, resultó herido uno de sus compañeros, quien se encuentra internado en una dependencia de salud y otro civil, que está detenido.  Tres hombres fueron imputados y aprehendidos por el hecho. 

El Gobierno nacional estableció una recompensa de 20 millones de pesos por información sobre el paradero de Eduardo Rodolfo Muñoz, acusado por el crimen del policía federal Rodolfo Manfredi en la zona oeste de Rosario el 11 de junio pasado.

Así lo confirmó el Ministerio de Seguridad Nacional, a partir de la Resolución 543/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, con la firma de la ministra Alejandra Monteoliva. La medida fue llevada adelante tras un pedido de la Oficina de Narcocriminalidad, en colaboración con la Sede Regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

En este contexto, el Ejecutivo nacional busca a personas “que, sin haber intervenido en los hechos delictivos, brinden datos útiles que permitan la captura” del sospechoso de 37 años, señalado como el presunto tirador que asesinó al uniformado en Gutenberg y Gálvez.

De acuerdo a los datos difundidos en el Boletín Oficial, el hombre solía vivir en Virasoro al 5.000, barrio Triángulo, y tiene orden de captura desde el 12 de junio. Además, Muñoz ya contaba con una condena de cuatro años de prisión por tenencia y venta de drogas, agravada por la participación de más personas en forma organizada, la cual data del 28 de diciembre de 2023.

Los testigos que estén interesados en brindar información sobre el caso podrán hacerlo de forma anónima a través de un llamado telefónico al Programa Nacional de Recompensas mediante la línea 134 o, vía mail, a través de la dirección de correo electrónico denuncias@minseg.gob.ar.

El día después de los incidentes en el jardín de infantes N° 261 “Paulo Freire” de Empalme Graneros comenzó con un despliegue de custodia policial y la suspensión preventiva de clases. Ocurrió luego del intento de la manifestación con intento de linchamiento a un portero acusado de abuso de menores.

Tras la detención de Rubén L., el hombre denunciado por una presunta situación de abuso contra un alumno de 4 años en el establecimiento educativo de Cabal y La República, el Ministerio de Educación provincial lo apartó del cargo e inició un sumario para indagar en el caso.

En este contexto, no habrá actividades en la institución durante esta jornada y efectivos llegaron al lugar esta mañana para custodiar el ingreso. A su vez, se le brindó protección policial a directivos en sus respectivos domicilios particulares, a partir de un intento de ataque incendiario contra la vivienda de uno de ellos, según confirmó el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira.

Las circunstancias detrás del hecho permanecen bajo investigación, con intervención de la fiscal Antonela Valente, y se busca determinar si hubo antecedentes relacionados con el presunto abuso.

Tras la multitudinaria despedida de Carlos "Indio" Solari en Villa Domínico, la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, respaldó la decisión de descartar el Congreso de la Nación como sede del velatorio y destacó el operativo desplegado en Avellaneda para acompañar el último adiós al músico.

La funcionaria afirmó que el microestadio Gatica y sus alrededores fueron el lugar adecuado para una convocatoria de tal magnitud. Además, señaló que desde el viernes, cuando se conoció la muerte del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, su equipo mantuvo contacto permanente con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Monteoliva explicó que el Gobierno nacional recibió pedidos para organizar la despedida y concluyó que ni el Congreso ni la Casa Rosada contaban con la infraestructura necesaria para albergar una convocatoria masiva. Según indicó, los accesos, la ubicación urbana y las características edilicias hacían inviable un evento de esas dimensiones.

En ese contexto, reveló que el Ejecutivo propuso como alternativa el predio de Tecnópolis, por considerar que ofrecía mejores condiciones logísticas y de seguridad. También contó que mantuvo conversaciones con representantes de la familia del artista y que recibió una respuesta durante la madrugada del sábado, mientras continuaban las gestiones para definir el lugar del velatorio.

