Una serie de allanamientos se llevaron a cabo en Buenos Aires y Carlos Casares y dejaron al descubierto una red narco vinculada al tráfico aéreo de cocaína.

En un boliche del barrio porteño de Flores, la Gendarmería encontró casi cinco kilos de cocaína, 600 mil dólares, 3.500 municiones y un simulador de vuelo que se presume era utilizado para entrenar a pilotos. Además, detuvieron a un ciudadano peruano y solicitaron la captura internacional de dos prófugos.

El procedimiento, ordenado por el juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri, surgió como derivación del caso de una avioneta que el pasado 22 de enero aterrizó con 359 kilos de cocaína en un campo de Ibicuy, Entre Ríos. La aeronave tenía la matrícula adulterada y fue piloteada por un ciudadano brasileño, acompañado por una joven boliviana vinculada a un conocido narco de su país.

La justicia federal investiga a los nuevos implicados como coautores de contrabando agravado de estupefacientes, y apunta a que adquirieron y modificaron la avioneta usada en el transporte ilegal.

En el lugar también se incautaron dispositivos electrónicos, documentación aeronáutica y lingotes de oro. Se sospecha que la red criminal operaba con logística compleja y entrenamiento previo para garantizar la salida y llegada de cargamentos de droga por vía aérea.

Este miércoles, en Gualeguaychú, se llevó a cabo la mayor destrucción de drogas de la historia de Entre Ríos. Un total de 1.340 kilos de cocaína y marihuana fueron incinerados en el marco de un operativo coordinado entre el gobierno provincial, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, quién destacó la tarea conjunta y reafirmó el compromiso provincial en la lucha contra el narcotráfico: “Este es un trabajo que tiene éxito porque se hace en equipo y así es como vamos a seguir actuando todos los días en esta lucha incansable contra los narcos que le roban el futuro y los sueños a los jóvenes y a nuestras familias”.

El mandatario estuvo acompañado por el intendente local Mauricio Davico; los secretarios nacionales de3 Lucha Contrae el Narcotráfico, Martín Verrier e Ignacio Cichello; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el juez federal Hernán Viri; y representantes de distintas fuerzas. La incineración incluyó 359 kilos de cocaína y 980 kilos de marihuana.

Frigerio también elogió la labor de las fuerzas provinciales: “Es la mejor policía del país. Está demostrando en hechos que con una buena conducción se logran estos resultados”.

Por su parte, Davico celebró el resultado del operativo: “Es un paso más en esta lucha en la que tenemos que unirnos todos, porque si no, nos va a ganar, y no tenemos que permitir que los narcos nos ganen”. También remarcó la importancia de las denuncias anónimas por parte de la ciudadanía.

Asimismo, Roncaglia, titular de la cartera de Seguridad, valoró el trabajo sostenido contra el crimen organizado: "Esta es la segunda destrucción de estupefacientes que realizamos en Entre Ríos y es producto de un arduo trabajo”. En esa sintonía, añadió que la cocaína incinerada podría haber alcanzado un valor de hasta 60 millones de euros en Europa.

Finalmente, el juez federal Hernán Viri destacó la importancia de la transparencia estatal: “Creo que en un Estado republicano es importante la publicidad de los actos de gobierno, para mostrarle a la sociedad el fruto de nuestro trabajo”.

En un operativo encabezado por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario (DUOIE), dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de la Policía Federal Argentina, fue detenida este martes Marina Liliana Núñez, una mujer vinculada a la banda “Los Monos”, que era intensamente buscada por la Justicia Federal por delitos vinculados al narcotráfico y secuestro extorsivo. La captura tuvo lugar en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, en una zona alejada y descampada próxima a un brazo del río Paraná.

Según informaron fuentes policiales, Núñez se encontraba prófuga desde noviembre de 2024, cuando fue condenada a seis años de prisión como partícipe secundaria en un secuestro extorsivo agravado ocurrido el 23 de julio de 2021 en Arroyo Seco, Santa Fe. En ese hecho, un joven fue capturado, torturado y luego liberado tras el pago de un rescate por parte de su familia.

La mujer, identificada como integrante de la banda criminal "Los Monos", liderada por Ariel Máximo “Guille” Cantero, había violado la prisión domiciliaria que se le había otorgado, desactivando la tobillera electrónica de control para darse a la fuga. Desde entonces, era intensamente buscada.

