El fiscal Gerardo Pollicita evalúa los próximos pasos en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Tras la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, la fiscalía analiza extender el período bajo revisión y solicitar nuevas medidas de prueba.

La presentación realizada por Adorni incluye información sobre tenencias de bitcoins adquiridas antes de su ingreso a la función pública. Sin embargo, Pollicita aún aguarda la documentación reservada correspondiente tanto al funcionario como a su esposa, Bettina Angeletti, para determinar si amplía el objeto de la investigación.

Para el análisis patrimonial, la fiscalía cuenta con la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo especializado del Ministerio Público Fiscal en causas de contenido económico y financiero.

Además de este expediente, Adorni enfrenta otras investigaciones judiciales. Una de ellas, a cargo del juez Ariel Lijo, se centra en su vínculo con Marcelo Grandío, quien lo hospedó durante un viaje a Punta del Este realizado en avión privado. Otra causa analiza la relación entre una consultora de coaching ontológico vinculada a Angeletti y tres empresas contratistas del Estado.

El actor Ricardo Darín habló durante una entrevista en España del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y hallada en un descampado en la ciudad de Córdoba.

El actor lanzó duras críticas al accionar de la Justicia y manifestó que la sociedad debe preguntarse cómo es posible que ocurran hechos de esta gravedad y advirtió sobre la necesidad de enfrentar la violencia de género de manera colectiva.

Darín se refirió a las fallas en los mecanismos de prevención al recordar que Claudio Barrelier, principal sospechoso del crimen, contaba con antecedentes y denuncias previas. "Si esa línea de energúmenos hubiese hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva”, afirmó.

El actor también llamó a los hombres a involucrarse más activamente frente a estas situaciones y planteó la necesidad de prestar atención a las señales de violencia que muchas veces son minimizadas hasta que las consecuencias resultan irreparables.

La Justicia de Tucumán confirmó este miércoles el sobreseimiento de los exfutbolistas de Vélez Sarsfield, Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, quienes habían sido denunciados por una joven por presunto abuso sexual agravado en marzo de 2024.

La resolución fue tomada por el Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital, que ratificó el fallo emitido a fines de 2025 por el juez Augusto José Paz Almonacid.

De esta forma, la investigación vinculada al hecho ocurrido en un hotel de San Miguel de Tucumán quedó cerrada. Además, el tribunal rechazó los recursos presentados por la querella, que pretendía reabrir la causa y cuestionaba la validez de las pruebas obtenidas durante peritajes realizados sobre teléfonos celulares.

En los fundamentos de la resolución, los magistrados señalaron que la investigación permitió acreditar la existencia de un encuentro sexual entre las partes, aunque concluyeron que no existió delito debido a que el acto fue consentido. Para llegar a esa conclusión se analizaron testimonios, pericias psicológicas, registros audiovisuales y evidencia digital incorporada al expediente.

Los jueces también incluyeron entre las pruebas mensajes, audios y otros intercambios que mantuvieron la denunciante y personas de su entorno antes y después del hecho. Asimismo, destacaron que los estudios médicos y las pericias biológicas realizadas durante la causa no detectaron lesiones ni indicios compatibles con una situación de violencia sexual.

La Justicia avanza con las pericias sobre el teléfono celular de Matías Tabar, un contratista que aparece mencionado en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según trascendió, el dispositivo, un iPhone 15, fue sometido a un proceso de extracción de datos en el Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ). El procedimiento se realizó con éxito y contó con la presencia de un perito designado por la defensa de Adorni. Toda la información obtenida fue transferida a un disco rígido que quedó a disposición de los investigadores.

La fiscalía federal encabezada por Gerardo Pollicita analizará ahora comunicaciones, mensajes, llamadas y registros de WhatsApp entre Tabar y el funcionario. Asimismo, se revisará documentación vinculada a las obras realizadas en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, cuyo valor rondaría los 245 mil dólares.

Al mismo tiempo, los investigadores preparan un requerimiento para que Adorni explique las inconsistencias detectadas en su patrimonio durante la investigación.

En tanto, desde el Gobierno confirmaron que el jefe de Gabinete presentará su declaración jurada antes del 15 de junio, una vez concluida la revisión final de la documentación que será remitida a la Oficina Anticorrupción.

