La Justicia dictó este lunes la prisón preventiva para el joven de 19 años acusado de intentar asesinar a su expareja en un departamento de Paraguay al 1700, en Rosario.

Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, la fiscal Laura Riccardo le atribuyó a Luciano de Gaspari. el delito de tentativa de homicidio triplemente calificado, por haber sido cometido contra una persona con quien mantuvo una relación de pareja, por violencia de género y por alevosía.

El hecho ocurrió el jueves 20 de agosto alrededor de las 16:20. De acuerdo con la reconstrucción realizada, el joven se encontraba junto a Alisson C., de 18 años, cuando ambos comenzaron a discutir en el living-comedor del departamento. Luego, Luciano la habría llamado desde una habitación y le dijo que tenía un regalo para ella. Cuando la joven se dio vuelta, el acusado la atacó con un cuchillo.

Como consecuencia de la agresión, Alisson sufrió múltiples heridas en el tórax, la espalda, las manos y los brazos, además de cortes en la cabeza y el abdomen. A causa de las graves lesiones, fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde permanece internada con pronóstico reservado. El acusado, en tanto, se encuentra hospitalizado en el Hospital Centenario.

El juez de primera instancia Alejandro Negroni hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. Una vez que reciba el alta médica, Luciano D.G. deberá ser trasladado al Servicio Penitenciario. En la audiencia también se estableció que el joven y la víctima habían mantenido una relación de noviazgo durante aproximadamente cuatro meses, aunque la pareja ya se había separado al momento del ataque.

La Fiscalía de Rosario imputó este viernes a Juan Gabriel A. por el transfemicidio de Gabriela Denisse Banach, ocurrido el pasado 9 de agosto en un departamento ubicado en Cerrito al 600.

Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Rodrigo Urruticoechea le atribuyó el delito de transfemicidio calificado, en carácter de autor, por tratarse de un crimen en contexto de violencia y odio de género.

Según la reconstrucción del hecho que presentó la Fiscalía, el acusado ingresó junto a Banach al departamento alrededor de las 3:19. Allí, mantuvieron un encuentro sexual consentido, y aprovechando que la víctima se encontraba indefensa, la habría atacado con un elemento firme y rugoso en la cabeza y el rostro, además de provocarle lesiones en distintas partes del cuerpo y la luxación del hombro izquierdo, heridas que finalmente causaron su muerte.

De acuerdo con la acusación, Juan Gabriel A. permaneció en el lugar hasta aproximadamente las 5:19 y luego escapó, manteniéndose prófugo durante cuatro días. Finalmente, fue detenido el 13 de agosto por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), alrededor de las 14:40, en inmediaciones de Moreno al 1900.

Además del homicidio, la Fiscalía le atribuyó haberse apoderado del teléfono celular y la billetera de Banach, que contenía tarjetas y documentación personal. Los elementos habrían sido trasladados por el acusado en un bolso de color azul y blanco. Tras la audiencia, el juez de primera instancia Bilbao Benítez dio por formalizada la imputación y ordenó la prisión preventiva del acusado por el plazo de ley. 

El Gobierno de Santa Fe confirmó este jueves que actualizó la recompensa económica a cambio de información que permita esclarecer el crimen de Candelaria Enrique, la niña de 5 años que fue alcanzada por una bala perdida en zona sudoeste durante la Navidad de 2022. Pasó de 16 a 25 millones de pesos.

Se trata de uno de los casos sin resolver que conmovió a la ciudad un 25 de diciembre. La nena se encontraba celebrando las fiestas con su familia y mirando los fuegos artificiales en la puerta de la casa de un familiar, en Iriondo al 3900, cuando un proyectil calibre 9 milímetros de origen desconocido la impactó en la cabeza.

Según el relato, el tío de la menor la encontró tendida en el suelo a las 0:05 y la levantó creyendo que se había caído por sus propios medios. Luego, su madre la llevó al Sanatorio de la Mujer, donde falleció horas más tarde producto de la gravedad de la lesión cerebral que provocó la bala.

La Fiscalía Regional 2 volvió a pedir colaboración a la población para encontrar al autor del disparo y recalcó que, tras un análisis investigativo a cargo de expertos, determinaron que el posible radio de tiro es de 1 kilómetro a la redonda de donde cayó la bala.

Los testigos que deseen colaborar deberán contactarse vía telefónica a través del 911. También pueden hacerlo por mail a recompensas@mpa.santafe.gov.ar, por las redes sociales oficiales de la Fiscalía Regional 2 o, en caso de querer brindar los datos presencialmente, pueden acercarse al Centro de Justicia Penal de Rosario (Sarmiento 2.850) o en cualquier sede de Fiscalías Regionales de Santa Fe.