A partir de tareas investigativas de campo y análisis de información, la brigada de la DUOIE Rosario logró localizar su escondite, y mediante un procedimiento encubierto haciéndose pasar por grupos de ayuda vecinal, los agentes lograron acercarse al domicilio y detenerla.

“La detenida se ocultaba en una zona alejada y descampada para que ningún personal de alguna fuerza policial logre dar con la misma”, señalaron desde la fuerza. Una vez concretada la detención, se montó una reforzada custodia debido a “la peligrosidad del entorno al que pertenece”.

Núñez quedó a disposición del Tribunal Oral Federal N.º 3 de Rosario, que había solicitado su captura. La medida fue coordinada con las doctoras Elena Dilario y Celeste Rodríguez, quienes dispusieron que la mujer sea alojada en la División Alcaidía de la Policía Federal Argentina hasta que se determine la fecha de su traslado a sede judicial para las diligencias correspondientes.

Un ex jugador de Rugby, identificado como Marcos Díaz, fue indagado por la Justicia tras haber sido señalado como parte de una organización narcocriminal que fue desmantelada en Rosario. La causa se conoce como "Cuevas Blancas" y tuvo su desenlace judicial a fines de 2023 con condenas a varios de sus integrantes, entre ellos el financista Gustavo Shanahan y el líder de la estructura, de nacionalidad peruana, Julio Andrés Rodríguez Granthon.

La investigación comenzó a partir del seguimiento de un búnker de drogas localizado en Villa Banana, pero el caso cobró mayor relevancia en el momento en que un agente encubierto de la Policía Federal fue atacado a balazos por presuntos "soldaditos" de la organización en 2021, en la zona de Valparaíso al 2600. Este suceso, generó que se realizaran una serie de operativos de manera simultánea en Rosario y en la provincia de Buenos Aires, que derivaron en la detención de varios miembros clave.

En este sentido, las pesquisas determinaron que la banda utilizaba distintos puntos de la ciudad para operar, entre los cuáles se incluían departamentos de alquiler temporarios y casas de cambio clandestinas. Entre estos lugares, figuraba una cueva financiera en calle España 889, presuntamente manejada por Shanahan, de donde se incautaron 34 millones de pesos y 30 mil dólares. Otro de los puntos se encontraba en Ovidio Lagos 426, donde el ex rugbier acusado dirigía una mesa de dinero vinculada al circuito ilícito.

Durante los allanamientos, las autoridades confiscaron 4,5 kilos de cocaína, prensas neumáticas, elementos usados para estirar la droga previo a su comercialización, siete pistolas, un revólver, escopetas, una carabina y cerca de 2.500 municiones de distintos calibres, junto con atomizadores, moldes, balanzas, computadoras, teléfonos celulares, máquinas contadoras de billetes y demás elementos y documentación de interés para la causa.

El expediente, a cargo del juez federal Marcelo Bailaque, determinó que la organización operaba con una estructura jerárquica bien definida. Mientras algunos integrantes se encargaban de la producción y comercialización de estupefacientes, otros manejaban grandes volúmenes de dinero en el mercado de divisas, permitiendo la compra de mas sustancias ilícitas para sostener el negocio.

En la audiencia de imputación, Díaz optó por no declarar, aunque las pruebas en su contra lo vinculan directamente con la organización. La Justicia le atribuye haber trabajado bajo las órdenes de Granthon y Pérez, los cabecillas de la red, junto con otros implicados como Shanahan y varios operadores de menor rango. Se estima que esta estructura delictiva operó de manera activa, al menos entre abril y octubre de 2021, hasta que fue desbaratada por las fuerzas federales. 

Juan José Raffo, un ex integrante de la Policía de Santa Fe, que ya contaba con una condena por su vínculo con la banda criminal Los Monos, enfrenta ahora una nueva acusación después de su captura reciente, tras dos años de permanecer prófugo. La Justicia lo imputó como miembro de una asociación ilícita liderada por Ariel “Guille” Cantero, que tenía conexiones con la barra brava de Newell's.

El juez Aldo Bilbao Benítez dictó la prisión preventiva para el acusado por 90 días, con la posibilidad de extender la medida si la Fiscalía presenta una acusación formal dentro de ese período.

Raffo, de 50 años, había sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión, en abril de 2018, por su rol dentro de Los Monos. En marzo de 2023 comenzó a ser investigado nuevamente y se mantuvo prófugo hasta el pasado 11 de marzo, cuando fue detenido en el barrio porteño de Barracas durante un operativo realizado por la Policía de Buenos Aires a raíz de las órdenes de captura emitidas por la Justicia Federal y la Justicia de Santa Fe.

Durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario el fiscal Luis Schiappa Pietra lo acusó de integrar una asociación ilícita encabezada por Cantero y en la que también participaban figuras como Leandro “Pollo” Vinardi, Pablo Camino, Guillermo “Chupa” Sosa y los ex policías Marcos Barúa y Luciano Arellano. Este último aceptó, en febrero de este año, una pena de tres años de prisión por encubrimiento agravado y violación de secreto.

Según la investigación, la organización operó entre febrero de 2020 y noviembre de 2022 con el objetivo de fortalecer su control sobre la barra brava de Newell's, lo que les permitía obtener beneficios económicos y territoriales, a través de amenazas, extorsiones, abusos de armas y usurpaciones, entre otros delitos.

De acuerdo a lo planteado por Fiscalía, el ex policía, pese haber cumplido su condena anterior, mantuvo lazos con la banda criminal y actuó como informante. En este sentido, se lo vincula con un sector liderado por Vinardi, al que le brindada información confidencial sobre investigaciones en curso.

Uno de los episodios ocurrió el 19 de abril de 2022 cuando, presuntamente, alertó a Sosa sobre avances en la investigación de un crimen vinculado con el asesinato de Nelson “Chivo” Saravia, ex líder de la barra leprosa, ultimado en octubre de 2021. Según los investigadores, Raffo accedió a estos datos por su relación con la Policía de Investigaciones (PDI), particularmente con Arellano, quién formaba parte del área de Homicidios.

Asimismo, otro hecho que lo incrimina fue el que ocurrió en abril de 2022, cuando le informó a Sosa sobre cambios en la cúpula de la Policía santafesina, dato que le habría servido a la organización para ampliar su dominio territorial.

En el contexto de una serie de medidas contra el narcotráfico, el gobierno nacional busca reforzar la seguridad en las fronteras con países limítrofes. Como parte de la estrategia, se desplegarán 300 agentes federales en la zona de la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay), mientras que en la localidad de Aguas Blancas, ubicada en la provincia de Salta, se instalará un alambrado de seguridad en el límite con Bolivia.

El interventor de esa localidad, Adrián Zigarán, destacó la gravedad de la situación y aseguró: "Estábamos a meses de ser Rosario". 

En diálogo con el canal TN, el funcionario hizo una descripción del contexto en el que se encontraba la localidad fronteriza: "Tuvimos escenas de sicariato, mexicaneadas, decapitados, ejecutados con las manos atadas, situaciones que se estaban haciendo común en el departamento y el gobernador Sáenz tomó la decisión de darle un corte a esto"

Además, el funcionario responsabilizó a la gestión anterior por la crisis de seguridad en la zona. "Yo estoy reemplazando al intendente, que se está llegando a la conclusión de que habría participado en la muerte de su propio hermano, tiene una causa por narcotráfico, otra causa en Santiago del Estero porque lo encontraron con 100 mil dólares que no pudo justificar y tenía connivencia judicial", aseveró.

"Entonces, el narcotráfico penetró 300 kilómetros dentro de la frontera argentina. Hasta los bomberos voluntarios vendían drogas. Estábamos a meses de ser Rosario", aseguró.

La instalación del alambrado en Aguas Blancas generó un debate a nivel nacional, aunque el interventor minimizó su impacto. "Es una insignificancia los 200 metros de alambrado con los 750 kilómetros de frontera que tenemos", expresó, y añadió: "Dentro del plan que elaboró el gobernador Gustavo Sáenz y la ministra Patricia Bullrich está es una medida menor, pero necesaria para instaurar el orden en un lugar donde durante décadas la gente saltaba un pequeño muro y pasaba a Bolivia sin pasar por migraciones y aduana".

Una avioneta cargada con 350 kilos de cocaína realizó un aterrizaje de emergencia en un campo de la localidad de Ceibas, al sur de la provincia de Entre Ríos, debido a un desperfecto mecánico. 

El incidente ocurrió en la noche del miércoles, cuando la aeronave, que de acuerdo a la información había partido desde Bolivia, presentó fallas que obligaron al piloto a buscar un lugar para aterrizar.

La maniobra fue observada por el propietario del terreno, quién se acercó rápidamente para ofrecer ayuda a los tripulantes. Al llegar, encontró a dos personas a bordo: el piloto y una mujer embarazada, ambos de nacionalidad boliviana.