El proyecto de la construcción del parque acuático dentro de la renovación de la Costanera Norte de Rosario sufrió un nuevo revés este lunes por la noche. El juez Luciano Juárez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 8ª Nominación ordenó la suspensión provisoria de las obras.

Se trata de una denuncia promovida por concejales del bloque Ciudad Futura, en la que afirman que hubo una supuesta omisión del Concejo Municipal de la ciudad por parte del municipio en el desarrollo de la iniciativa que ya cuenta con la instalación del vallado para el avance de los trabajos.  

En este sentido, el magistrado dio luz verde a la suspensión del Decreto N° 715/2026, firmado por el intendente Pablo Javkin, y le puso puntos suspensivos a las tareas que tenían como fecha de finalización estimada los primeros meses de 2027. A su vez, se declaró incompetente para avanzar con el proceso y el caso fue derivado a la Cámara de Apelaciones.

No es la primera objeción judicial que recibe el parque acuático. Horas antes, a partir de un amparo promovido por el concejal Juan Pedro Aleart de La Libertad Avanza, el Juzgado de la 3ª Nominación convocó a una audiencia para este miércoles a las 12:30 a la que el municipio fue citado. Desde el bloque del oficialismo nacional aseguran que falta información en torno al proyecto, como estudios ambientales, hidráulicos, urbanísticos y de movilidad. 

El periodista detrás del pedido de nuevas evaluaciones para la puesta en marcha habló al respecto y señaló: “Cuando se comprometen miles de millones de pesos de los contribuyentes, lo mínimo que corresponde es que toda la información esté disponible, sea clara y pueda ser controlada por los ciudadanos y sus representantes”.

La Justicia de Córdoba ordenó este lunes la detención de Soledad Andreani, dueña del Ford Ka que, según los investigadores, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina Vega hasta el descampado donde fue hallada asesinada. La mujer es expareja de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de la adolescente de 14 años.

La medida fue confirmada por los abogados de la familia de la víctima. Andreani quedó imputada por el delito de encubrimiento agravado y se suma a la lista de detenidos en la causa, que ya incluye a Barrelier y a su amigo Osvaldo Fasseta, también investigado por presunta colaboración después del crimen.

El abogado querellante Carlos Nayi presentó nuevas pruebas ante la fiscalía para solicitar la detención de la mujer. Según sostuvo, Andreani habría facilitado el vehículo y colaborado en maniobras destinadas a ocultar evidencias.

“La dueña del Ford Ka sabía perfectamente, al momento de suministrarle el vehículo, que estaba siendo observado por la justicia. El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado”, afirmó Nayi.

La fiscalía ahora intentará determinar cuál fue el grado de participación de la acusada en los hechos posteriores al femicidio.

Rosario implementa este lunes el primero de los juicios por jurado, con una docena de ciudadanos que formarán parte de una audiencia por un doble crimen y dictarán un veredicto. Iniciará desde las 13:00 en el Distrito Judicial Rosario, con transmisión en vivo vía YouTube.

Tras la primera experiencia provincial en San Cristóbal, llevada a cabo en junio de 2025, y otras cinco pruebas en el territorio santafesino; la ciudad se suma a la metodología en la que doce rosarinos serán los responsables de determinar la condena o absolución de un acusado ante la ley. 

En esta ocasión, el delito grave a juzgar será el asesinato de Natalia Ocampo y César Valenzuela, una pareja que fue ejecutada a tiros el 6 de abril de 2025 por el exnovio de la mujer, identificado como Aníbal C, en una pensión de Uruguay al 5.300.

El debate será presidido por la jueza Eleonora Verón, quien acompañará a los ciudadanos involucrados pero no tomará la decisión final. A su vez, estará presente el fiscal Alejandro Ferlazzo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la defensora pública Nora Gaspire (MPD), quien asistirá técnicamente al imputado.