En este sentido, desde el Gobierno de Santa Fe recalcaron que “la identidad de aquellas personas que brinden información será preservada durante y después de finalizada la investigación”.

Se trata de la cuarta recompensa actualizada por el Ejecutivo provincial durante esta semana. Previamente, también elevó los incentivos a 25 millones de pesos para intentar dar con información clave sobre los casos de Mauro Villamil, Matías Isassa y Damián Lucero.

Nadia Beller volvió a referirse al ataque que sufrió y por el que recibió cuatro disparos. Desde la clínica Las Américas de Santa Cruz de la Sierra, la abogada de 33 años, expareja de Fernando Cerimedo, aseguró que el consultor político habría estado detrás de la emboscada y apuntó directamente contra Karina Milei al relatar conversaciones que, según sostuvo, mantuvo con su exnovio durante los meses que estuvieron juntos.

Beller afirmó que Cerimedo le habló de presuntos hechos de corrupción dentro del Gobierno argentino y vinculó esas revelaciones con la causa ANDIS. “Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune”, sostuvo. Luego se refirió específicamente a la hermana del Presidente: “Solo sé, por boca de él (Cerimedo), que estaba involucrada la hermana de Javier Milei”.

La mujer también mencionó los vínculos políticos de su expareja y aseguró que su relación más cercana dentro del Gobierno era con Patricia Bullrich, con quien, según su versión, coordinaba cuestiones vinculadas a seguridad. Además, afirmó que Cerimedo había trabajado en una campaña contra Victoria Villarruel.

Por otra parte, Beller acusó a Cerimedo de recibir dinero proveniente de presuntos hechos de corrupción en Bolivia y trasladarlo a la Argentina a través de distintas empresas. “Él decía que facturaba 800.000 dólares mensuales”, afirmó. La expareja del consultor permanece internada mientras avanza la investigación por el ataque que sufrió y que es analizado como un posible intento de femicidio.

El Gobierno de Santa Fe ultima detalles para la implementación de la baja de la edad de imputabilidad en Argentina y este miércoles afirmaron que la provincia "está preparada" para la modificación normativa. El nuevo Régimen Penal Juvenil entrará en vigencia el próximo 5 de septiembre.

Así lo aseguró esta mañana la vocera provincial, Virginia Coudannes, durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno en la que abordó diversos temas de actualidad. En este sentido, se refirió a la aplicación de la Ley 27.801 a nivel nacional, que reducirá de 16 a 14 años el límite para juzgar a adolescentes por delitos.

En primera instancia, la funcionaria remarcó: “En Santa Fe ya estamos preparados para aplicar la baja de edad de imputabilidad, un proyecto que el gobernador Maximiliano Pullaro ha sostenido y acompañado". 

En la misma línea, aclaró que “no es necesario generar ningún tipo de estructura, cargos, oficinas, ni nuevos recursos humanos" para la llegada del nuevo régimen, debido a que el Ejecutivo provincial se anticipó y tiene "todo el sistema dispuesto para empezar a aplicar la normativa”.

Por otro lado, Coudannes recordó que la nueva legislación “contempla medidas alternativas y privativas de la libertad, desde prisión domiciliaria hasta establecimientos de puertas abiertas o cerradas, con un régimen similar al penitenciario”. Por último, concluyó: "Santa Fe cuenta con un Estado capaz de responder a los cambios normativos de manera eficiente, eficaz y rápida".

El consultor político Fernando Cerimedo, quien fue asesor del presidente Javier Milei, fue detenido en Bolivia mientras se encontraba en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. El arresto se produjo cuando estaba a punto de abordar un vuelo con destino a la Argentina y quedó a disposición de las autoridades locales.

La investigación se inició a partir del ataque a balazos contra Nadia Beller, expareja de Cerimedo, ocurrido en la ciudad boliviana. La mujer fue abordada por dos personas que llegaron en una motocicleta, con cascos y vestidos como repartidores de delivery. Los agresores le dispararon a corta distancia y luego amenazaron a otro trabajador, a quien le robaron la moto para escapar.

Tras el ataque, Beller fue trasladada de urgencia a la Clínica Las Américas, donde debió ser sometida a una intervención quirúrgica. Según la información publicada por Bolpress, la abogada permanece estable, aunque con pronóstico reservado. Los investigadores buscan dar con los autores materiales y determinar si existió una planificación previa al hecho.