El piloto le preguntó al dueño del terreno si podía llevarlos al hospital del pueblo y le ofreció dinero para que no cuente lo sucedido.

Ante esta situación, el propietario del campo reportó el hecho a la policía, ya que, además, dentro de la nave se observaban una importante cantidad de paquetes. 

Los agentes llegaron al lugar confirmaron que la avioneta transportaba 350 kilos de cocaína. Tanto el piloto como su acompañante fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

La pesquisa quedó a cargo del doctor Hernán Sergio Viri, del Juzgado Federal de Gualeguaychú.

Este lunes al mediodía el intendente de Cañada de Gómez, Matías Chale, denunció ante la Justicia a un delincuente que lo habría amenazado luego de los catorce allanamientos que se llevaron adelante en esa localidad en el marco de una investigación por venta de estupefacientes. 

Chale compartió en sus redes sociales la foto de la denuncia presentada y acompaño la publicación con un texto. “No hay amenaza que detenga el cambio. Hace algunos días hubo 14 allanamientos en Cañada de Gómez y como consecuencia cayeron unos cuantos delincuentes que venían operando en nuestra ciudad. Eso generó malestar en algunos mafiosos que ven cómo se ponen límites a sus negocios delictivos motivo por el cual sufrí una amenaza que ya fue denunciada en la fiscalía”, comienza el mensaje del intendente cañadense.

En esa misma línea, continúa: “A nadie le gusta ser amenazado. Es algo que perturba a la familia y genera malestar. Pero contamos con todo el apoyo de la justicia y del gobierno provincial y vamos a ir a fondo contra estos pandilleros que tanto daño nos hacen”.

En esa sintonía, concluye: “No sé cómo funcionaban este tipo de cosas hasta el 9 de diciembre del 2023 pero a partir del 10/12/23 la ciudad eligió cambiar y vamos a respetar ese mandato yendo al frente contra la delincuencia que maltrata a los ciudadanos de bien e intoxica a los jóvenes con la mugre de la droga. Estamos convencidos que este es el camino para estar cada día más cerca de la tranquilidad que se merecen los cañadenses”. 

Los procedimientos a los que se refiere Chale, se realizaron el jueves de la semana pasada y estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una pesquisa por venta de drogas. Los domicilios que fueron allanados pertenecen todos a Cañada de Gómez y están ubicados en Valparaíso 40, Necochea 200, Libertad al 500, España al 700, Rawson 1900, Miguel Cané 200, Rosario 400, Paraguay al 300, Paraguay 1200, Capdevila 400, Rawson 400, Guatemala al 900 y Honduras 300.

Facundo Hernández, un soldadito que formaba parte de una facción de la banda narco Los Monos, se declaró este viernes como coautor del asesinato de Iván Rodrigo Acuña, ocurrido en Villa Gobernador Gálvez en enero de 2022. El juez Nicolás Foppiani aceptó el acuerdo abreviado y lo condenó a 11 años de prisión efectiva. 

La víctima, que había declarado como testigo de un homicidio, era hostigado por el grupo que respondía al “Gordo Dani” Noguera, un sujeto que estaba relacionado con Los Monos y que desde 2020 se encuentra en prisión cumpliendo condenas por extorsiones y asesinato.

El crimen de Acuña ocurrió exactamente en horas de la madrugada del 14 de enero de 2022, cuando recibió un escopetazo y, tras permanecer varias horas internado en el Hospital Provincial, falleció por una hemorragia toracoabdominal. 

Un testigo del hecho y amigo de la víctima señaló que Acuña se encontraba “del lado de la puerta que da a la calle y en ese momento se escuchó un ruido fuerte como una explosión”. "Cuando me doy vuelta mi amigo cae al suelo”, aseguró. 

La pesquisa, a cargo de la fiscal Georgina Pairola y de la División Homicidios, dio con Facundo Isaías Hernández en octubre de 2022. La víctima, que había tenido problemas con el grupo del “Gordo Dani”, sufrió una balacera contra su casa y fue amenazado de muerte reiteradas veces. 

Acuña había declarado ante la Justicia como testigo de los homicidios de Alexis Chaparro y Nahuel Villar, ocurridos en 2020 cuando fueron a comprar marihuana en la Ribera de Villa Gobernador Gálvez. 