El jurado deberá analizar las pruebas, escuchar los testimonios de los testigos, la versión de la Fiscalía y la palabra de la defensa; en un proceso que se extenderá hasta este jueves, cuando se lleven a cabo los alegatos. Posteriormente, los doce elegidos deberán tomar una decisión unánime y dictarán el veredicto. Luego, el magistrado determinará las características de la condena.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó declaraciones acerca del estreno del juicio por jurados en Rosario y detalló: “Culmina esta etapa de transición y podemos decir que rige el juicio de jurados en toda la provincia. Más adelante se evaluará ampliar la metodología a medida que se vaya afianzando, podríamos pensar incluso en que una mayor cantidad de casos sean evaluados”.

A su vez, consideró que el método cuenta con la importancia de “darle al ciudadano participación directa en la administración de justicia” y mencionó como objetivo del avance de la medida a la idea de “cumplir con la Constitución”.

En este sentido, el funcionario agregó: “Uno ve que ante cada proyecto aparecen un montón de objeciones diciendo que algo ‘es inconstitucional’; ahora fíjense cuantos años estuvimos sin cumplir tres artículos que dicen que los casos criminales deben determinarse por jurados, sin que a nadie se le mueva un pelo”.

El ámbito judicial se encuentra afectado este viernes en Rosario debido a un paro de 24 horas. No obstante, hay guardias mínimas en los Tribunales Federales.

Se trata de una medida de fuerza impulsada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), en reclamo de mejoras salariales y laborales. En este contexto, las dependencias locales afines a la entidad gremial se adhirieron.

Los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900 y Entre Ríos al 400 funcionarán bajo un esquema de guardias mínimas hasta la finalización de la medida, con atención restringida.

Es la tercera vez en menos de dos meses que se lleva a cabo un paro de la misma magnitud en el sector.

En el marco del femicidio de Agostina Vega, la Justicia ordenó la detención de un hombre que residía en la vivienda de Claudio Barrelier, el único imputado por el crimen de la adolescente de 14 años.

Según trascendió, el detenido era inquilino y amigo de Barrelier y ocupaba una habitación en la planta baja de la propiedad ubicada en Juan del Campillo 878, en barrio Cofico, el lugar donde la joven fue vista por última vez antes de desaparecer.

La medida fue ordenada por la Justicia bajo la acusación de encubrimiento agravado, en el marco de una investigación que intenta determinar si el principal sospechoso actuó solo o contó con algún tipo de colaboración antes o después del crimen.

El hombre había tomado notoriedad en las últimas horas tras brindar una entrevista televisiva utilizando el nombre ficticio de “Carlos”. Allí relató que vivió en la vivienda durante unos 25 días y aseguró que abandonó el lugar el mismo sábado en que ocurrieron los hechos.

Durante esa entrevista, afirmó que ese día compartió un viaje en Uber con Barrelier desde la casa de barrio Cofico hasta un complejo deportivo donde el acusado jugaba al fútbol. Según su versión, allí se encontraron con Agostina, su madre Melisa y un hermano menor de la adolescente.

Además, recordó una situación que le llamó la atención en aquel momento: aseguró que Agostina le pidió a Barrelier su número de teléfono delante de su madre. “Claudio, no te olvides de pasarme tu número”, habría dicho la joven, según su testimonio.

La causa que investiga a Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega, sumó este jueves un nuevo capítulo con la aparición pública de la primera mujer que lo denunció. A través de su abogada, Mónica Picco, se conocieron detalles del hecho ocurrido en mayo de 2025 y que ahora forma parte del expediente principal que se encuentra bajo la órbita de la Justicia cordobesa.

Según explicó la letrada, la joven, identificada como Milagros, y Claudio Barrelier Picco "se conocieron en 2022 por unas tías" e "intercambiaron celulares".

De acuerdo a su relato, el acusado la habría convencido de acudir a su vivienda bajo la promesa de entregarle una importante suma de dinero para que le guardara unos fondos. Sin embargo, una vez dentro de la casa, la situación tomó un rumbo completamente distinto. "La ata de manos y pies, le pone una cinta en la boca", aseguró.

Además, Picco relató que el hombre la obligó a permanecer desnuda bajo distintos pretextos y le quitó tanto el celular como las llaves de su motocicleta. La abogada calificó al imputado como “un monstruo” y aseguró que la víctima logró escapar tras desatarse parcialmente.

Además, relató que el hombre la obligó a permanecer desnuda bajo distintos pretextos y le quitó tanto el celular como las llaves de su motocicleta. La abogada calificó al imputado como “un monstruo” y aseguró que la víctima logró escapar tras desatarse parcialmente.