Por su parte, Alonso valoró el comportamiento de los asistentes y el trabajo realizado por los equipos de seguridad y asistencia. Tras la finalización del funeral, destacó que el operativo permitió que cientos de miles de personas pudieran despedir al artista en un clima de tranquilidad y respeto, durante una de las convocatorias populares más importantes de los últimos años.

El Gobierno de Santa Fe se hizo eco de la captura de Andrés Raúl “Plin” Acosta, delincuente vinculado a Los Menores y barrabrava de Central que pertenecía a la lista de los más buscados de la provincia.  Avanza la búsqueda de los prófugos de alto perfil restantes.

La vocera del Ejecutivo provincial, Virginia Coudannes, habló este martes por la mañana en una conferencia de prensa en Rafaela, donde se refirió al sospechoso de 27 años, sobre el que pesaba una recompensa de 25 millones de pesos y fue detenido este lunes a la salida de un boliche en San Telmo, Buenos Aires.

"En 23 meses capturamos a 17 prófugos de estas características. No podemos permitir que la violencia siga derramando sangre en la provincia”, señaló la funcionaria ante la prensa y destacó la política de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. 

A su vez, subrayó que las acciones permitieron reducir significativamente los índices de homicidios. En este sentido, comparó los más de 200 homicidios registrados en 2023 de enero a mayo con los 61 casos detectados en el mismo período de este 2026.  “No vamos a dar ni un paso atrás porque este es el camino”, agregó.

Matías Ignacio Gazzani - Investigado como líder de la banda de Los Menores.

Recompensa: 60 millones de pesos

Vicente Matías Pignata - Involucrado en causas federales por narcotráfico y lavado de dinero.

Recompensa: 35 millones de pesos

Jesús Maximiliano Eusebio - Acusado como integrante de la banda criminal La Mafilia, ligada al recluso Leandro “Gordo” Vilches.

Recompensa: 30 millones de pesos

Facundo Nicolás Aguirre - Homicidios y narcomenudeo en Rosario.

Recompensa: 30 millones de pesos

Fernándo Sebastián Vázquez - Acusado por el crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo en Rosario.

Recompensa: 25 millones de pesos

Ramiro Gastón Escalante - Integrante de la banda de Lisandro “Limón” Contreras. Apuestas clandestinas, operaciones en criptomonedas, maniobras financieras.

Recompensa: 20 millones de pesos

Samuel Elías Reyes - Presunto autor del crimen de Zamir Torres (9 años) en Frontera.

Recompensa: 20 millones de pesos

La Policía de Investigaciones (PDI) cerró mayo con casi 500 allanamientos en el territorio santafesino. Así lo confirmó este martes por la mañana el Ejecutivo provincial, a través del nuevo secretario de Gestión Institucional, Federico Angelini.

De acuerdo a los registros del último mes por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, se llevaron adelante 498 allanamientos y requisas de PDI, en coordinación con fiscales y personal especializado.

En este sentido, fueron secuestrados 312 celulares, 32 armas de fuego, 846 municiones de diferente calibre y 43 vehículos ligados a distintas investigaciones judiciales. A su vez, en materia de narcocriminalidad, se incautaron 5.409 gramos de cocaína y más de 120 kilos de marihuana, junto con plantas de cannabis. 

En cuanto a dinero, se secuestraron más de 34 millones de pesos y 285.751 dólares. Gran parte del monto total está relacionado con actividades ilícitas.

Por su parte, Angelini confirmó que en Rosario se llevaron adelante 46 procedimientos y destacó: “Son el resultado de mucho tiempo de trabajo en la calle, reuniendo pruebas para presentar ante la Justicia. Vamos a seguir por el camino de la profesionalización de la fuerza porque cada allanamiento, cada investigación y cada golpe a las organizaciones criminales contribuye a reducir su poder de fuego y a brindar más seguridad a los santafesinos".

En la misma línea, opinó que “cada golpe a una organización criminal significa quitarle capacidad operativa, recursos económicos y margen de acción". También, consideró que "ese es el camino para seguir recuperando la tranquilidad en nuestros barrios”.