Este jueves Marcelo “Frentudo” Fernández, de 42 años, fue acusado por manejar una pyme narco junto con su novia S. R., de 21 años, quien cursa un avanzado embarazo. Se trata de un hombre al que se lo vincula con distintas actividades delictivas en un sector de la zona norte de Rosario. 

La Fiscalía señaló que Fernández utilizaba como pantalla de su negocio de venta de drogas, un supuesto minimarket 24 horas instalado en su domicilio de Freyre al 2000. 

Si bien durante el allanamiento realizado en la vivienda no se hallaron estupefacientes, los fiscales sospechan que existió alguna filtración de información por parte de las fuerzas policiales para que “Frentudo” estuviera al tanto del procedimiento que se iba a llevar adelante.

La investigación de Fiscalía indica que Parque Casas es un barrio que cuenta la presencia de soldaditos, jóvenes que hacen de “campana” ante la presencia de la policía, gente que hace filas para comprar estupefacientes, entre otras situaciones que se observan en las calles de ese sector de la ciudad.

Asimismo, la pesquisa expuso la existencia de un mensaje de texto recuperado de un teléfono celular, en el que, 48 horas antes del operativo que se realizó el 28 de noviembre, la pareja de Fernández advertía a su padre sobre un posible allanamiento.

Además, otro hecho sacudió la zona norte el 30 de noviembre: el atentado contra la iglesia Natividad del Señor de barrio Rucci, que recibió un ataque incendiario mediante una bomba molotov y donde los atacantes dejaron un cartel que pedía por la liberación de “Frentudo” y estaba firmado por “La Mafia”.

Los fiscales sostienen que este acto podría estar vinculado al entorno del acusado, teniendo en cuenta que la exposición pública que generó este hecho podría ser contraproducente para Fernández.

Durante una audiencia judicial encabezada por el juez Gonzalo Fernández Bussy, “Frentudo” negó cualquier participación en hechos violentos. “Jamás en mi vida daría semejante orden: te agrava la situación. Yo no tiro tiros, no me gustan las armas ni mando a matar. Me hicieron mil allanamientos y nunca encontraron un arma”, afirmó el acusado.

Este miércoles la Justicia imputó a Ever Sebastián Monserrat, de 46 años, como presunto autor material del asesinato de un joven en el interior de un búnker de drogas ubicado en el barrio Camino Muerto de Granadero Baigorria.

De acuerdo a la acusación del fiscal Lisandro Artacho, Monserrat habría ejecutado mediante un disparo de arma de fuego a Diego Mijail Leiva, un dealer adolescente de 17 años. 

En este sentido, el fiscal señaló que el crimen ocurrió cuando el acusado, que trabajaba para un narco del barrio Camino Muerto de Granadero Baigorria, abrió fuego contra un búnker de la competencia utilizando una pistola calibre 9 milímetros y una de las balas impactó en el abdomen de la víctima, que se encontraba junto a dos personas para las que trabajaba.

Monserrat fue detenido la semana pasada, tras un operativo realizado por la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) en una vivienda de la zona norte de Rosario. Como resultado del allanamiento fueron secuestrados tres celulares, tres cartuchos calibre 9 milímetros y tres vainas. 

Su pareja, una policía de 39 años, estaba con el acusado en el momento que fue detenido, pero no se encuentra involucrada en el expediente. 

La Justicia dictó prisión preventiva para Alejandra “La Chipaco” Herrera, de 47 años, una mujer que, según señala la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Microtráfico, regenteaba un punto de venta de cocaína en Carcarañá. 

En este sentido, el fiscal provincial Juan Pablo Baños le adjudicó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en carácter de autora, tras un allanamiento que se realizó este miércoles 4 de diciembre, en Pasaje Público al 100 de la ciudad de Carcarañá, en donde fueron incautados 712 envoltorios de cocaína con un peso total de 221 gramos.

Además, fueron secuestrados 652 mil pesos en efectivo, teléfonos, chips de celulares y algunos cuadernos con anotaciones vinculadas a la venta de estupefacientes. 

Según los investigadores, el punto de venta de drogas estaba camuflado detrás de la fachada de un quiosco y también operaba con la modalidad de “delivery”. “La zona fue epicentro de diversos hechos delictivos, tanto contra la propiedad como las personas, vinculados con el consumo y deudas por drogas”, sostuvieron. 

Luego de la audiencia que se llevó adelante en los Tribunales de Cañada de Gómez, el juez Álvaro Campos dispuso la prisión preventiva para Herrera hasta el 4 de marzo de 2025. Una vez concluido el plazo, la Fiscalía podrá pedir su prórroga.