Marcelo Eduardo Porcel ya tiene colocada la tobillera electrónica ordenada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, tras la confirmación de su procesamiento en una causa que investiga presuntos delitos sexuales contra diez adolescentes.

La medida se concretó este miércoles, días después de que el empresario fuera visto en una misa en la Basílica de Luján sin el dispositivo de control.

La resolución judicial confirmó el procesamiento dictado en abril por el juez Carlos Bruniard, quien consideró que existen elementos suficientes para investigarlo por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representación sexual de menores de edad. Los camaristas dispusieron además un sistema permanente de rastreo y geolocalización para monitorear sus movimientos.

Durante una reciente audiencia, tanto la fiscalía como la querella solicitaron la prisión preventiva de Porcel. Incluso, siete de las diez presuntas víctimas presentaron una carta respaldando este pedido. Sin embargo, la Cámara rechazó la detención y optó por reforzar las restricciones ya vigentes, incluyendo dispositivos de alerta para los denunciantes ante cualquier eventual acercamiento del imputado.

La investigación se inició en 2024 a partir de denuncias de padres y adolescentes que señalaron presuntos abusos ocurridos en reuniones organizadas en el entorno familiar del empresario. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran testimonios en Cámara Gesell, peritajes y fotografías halladas en el teléfono de Porcel que, según la causa, habrían sido tomadas de manera oculta mientras algunos menores se encontraban desnudos dentro de su vivienda.

Un joven y dos hombres acusados de llevar a cabo una entradera en Carcarañá el pasado 25 de mayo fueron imputados y recibieron una pena de cuatro meses de prisión preventiva. Ingresaron a robar en una vivienda de San Martín al 800, fueron descubiertos por la víctima y cayeron tras una persecución policial que terminó en la autopista Rosario-Córdoba.

Los detenidos, identificados como Alan Espíndola (26), Juan Paré (37) y Juan Cardona de la Cruz (54), fueron llevados a audiencia imputativa este jueves ante el juez Guillermo Lanfranco Pari, en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez.

En este contexto, la fiscal Abi Luz Cabrera les adjudicó el delito de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa y en calidad de coautores, además de portación ilegal de arma de fuego de guerra consumada.

De acuerdo a la versión expuesta en la instancia judicial, Paré y Espíndola, oriundos de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, respectivamente, forzaron la puerta del domicilio mientras Cardona de la Cruz, de nacionalidad venezolana y radicado en Zavalla, aguardaba al volante de un Chevrolet Agile.

Los asaltantes huyeron con tres computadoras portátiles, una cámara y bijouteríe, entre otros elementos personales de la víctima, quien los encontró dentro de su casa. Los imputados escaparon en el vehículo por la ruta S26 y fueron interceptados en la autopista Rosario-Córdoba. Durante el procedimiento, los policías secuestraron una pistola calibre 9 milímetros cargada, el rodado y los objetos robados.

Manuel Adorni podría presentar su declaración jurada a comienzos de junio, en medio de la presión política y judicial por la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Desde el entorno del funcionario aseguran que trabaja junto a sus contadores en la documentación vinculada a propiedades, gastos y viajes al exterior, aunque todavía no hay una fecha confirmada para la presentación oficial.

En el oficialismo generaron malestar las declaraciones públicas de Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, quienes reclamaron públicamente que Adorni avance con la difusión de su patrimonio. Incluso, desde la Casa Rosada consideran que Bullrich se adelantó a los tiempos políticos del Gobierno cuando habló del tema semanas atrás.

Por su parte, Villarruel también se refirió a la situación y sostuvo que esperaba la presentación de la declaración jurada del ex vocero presidencial. La tensión interna volvió a dejar expuestas las diferencias entre distintos sectores libertarios, especialmente en el vínculo entre la vicepresidenta y el círculo más cercano al presidente Javier Milei.

Mientras tanto, en Casa Rosada buscan bajarle el tono a la investigación judicial y aseguran que el expediente no continuará mucho más allá de los próximos meses. La causa está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo, quienes continúan reuniendo documentación y pruebas vinculadas al patrimonio de Adorni.