Rosario alcanzó los 70 operativos de inactivación en búnkers y puntos de venta de droga este miércoles. Fue durante un nuevo derrumbe en la zona sudoeste de la ciudad.

Las tareas fueron realizadas esta mañana en Centeno al 2.400, con supervisión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni.

Según las primeras informaciones, el inmueble fue derribado a partir de un operativo integral en Villa Moreno y Villa Centeno, por reiteradas denuncias de venta de estupefacientes y el registro de hechos violentos. Además, allí secuestraron sustancias y hubo detenidos.

El fiscal César Cabrera brindó detalles al respecto y mencionó: “Se comprobó que la comercialización se desarrollaba antes de nuestra intervención e incluso continuó después. Por eso se solicitó el derribo del inmueble”.

Por su parte, Cococcioni respaldó la continuidad de las políticas de seguridad y recordó que se envió un nuevo paquete de medidas a la Legislatura para endurecer las acciones ya en marcha: “No es momento de flexibilizar la política de seguridad. Cuando un gobierno demuestra, junto con la Fiscalía y las instituciones del sistema penal, que las herramientas disponibles mejoran los indicadores, eso habilita a pedir nuevos instrumentos”, señaló.

Dos nuevos derrumbes de búnkeres se llevaron a cabo este jueves en la zona noroeste de Rosario. Fue en barrio Gráfico, donde operaba una familia que usurpaba inmuebles, los vendía y amenazaba a los inquilinos para recuperarlos.

Se trata de un nuevo operativo de la Ley de Microtráfico, realizado esta mañana en Benteveo al 700 y Jacobacci al 9000. Estuvo encabezado por el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). A su vez, una tercera propiedad fue restituida a sus moradores legítimos.

El fiscal Franco Carbone estuvo presente en las intervenciones y brindó detalles sobre el mecanismo que utilizaba la banda criminal ligada al narcomenudeo. En primer lugar, mencionó: "Hay una familia que tiene atemorizado a todo barrio Gráfico. Algunos de sus integrantes están detenidos y otros tienen pedido de captura. Se dedican a la venta de estupefacientes al menudeo y también a las extorsiones”.

En la misma línea, afirmó que “consumían y comercializaban drogas en estos lugares”, los cuales ocupaban ilegalmente y vendían a personas de buena fe. Finalmente, extorsionaban a los compradores para que se retiren y volvían a tomar posesión del inmueble. A su vez, se registró un homicidio a pocos metros de uno de los búnkers.

De esta manera, ya son 118 las inactivaciones de puntos de venta de droga en Santa Fe por la Ley de Microtráfico.

El Gobierno de Santa Fe avanzó con el decomiso de una propiedad de la zona oeste de Rosario ligada a Osvaldo Raúl Bejarán, excomisario condenado en 2021 por enriquecimiento ilícito. Tras la ratificación del fallo este año por parte de la Corte Suprema, se habilitó el operativo y las personas que vivían en la casa fueron desalojadas.

La posesión del inmueble de dos pisos fue efectuada en un sector de calle Lavalle al 900 por personal de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). Estuvo presente el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.

En este marco, se confeccionó un inventario de los bienes que se encontraban dentro del domicilio, entre los que figuraba una pistola con balas. En este caso, la situación legal del arma de fuego quedó sujeta a pericias, en las que se buscará determinar si el portador contaba con autorización legal para tenerla.

Durante el procedimiento, Figueroa Escauriza anticipó que “el destino más probable” para el inmueble será un remate, aunque evaluarán si puede ser reutilizada bajo las tareas de algún organismo estatal.

En cuanto a Bejarán, el ex integrante de la policía fue investigado durante más de una década luego de cumplir funciones como jefe de Leyes Especiales, área encargada de la persecución de delitos de juego clandestino en la ciudad. Lo condenaron tras comprobarse que había un desajuste entre sus bienes y sus ingresos, incluyendo la compra de seis vehículos, dos propiedades y una licencia de taxi.