Este jueves por la tarde la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante un operativo antinarcótico en Firmat y logró desbaratar a una organización dedicada al narcomenudeo conocida como “La Banda de la Vieja”. 

Como resultado de los nueve allanamientos realizados en esa localidad del departamento General López, la PDI detuvo a Fabián N. y Graciela S (señalados como cabecillas de la organización), Diana V., Alejandro C., Florencia C. y Gabriel F. Además, fueron incautados dos kilos de cocaína, dos plantines de marihuana, teléfonos celulares, vehículos y dinero en efectivo (1.896.260 pesos y 2.001 dólares). 

Los domicilios donde se llevaron a cabo los procedimientos fueron Azcuénaga al 1600; Dean Funes al 1400; Savio y Houssay; General López al 100; Juan Bautista Azopardo al 300; Alvear entre San Juan y San Luis; Santa Fe entre Domingo French y Antonio Beruti; Ruta 33 (Av. 9 de Julio) entre Alberdi y Juan José Paso; y General López al 200.

El procedimiento se dio en el marco de una investigación que comenzó tres meses atrás, desarrollada por Personal de la División de Microtráfico del Departamento Operativo y Complejas de la Policía de Investigaciones Región III, a solicitud de las fiscales Vanina Servidio Pozzi y Susana Pepinoen. 

Durante la labor investigativa se efectuaron intervenciones telefónicas, seguimientos a los sospechosos y allegados, e informes patrimoniales.

En los allanamientos participaron, también, personal de PDI de Las Rosas y Cañada de Gómez, en conjunto con los grupos de irrupción del GOT de las Unidades Regionales de Las Colonias, Caseros y Rosario.

Este miércoles por la tarde fue encontrada una avioneta que trasladaba 480 kilos de cocaína, en la zona rural de la localidad de Luis Palacios, en el departamento San Lorenzo. 

La aeronave, que fue detectada por los radares del Ministerio de Seguridad de la Nación al ingresar al espacio aéreo argentino, fue monitoreada hasta su aterrizaje.

En el lugar se montó un operativo conjunto ente la Fuerza Aérea y Gendarmería Nacional. Según señalaron, se pudo establecer que la avioneta viajaba desde Bolivia, pero continúan las investigaciones para determinar su trayecto. 

La avioneta se encontraba en cercanías de la ruta 34, a 25 kilómetros de Rosario. Las fuerzas de seguridad llevan adelante un rastrillaje en la zona para encontrar a los ocupantes de la aeronave.  

LAS FUERZAS ARMADAS INTERCEPTARON UN AVIÓN Y LA GENDARMERÍA INCAUTÓ CASI 500 KILOS DE COCAÍNA CERCA DE ROSARIOEn horas de la tarde, las Fuerzas Armadas interceptaron una aeronave no autorizada en el espacio aéreo argentino. Luego de solicitar su descenso, las Fuerzas de… pic.twitter.com/fDfsM1IVfS

Este martes la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay informó la desarticulación de una red internacional de narcotráfico que funcionaba entre ese país, Argentina y España. 

La parte final del operativo comenzó el viernes pasado, a partir de la detención de dos mujeres argentinas, de 21 y 24 años, que pretendían abordar un vuelo desde el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Asunción hacia Madrid, con más de 150 cápsulas en el estómago que contenían 2,3 kilos de cocaína.

Ese mismo día, una ciudadana paraguaya, que cumplía la función de “reclutadora y coordinadora” de las personas que eran utilizadas como mulas, fue aprehendida en un hospedaje en la ciudad de Luque, donde también habían permanecido algunos días las dos argentinas detenidas en el aeropuerto. 

El informe de la Senad indica que, a partir de estas aprehensiones, se realizaron varios allanamientos durante el fin de semana, que arrojaron el saldo de 10 detenidos en territorio argentino entre los que se encontraban ciudadanos de Perú, Guayana Francesa, Surinam y Argentina.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, brindó detalles a través de su cuenta en la red social X: “A partir de la detención de dos personas con más de 23 kilos de MDMA, nuestras Fuerzas Federales de Seguridad al frente del GOC-NEA (incluye a la Policía de Misiones), el GOC-CENTRO (incluye a la Policía de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos) en conjunto con la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD) desbarataron una red internacional de narcos que captaba “mulas” para traficar drogas de síntesis a Europa”.