El fiscal Gerardo Policita confirmó que la documentación presentada por el contratista Matías Tabar coincide con el gasto declarado para las obras realizadas en la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según señala el expediente, las refacciones demandaron una inversión total de US$245 mil.

Tabar se presentó de manera espontánea ante la fiscalía de Comodoro Py y entregó facturas, recibos y comprobantes vinculados a materiales, proveedores y mano de obra utilizados durante los trabajos. De acuerdo con su exposición, gran parte de los pagos se realizaron en efectivo y sin emisión de factura formal.

Las tareas se llevaron adelante durante aproximadamente diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, e incluyeron remodelaciones en distintos sectores de la propiedad ubicada en el country Indio Cuá. Entre las intervenciones detalladas aparecen obras en pisos, cocina, baños, quincho y también arreglos en la pileta.

En declaraciones públicas, el contratista sostuvo que el presupuesto original era bastante menor y explicó que el valor final creció por las modificaciones incorporadas a medida que iba avanzando la obra.

“Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo”, afirmó Tabar, quien además indicó que sus honorarios personales ascendieron a US$20 mil.

Una pareja entregó a la Secretaría de Niñez a  una niña que vivía bajo su cuidado en la localidad santafesina de Guadalupe Norte sin autorización judicial. La menor no compartía un vínculo biológico con los adultos. 

Así lo confirmó la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia provincial. Según las primeras informaciones, la pareja se hizo cargo de la menor sin que haya una resolución judicial o la intervención formal de organismos competentes. En este marco, acudieron a la Justicia para pedir la tutela y les rechazaron la solicitud. Ambos sostienen que cuidaron a la menor con el consentimiento de la madre biológica, que pidió ayuda vía Facebook. 

A partir de la resolución, los involucrados tuvieron un plazo de 24 horas para presentarse ante el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano con la niña. Cumplieron con el pedido y la menor quedó al resguardo de la secretaría, mientras se trabaja en encontrar un proyecto de vida para la nena.

Por otra parte, se reveló que la misma pareja quiso adoptar a un niño con medida de protección el año pasado en Vera. Fue en el contexto del programa de Familias Solidarias y, en dicha instancia, fueron descartados.

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó la comparecencia de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para que brinde explicaciones sobre la intervención de la entidad en el operativo que permitió el retorno al país de Nahuel Gallo.

El gendarme permaneció privado de su libertad en Venezuela durante 448 días antes de ser excarcelado. La Justicia busca documentar los pormenores de la mediación de la AFA y el modo en que se coordinaron las gestiones institucionales.

Uno de los elementos centrales de la convocatoria es el reporte de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien indicó que Gallo recibió una videollamada de Tapia instantes antes de abordar el avión privado que lo trasladó a la Argentina.

Según la funcionaria, ese contacto telefónico permitió que el agente confirmara que se trataba de una operación vinculada a la organización deportiva. Por su parte, el gendarme ya prestó una declaración extensa ante el juez federal Sebastián Ramos y el propio fiscal Stornelli.

En su testimonio de más de tres horas, Gallo relató haber sufrido torturas físicas y psicológicas durante su cautiverio en el penal de El Rodeo I. Además, detalló que recién comprendió que su destino era el regreso a la Argentina al encontrarse con directivos de la AFA dentro de la aeronave.

Desde la institución deportiva se había manifestado previamente que el trabajo se realizó de manera reservada junto a la Federación Venezolana de Fútbol y la Conmebol.

El requerimiento del Ministerio Público Fiscal apunta ahora a formalizar estos aspectos operativos y conocer el alcance real de la intermediación con los actores extranjeros. Por el momento, las autoridades judiciales no informaron la fecha ni la modalidad en la que se llevará a cabo la audiencia del dirigente.

Gianinna Maradona compartió este jueves un emotivo mensaje tras la última audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, donde volvió a declarar el neurocirujano Leopoldo Luque y exhibió imágenes de la autopsia del exjugador.

“Un día menos para volver a encontrarnos... No voy a parar, con el alma rota, el corazón destruido y la psiquis cagada a palos. NO VOY A PARAR HASTA EL FINAL. ¡Te lo prometo, te amo!”, escribió la hija del ídolo argentino en una historia de Instagram acompañada por una foto abrazando a su padre y la canción “Nunca lo olvides” del grupo Airbag.