El Ascenso se prepara para vivir un nuevo clásico entre Argentino de Rosario y Central Córdoba este domingo y este martes se ratificó que ambas parcialidades estarán presentes en las tribunas para el encuentro deportivo.

El partido por la fecha 12 de la Primera C se disputará a las 15:30 en el estadio José Martín Olaeta. En este marco, se desarrollará un operativo de seguridad con 80 policías de la Unidad Regional II abocados al evento. A su vez, habrá controles de Tribuna Segura y se garantizaron los cacheos en el ingreso.

A días del choque entre El Salaíto y El Charrúa, esta mañana se llevó a cabo una presentación con presencia de representantes de ambos clubes y del Ministerio de Justicia y Seguridad. El coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, brindó detalles sobre la jornada y consideró: “Tenemos una buena relación con los presidentes de los clubes. Todo está preparado para que el domingo sea una nueva fiesta de la ciudad de Rosario”.

Por otro lado, el funcionario anticipó que el operativo comenzará a las 13:30, media hora antes de la apertura de puertas. Previamente, desde las 12:00, habrá cortes de tránsito en la zona del Olaeta.

En materia de ingresos, Velázquez afirmó que el de Argentino “será por el acceso habitual”, mientras que Central Córdoba “entrará por calle Sorrento, en un lateral del estadio”. También, subrayó: "Se pidió a la parcialidad visitante que lleve banderas de menor tamaño para agilizar la desconcentración”. A su vez, explicó que los hinchas visitantes serán trasladados en micros custodiados hasta el estadio y abandonarán el lugar inmediatamente después del encuentro, independientemente del resultado.

El Gobierno de Santa Fe reveló este martes que se halló una excavación dentro del pabellón de alto perfil de la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero. Fue durante una requisa y se busca identificar a los responsables.

El episodio fue divulgado esta mañana por la portavoz provincial Virginia Coudannes, a través de una conferencia de prensa en Santa Fe, donde se mostró un video en el que se aprecian las dimensiones del boquete. Según relató, se trata de “un socavón de 70 centímetros que encontramos en los baños de uno de los patios externos del pabellón de alto perfil”.

En este sentido, la funcionaria aseguró que la Secretaría de Asuntos Penales “dispuso el cierre del lugar, las sanciones correspondientes y las investigaciones en consecuencia”, medidas que abarcarán a los reclusos que sean identificados como autores y al personal penitenciario que, de forma intencional o por una falla en los controles, permitieron el avance de la maniobra.

A su vez, en relación al procedimiento que derivó en el hallazgo del pozo dentro de la cárcel, anticipó que "todas estas requisas van a continuar”. Luego, agregó: “Este Gobierno hace que los delincuentes no puedan tener un home office dentro de las cárceles”.

Por otro lado, la vocera se refirió al avance de la obra del Infierno, la flamante cárcel de alto perfil que estará ubicada sobre las rutas nacionales AO12 y 14, mencionó: “Estimamos que en septiembre ya podemos tener ese nuevo espacio, sabemos que necesitamos un lugar con las condiciones adecuadas y el espacio suficiente porque cada vez son más los presos”.

El Gobierno de Santa Fe confirmó este jueves que el sistema Lince de videovigliancia derivó en 370 intervenciones exitosas en Rosario en menos de un semestre. Así lo informó esta mañana la vocera provincial, Virginia Coudannes.

Se trata de la tecnología que utiliza inteligencia artificial para localizar personas, vehículos con su patente, domicilios y secuencias puntuales que ocurren en la vía pública y quedan captadas por las cámaras de la ciudad. A partir de una búsqueda en la herramienta, los investigadores pueden avanzar rumbo a una conclusión respecto al paradero de autores de hechos violentos.

En este sentido, la portavoz habló en conferencia de prensa desde la capital provincial y destacó que, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el sistema registró “más de 500 requerimientos, de los cuales más de 370 fueron positivos, y el 78 por ciento de esos casos tuvo hallazgos relevantes”.