En este sentido, la funcionaria agregó: “Tras meses de investigación y 27 allanamientos simultáneos en Chaco, Misiones, CABA y Buenos Aires detuvieron a 13 integrantes e incautaron MDMA, cocaína sólida y líquida, LSD, anfetaminas y éxtasis. ¡Un total que terminó superando los 33 kilos de estas peligrosísimas drogas! Eslabón por eslabón desarticulamos la cadena delictiva. Las hacen, las pagan”.

EL decomiso por parte de las fuerzas de seguridad incluyó 33 kilos de éxtasis en bruto, 2,5 kilos de cocaína, 14.000 pastillas de éxtasis, 4,5 litros de cocaína líquida, dinero, celulares y equipos informáticos, entre otros elementos. 

El rapero Zaramay se despidió, mediante un mensaje difundido a través de sus redes sociales, de su amigo Samuel Medina, conocido como el “Gordo Samu”, el joven que fue asesinado la noche del martes en la zona norte de Rosario. 

El popular músico definió a Medina como “un amigo que siempre estuvo para todos en las malas”. Ambos habían aparecido juntos en un videoclip que el artista filmó en distintas locaciones de la ciudad, en el 2021. 

Además, en aquel momento se conocieron fotografías que el rapero se había tomado junto a “Lucho” Cantero y su grupo, posando con armas de fuego. 

Como consecuencia, a Zaramay le iniciaron una causa por intimidación pública y debió firmar una probation que incluía una multa de 500 mil pesos, luego de pasar un mes en la cárcel. 

“Siempre pensando en ayudar al otro y dar todo sin esperar nada, eso te hizo diferente al resto, un amigo que siempre estuvo siempre para todos en las malas”, fueron algunas de las palabras que el artista le dedicó a su amigo, quién era yerno de Ariel Máximo “Guille” Cantero. 

Este lunes comenzó el juicio oral contra Alan Funes por el asesinato de Mariel Lezcano, una joven de 21 años que fue ejecutada en Ayacucho al 4300 en el año 2021. Se cree que se trató de un ajuste de cuentas dirigido a la madre de la víctima, Gisela Guadalupe “Paquete” Gutiérrez. El tribunal lo presiden los jueces Ismael Manfrin, Fernando Sosa y Silvana Lamas.

Alan Funes, quién se encuentra detenido en el penal federal de Marcos Paz, sigue la audiencia de forma virtual. Asimismo, fueron acusados sus soldaditos, Iván Ariel "Lolo" Gutiérrez , apuntado como el gatillero, y Ulises David "Pera" Chapire, señalado por ser quién manejaba la moto con la que huyeron luego del asesinato. 

El crimen de Mariel Lezcano ocurrió el 13 de Octubre de 2021, mientras la joven se encontraba merendando con su hijo de 3 años, su hermana de 13 y otros menores de edad, en su vivienda de Ayacucho al 4300, en la zona sur de Rosario. Lezcano abrió la puerta de su casa, luego de que sonara el timbre, y se encontró con un joven que la ejecutó de dos tiros, sin mediar palabra.

Las investigaciones dirigidas por el fiscal Gastón Ávila y posteriormente delegadas al fiscal Lisandro Artacho, señalan que Funes habría ofrecido una recompensa de 150 mil pesos para asesinar a la madre de la víctima, Gisela Guadalupe “Paquete” Gutiérrez, de 44 años, quién estaba vinculada al narcomenudeo. 

Asimismo, Lezcano se encontraba purgando una pena por narcomenudeo por integrar una banda liderada por René Ungaro, la cuál también integraban miembros de la familia Funes.

La Fiscalía presentó pruebas que señalan que Funes ordenó el ataque desde la prisión, y facilitó una pistola Browing 9 mm y una moto Honda Wave, para que los soldaditos perpetraran el homicidio de Gisela Gutiérrez. Finalmente, el sicario terminó asesinando a su hija, Mariel Lezcano, lo que habría implicado un “descuento” de 50 mil pesos en la recompensa, según indican desde la Fiscalía de Homicidios.

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por Gendarmería Nacional, durante un patrullaje realizado en la zona de avenida Silvestre Begnis al 300 en la ciudad de San Lorenzo.

El hecho ocurrió en la noche del martes, cuando dos sujetos comenzaron a correr tras advertir la presencia de los efectivos de Gendarmería e intentaron ingresar en una vivienda. Los agentes de seguridad persiguieron y detuvieron a los dos individuos.