Durante la audiencia, Gianinna protagonizó un fuerte momento de tensión cuando calificó dos veces como “hijo de puta” a Luque tras la exposición del material forense. Visiblemente conmovida, la joven de 36 años, abandonó la sala entre lágrimas. Ante ese escenario, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón resolvieron suspender momentáneamente la jornada.

El juicio continuará el próximo 20 de mayo, cuando volverán a declarar Luque y el psicólogo Carlos Díaz. En la causa también están imputados la psiquiatra Agustina Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador Mariano Perroni, la responsable de cuidados domiciliarios Nancy Forlini y el médico Pedro Di Spagna, todos acusados de presunto homicidio simple con dolo eventual.

La investigación por las presuntas maniobras ilegales con combustible dentro de la Unidad Regional II ingresó en una nueva etapa luego de que el fiscal José Luis Caterina presentara los pedidos de pena contra 19 efectivos y dos civiles.

Uno de los principales apuntados es el ex titular de la URII, Daniel Acosta, para quien la Fiscalía solicitó 12 años de prisión. En tanto, su ex secretario privado, Rodrigo Domínguez, enfrenta el pedido de condena más alto de la causa, con 14 años. También, quedó bajo acusación la empresaria Mónica Bianconi, dueña de una estación de servicio de zona sur señalada como el lugar donde se realizaban las operaciones investigadas.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores, el mecanismo habría funcionado durante casi dos años mediante consumos adulterados, cargas inexistentes y movimientos irregulares con tarjetas utilizadas para abastecer patrulleros. El expediente sostiene que distintos sectores de la fuerza participaban de la operatoria, desde personal encargado de las cargas hasta jefes policiales que controlaban áreas internas.

La causa reúne una importante cantidad de pruebas, entre ellas seguimientos por GPS, documentación sobre consumos incompatibles con vehículos fuera de servicio y procedimientos en los que se secuestraron grandes sumas de dinero, neumáticos y cientos de tarjetas de combustible.

Trabajadores Judiciales de Rosario impulsarán su segundo paro en lo que va de mayo este viernes, con cese de actividades por 24 horas. Previamente, este miércoles al mediodía, continuarán con el plan de lucha en reclamo salarial con un banderazo.

Se trata de la medida de fuerza impulsada por la Unión de Empleados Judiciales de la nación (UEJN) a nivel nacional. Desde el gremio exigen una recomposición salarial real y sostenida, transparencia sobre el ahorro generado durante el periodo de austeridad y el acceso a una cobertura de salud.

En el marco de las manifestaciones a nivel nacional, desde la seccional rosarina encabezarán un banderazo este miércoles. La convocatoria será a partir de las 12:00 en los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900.

Luego del reclamo del 8 de mayo en el que los edificios judiciales funcionaron con guardias mínimas, habrá un nuevo paro este viernes 15 de mayo y se espera que la actividad en el rubro se vea afectada durante la jornada.

La Justicia federal resolvió procesar a la exfiscal Viviana Fein por el delito de encubrimiento agravado, al considerar que cometió serias irregularidades en el manejo inicial en la escena donde apareció muerto Alberto Nisman, fiscal de la UFI-AMIA, en enero de 2015.

La resolución fue tomada por el juez Julián Ercolini e incluyó además un embargo preventivo de 15 millones de pesos sobre los bienes de Fein. Según sostuvo el magistrado en el fallo, la entonces fiscal no preservó correctamente la escena del hallazgo en el complejo Le Parc y Permitió la pérdida o alteración de pruebas clave en un momento determinante para esclarecer el caso.

Para el juez, está probado en la Justicia argentina que Nisman fue víctima de un homicidio. En los fundamentos, Ercolini remarcó que las omisiones de Fein generaron "un grave perjuicio" para la investigación y remarcó que no se recolectaron todos los elementos probatorios que debían preservarse.

Asimismo, señaló que el departamento pudo haber sido alterado tanto por decisiones propias como por acciones que actuaban bajo su órbita en esas primeras horas de trabajo.

Alberto Nisman apareció muerto con un disparo en la cabeza durante el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, pocos días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA mediante el Memorándum con Irán.