“Lince todo lo ve. Todo delito deja rastros y Lince los encuentra y permite detener a los delincuentes”, agregó Coudannes, quien consideró que se trata de ”una herramienta fundamental para que los vecinos estén tranquilos". 

En simultáneo con el discurso de la vocera santafesina, esta mañana se confirmó que hay dos detenidos por un ataque incendiario con bombas molotov en una vivienda de Abanderado Grandoli al 3.800. 

El hecho sucedió este miércoles por la madrugada y, a partir del uso del sistema Lince, la Policía de Investigaciones (PDI) identificó a Tomás Ezequiel C. (19), presunto involucrado en el delito. Fue detenido en un procedimiento en Guiraldes al 300 bis. Horas más tarde, una mujer llevó a su hijo de 14 años a la sede de la PDI y  aseguró que participó del episodio. Fue aprehendido por disposición de la Fiscalía de Menores.

El Gobierno de Santa Fe aseguró este martes que se registró una baja en los casos de amenazas en contexto educativo en la provincia. En este sentido, el lunes cerró con 15 llamadas por episodios de similares características. 

Así lo dio a conocer esta mañana la vocera provincial, Virginia Coudannes, a través de una conferencia de prensa. Las cifras de este lunes fueron comparadas con las 70 y 80 notificaciones diarias que se venían contabilizando semanas atrás en el territorio santafesino. 

Desde el Ejecutivo mencionaron que la caída se produjo “luego del envío de las primeras notificaciones para recuperar el costo de los operativos”, dentro de los que se destacó una intimación por 6.024.944 pesos a los padres de una adolescente de la capital provincial, identificada como responsable de un hecho de intimidación en su escuela.

“No es broma la amenaza, es un delito y el delito se paga. Tenemos más de 15 expedientes iniciados para avanzar con notificaciones en otras localidades de la provincia”, aclaró Coudannes, quien también se refirió a las políticas empleadas a partir de la proliferación de casos y señaló: “No solo implican el recupero del costo del operativo, sino también el proceso investigativo penal que se desarrolla en paralelo”.

Previamente, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, afirmó este lunes que la deuda total que la provincia reclama a los diferentes responsables de intimidaciones por el costo de los operativos policiales asciende a los 250 millones de pesos. "No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, subrayó el funcionario.

Siete sospechosos fueron detenidos en un operativo para desbaratar una red de venta de drogas en Recreo. Además, secuestraron drogas, un arma y dinero.

Se trató de una serie de seis allanamientos en la localidad santafesina ubicada a 200 kilómetros de Rosario. Los mismos fueron impulsados por la División Microtráfico del Departamento Operativo Región I de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Durante los procedimientos quedaron detenidas siete personas, las cuales tienen antecedentes por comercialización de estupefacientes y serán llevadas a audiencia imputativa. En este sentido, buscan esclarecer los roles de cada una dentro de la organización criminal. Por otro lado, hubo un demorado.

A su vez, los uniformados secuestraron más de 180 dosis de cocaína, marihuana en distintas presentaciones, una pistola calibre 9 milímetros con balas, efectivo y elementos utilizados para la comercialización de drogas.

Las acciones policiales por casos de intimidación pública surgidos en escuelas de Santa Fe siguen desarrollándose y este sábado hubo tres allanamientos. Ocurrieron en San Lorenzo y Fray Luis Beltrán.

En primer lugar, en territorio sanlorecino, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) intervinieron en un domicilio de Álamo al 1700 por una amenaza en contexto de institución escolar. Según las primeras informaciones, un menor de 16 años fue llevado junto a sus padres a una seccional policial y quedó a disposición de la Justicia, a partir de la participación del fiscal Maximiliano Nicosia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por otro lado, hubo dos procedimientos en Pellegrini al 400 y Cochabamba al 1200, en la localidad de Fray Luis Beltrán.

De acuerdo a los resultados de los operativos, los uniformados secuestraron 14 celulares, dos computadoras de escritorio, un pendrive, una balanza de precisión, frascos con cogollos de marihuana y dinero en efectivo. Los elementos serán sometidos a pericias.