Dentro del domicilio donde pretendían ingresar, se secuestraron celulares, material estupefaciente (cocaína y marihuana), un rifle de aire comprimido y dinero en efectivo. 

La situación fue comunicada a la fiscal Melisa Serena, quién ordenó allanar la vivienda. Dentro del lugar, efectivos de la seccional 7ma detuvieron también a una mujer e incautaron medio kilo de marihuana fraccionado en 291 envoltorios y un kilo de cocaína distribuido en 115 dosis y en pan, con el sello del Delfín, tres celulares, una balanza, 1.409.820 pesos en efectivo, una pistola 9 milímetros con la numeración limada y un chaleco antibala.

Los sospechosos, identificados como Cristian A., de 31 años, Juan Y., de 22, y Verónica Y., quedaron detenidos por orden la fiscal de la Unidad de Flagrancia, a la espera de la audiencia imputativa. 

Este miércoles, Sandra Marcela Cerrudo, una mujer de 58 años, fue imputada por su presunta función como testaferro de la organización criminal Los Monos. La imputación se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal por los fiscales Federico Rébola, Juliana González y César Pierantoni.

Cerrudo, figuraba como titular de minimarket ubicado en la esquina de Mendoza y Matienzo, que fue el escenario de una serie de ataques violentos en 2021 y 2022. El verdadero propietario del inmueble, un narcotraficante, había transferido la posesión del lugar bajo las amenazas de Ariel Máximo "Guille" Cantero.

Estas intimidaciones tenían que ver con un incumplimiento relacionado a un beneficio judicial que el propietario del lugar había prometido para la esposa de Cantero, Vanesa Jacquelina Barrios.

Cerrudo fue arrestada el sábado pasado en la casa de su hija, ubicada en Gutiérrez al 400 bis, por la División Capturas de la Policía de Investigaciones. La jueza María Trinidad Chiabrera dictó prisión preventiva efectiva por el tiempo estipulado por ley.

Se le atribuye a Cerrudo el rol de "prestanombres" al haber registrado el minimarket a su nombre, luego de que el inmueble fuera tomado por Los Monos mediante ataques incendiarios y balaceras.

Cerrudo y su coimputado, Ariel Ricardo Dantur, habrían sido quienes figuraron como compradores del inmueble, que finalmente fue utilizado por el grupo de Cantero. Además, Mariana Ortigala, quien ya enfrenta acusaciones por extorsión en otra causa, habría actuado como intermediaria entre el verdadero dueño del negocio y el clan de Cantero, facilitando la transacción mediante maniobras fraudulentas.

La trama por la cuál finalmente el titular del local tuvo que ceder el local, tiene que ver con una estafa perpetrada por individuos que se presentaron como agentes de inteligencia, y prometieron obtener la libertad de Barrios a cambio de 160 mil dólares. 

Tras quedarse con el dinero, los estafadores desaparecieron, lo que llevó a Los Monos a arremeter contra el propietario mediante atentados hacia su domicilio y negocios. La banda, además de apropiarse del inmueble, también se hizo con dos lotes y una camioneta Ranger.

En el caso, dirigido por los fiscales Rébola, González y Pierantoni, ya fueron imputados "Guille" Cantero, Vanesa Barrios, Paula Bay (hija de Barrios), Julieta Martir (media hermana de Barrios), Ariel Ricardo Dantur, Ortigala y su pareja Felipe. 

Una mujer de 27 años fue detenida con 600 dosis de cocaína, listas para su comercialización, mientras manejaba una bicicleta que, al parecer, utilizaba para repartir la droga. La aprehensión se dio en el marco de uno de los patrullajes preventivos que realiza la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la zona de Vía Honda. 

La sospechosa circulaba por calle Matienzo entre Bulevar Seguí y Julia Deliot cuando, al divisar a los efectivos de la PSA, aceleró la velocidad de su bicicleta e intentó escapar. Finalmente, fue alcanzada y arrestada por las fuerzas de seguridad. 

Al requisarla, los efectivos comprobaron que la mujer llevaba dentro de su mochila pequeños envoltorios que contenían una sustancia pulverulenta blanquecina. Tras realizar reactivo de campo sobre el material, el resultado dio positivo para clorhidrato de cocaína.

Además de los estupefacientes, los agentes secuestraron 19.000 pesos, un teléfono celular y la bicicleta.

La mujer quedó detenida y fue trasladada, junto con el material decomisado, a la comisaría N° 32 de la Policía de Santa Fe. Intervino la Fiscalía de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Rosario.