Dos adolescentes señalados como responsables de una amenaza en una escuela de Llambi Campbell fueron imputados, convirtiéndose en los primeros sancionados penalmente por un hecho de estas características en Santa Fe. Habían dejado una nota en un baño que hacía referencia a un presunto atentado.

Los estudiantes, identificados como J.O. (16) y Yamil Alexander G. (18), fueron llevados a audiencia imputativa este martes en los tribunales de Esperanza. La Fiscalía de Menores, a través de la Dra. Ana Laura Gioria, les adjudicó los delitos de de amenaza coactiva e intimidación pública.

El episodio en cuestión ocurrió días atrás en una institución educativa, en la localidad ubicada a 220 kilómetros de Rosario. Se trató del hallazgo de un papel con un texto manuscrito que afirmaba “devuelvan los celulares o tiroteo”, en reclamo a una determinación del establecimiento contra el uso de los teléfonos.

Los imputados quedaron en libertad, aunque el menor de edad deberá cumplir con medidas dentro del territorio. Por otro lado, el joven de 18 años cumplirá con una sanción alternativa a la prisión preventiva.

Por Mauro Yasprizza.

El Gobierno de Santa Fe decidió avanzar con una medida que busca marcar un antes y un después: empezará a cobrarle a los padres los costos de los operativos que se activan ante falsas amenazas en escuelas. La decisión quedó formalizada a través de la Directiva N° 05/2026, firmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, que instruye a iniciar acciones administrativas y judiciales para recuperar el dinero que el Estado destina a cada intervención.

No se trata de cifras menores. Según datos oficiales, cada operativo tiene un costo base de entre 5 y 6 millones de pesos, aunque puede ser mayor dependiendo del despliegue. Solo entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones en toda la provincia por amenazas en ámbitos educativos. Detrás de esos números, hay un dato que preocupa: los responsables identificados hasta ahora son menores de edad.

A partir de esa realidad, el Estado apunta a los adultos responsables. El procedimiento es claro: una vez identificado el autor, se inicia un expediente, se calculan los costos y se envía una intimación de pago a sus padres o tutores. Si no cumplen, el caso pasa a la órbita judicial, con posibles reclamos que incluyen intereses y gastos adicionales.

La decisión abre un debate necesario y, a la vez, incómodo. Porque corre el eje: ya no se trata solo de un problema de seguridad o de una travesura adolescente. La Provincia busca instalar la idea de que estas acciones tienen consecuencias concretas, no solo en lo penal sino también en lo económico.

El mensaje oficial es contundente: “No son bromas”. Cada falsa amenaza moviliza patrulleros, personal especializado, ambulancias y protocolos de emergencia que dejan de estar disponibles para situaciones reales. En un contexto donde los recursos son limitados, el impacto es directo y tangible.

Pero más allá del aspecto económico, la medida interpela a las familias. Pone sobre la mesa una discusión de fondo: el rol de los adultos en la formación y el control de los chicos. La decisión de cobrar los operativos no busca solo recuperar dinero, sino también generar un efecto disuasivo.

En tiempos donde las amenazas falsas se multiplican y generan alarma social, la Provincia eligió endurecer su postura. La pregunta que queda flotando es si el bolsillo será el límite que logre frenar lo que, hasta ahora, muchos consideraban apenas una “broma”.

El Gobierno de Santa Fe ratificó que los padres o tutores de los responsables de las amenazas a escuelas deberán pagar los costos de los operativos en cada caso. Se calcula que el despliegue que implica una intimidación a un establecimiento escolar ronda entre los 5 y 6 millones de pesos. Sólo el martes se registraron 78 situaciones en toda la provincia. 

Luego del incremento de incidencias registradas en todo el país a partir del tiroteo en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, muchas de ellas adjudicadas a un fenómeno viral de redes sociales, desde el Ejecutivo santafesino dictaron la resolución 1.201/26, que formaliza la decisión. 

El texto detalla el protocolo de resarcimiento de gastos por procedimientos con personal policial, que anticipó días atrás el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

En primer lugar, se establece que, una vez que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) identifique a los autores, cómplices, y adultos responsables de los mismos tras un hecho intimidatorio en el ámbito escolar, se calculen los costos del operativo. La Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera abrirá un expediente para cada caso con informes técnicos y constancias de intervención policial, entre otras pruebas que argumenten la cifra.

A su vez, el Departamento de Operaciones (D-3) de la Policía de Santa Fe brindará un detalle pormenorizado de los recursos humanos y materiales que intervinieron ante la denuncia del establecimiento educativo. Finalmente, la Subsecretaría de Legal y Técnica desarrollará una intimación de pago a cinco días y la enviará a padres o tutores de los estudiantes involucrados. Podrá ser saldado mediante un depósito o transferencia bancaria. 

Por otra parte, la resolución aclara que se puede efectuar un reclamo posterior en caso de que los gastos o los daños se agraven una vez pagada la multa. Si las personas notificadas no abonan en tiempo y forma, la Fiscalía podrá iniciar acciones judiciales.

El ministro Cococcioni reveló en conferencia de prensa que el costo estimado de una intervención policial por una amenaza escolar oscila entre los 5 y 6 millones de pesos. “Esa supuesta broma que debe ser atendida hace que recursos policiales que podrían estar patrullando la ciudad en otro lugar deban estar abocados durante horas a ese procedimiento”, subrayó.

Autoridades provinciales anunciaron una serie de medidas para afrontar la saga de amenazas en escuelas de la provincia vinculadas a ataques armados, que se registraron en las últimas semanas. En ese sentido, remarcaron que los costos económicos de los operativos serán afrontados por los responsables. 

Así se dio a conocer en una conferencia de prensa realizada por la vocera Virginia Coudannes; los ministros de Educación y Justicia y Seguridad, José Goity y Pablo Cococcioni; y la subsecretaria de Salud Mental, Victoria Mancini.

En relación a la problemática, el ministro Cococcioni subrayó que, solamente este viernes 17 de abril, se registraron 65 casos en toda la provincia y puntualizó: “No necesariamente provienen de gente que va a llevarlas a la práctica, muchas son vividas como una broma”.

Con el propósito de concientizar a los estudiantes, remarcó: “Una causa penal deja huellas que no siempre son agradables para la persona en la posteridad. Muchas veces se lo plantea como un chiste y algunos años después va a impedir obtener un certificado de buena conducta, viajar al exterior y los padres van a tener que cumplir ciertas reglas”.

En este sentido, mencionó que cada intervención policial “cuesta recursos, económicos y en seguridad" y anunció que los autores de estas amenazas, sean punibles o no, deberán hacerse cargo del resarcimiento de los daños. "Esa supuesta broma que debe ser atendida hace que recursos policiales que podrían estar patrullando la ciudad en otro lugar deban estar abocados durante horas a ese procedimiento. Un operativo básico de despliegue policial cuesta entre 5 y 6 millones de pesos”, sentenció.

Por su parte, el ministro Goityaseguró que se puso en marcha un nuevo programa de educación digital que aborda los peligros de las redes sociales, a partir de lo ocurrido en San Cristóbal, y se difundió una nueva circular en todas las instituciones santafesinas donde alertan sobre las pintadas con intimidaciones, mensajes en redes sociales o falsas alarmas. 

Respecto a los últimos acontecimientos en escuelas, afirmó: “Venimos atravesando momentos difíciles. Se sumaron en los últimos días situaciones de amenazas que tienen que ver con retos virales de TikTok. No son una broma, implican un delito que está tipificado en el Código Penal de la Nación y traen consecuencias para los estudiantes y la familia”.

El funcionario consideró que “no alcanza con decir que es un fenómeno global y nacional", ya que “es una responsabilidad social y colectiva”. Luego, agregó: "Necesitamos tener la respuesta de las familias. Estamos ante nuevos fenómenos que se están encadenando con fenómenos que ya conocíamos”.