Cerimedo fue aprehendido por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y trasladado a dependencias policiales, donde debía prestar declaración. La Justicia investiga si el consultor, que se hizo conocido en Argentina por su trabajo en comunicación digital y por su vínculo con el espacio político de Milei, tiene algún vínculo con el ataque.

El Gobierno de Santa Fe actualizó este martes a 25 millones de pesos las recompensas para los interesados en brindar datos clave sobre tres crímenes sin resolver en Rosario. Se trata de los homicidios de  Mauro Villamil, Matías Isassa y Damián Lucero. En este contexto, recordaron las vías de comunicación para los interesados y garantizaron anonimato.

El primero de los casos englobados por el programa de compensación económica data del 3 de mayo de 2023. Alrededor de las 18:50, Mauro Villamil, de 36 años, fue asesinado en el marco de una balacera mientras compraba en una verdulería ubicada en Corrientes y Gutiérrez, en el barrio Tiro Suizo de la zona sur de la ciudad. Dos empleadas resultaron heridas.

De acuerdo a la versión de la Fiscalía, tres sospechosos estacionaron en Entre Ríos y Gutiérrez a bordo de un Renault Logan blanco y, luego de que uno de ellos arrojara una presunta nota, abrieron fuego contra el comercio. Los peritos secuestraron 37 vainas servidas de calibre 9x19 y .380 milímetros. Los autores no fueron identificados.

Otro de los hechos por los que el Ejecutivo provincial pide información es el crimen de Matías Isassa, ocurrido el 7 de agosto de 2023 a la 1:25. La víctima se encontraba junto a una chica en un cantero de Lamadrid y bulevar Oroño, zona sur, cuando fue abordado por un delincuente que trató de robarle la moto. El joven se resistió, fue atacado con un arma blanca y murió de una puñalada.

Previamente, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) expuso imágenes del individuo prófugo, quien escapó por Lamadrid hacia el este y fue visto por las cámaras de videovigilancia por última vez en Gutiérrez y Vuelta de Obligado. Piden colaboración para identificarlo.

La última de las investigaciones estancadas es la más antigua y está vinculada al asesinato de Damián Lucero. El 1° de marzo de 2015 a las 4:16, el hombre de 36 años había salido a buscar a su hija, quien arribaba de un viaje en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, y fue interceptado por dos asaltantes en Constitución al 400, quienes lo agredieron y le provocaron lesiones corto punzantes que derivaron en su muerte.

Según la versión de la Fiscalía, se trató de un motociclista y una mujer que circulaban en una Honda Wave bordó o roja, la cual utilizaron para huir de la escena. Buscan identificar y dar con el paradero de ambos sospechosos.

Luego de contar con recompensas de 8 y 16 millones de pesos en el pasado, los tres casos cuentan con un incentivo económico de 25 millones de pesos a partir de este martes.

Los testigos que deseen colaborar deberán contactarse vía telefónica a través del 911. También pueden hacerlo por mail a recompensas@mpa.santafe.gov.ar, por las redes sociales oficiales de la Fiscalía Regional 2 o, en caso de querer brindar los datos presencialmente, pueden acercarse al Centro de Justicia Penal de Rosario (Sarmiento 2.850) o en cualquier sede de Fiscalías Regionales de Santa Fe.

En este sentido, desde el Gobierno de Santa Fe recalcaron que “la identidad de aquellas personas que brinden información será preservada durante y después de finalizada la investigación”.

Un joven de 28 años acusado de asesinar a un jubilado de 84 durante un asalto en el barrio Echesortu de Rosario fue condenado este miércoles a 20 años de prisión efectiva. Fue en el marco de un procedimiento abreviado.

Se trata de Víctor Almaraz, quien está señalado como responsable del crimen de Miguel Rafael Majlin perpetrado el 3 de febrero de 2024. El agresor abordó a la víctima fatal cuando trataba de subirse a su camioneta Ford EcoSport estacionada en Río de Janeiro y Mendoza. Adentro del vehículo, estaba su esposa. 

De acuerdo a la versión respaldada por los fiscales Patricio Saldutti y Agustina Eiris, el delincuente forcejeó con el conductor, lo golpeó, subió al rodado rodado y arrancó con la mujer de 81 años sentada en el asiento del acompañante. Majlin quedó debajo del auto y, como consecuencia de una caída tras la pelea, sufrió un fuerte golpe en la cabeza. La mujer de 81 años fue empujada por el ladrón a los pocos metros y resultó herida.

A Majlin lo trasladaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde lo diagnosticaron con un traumatismo craneoencefálico grave que derivó en su fallecimiento horas más tarde.

A su vez, a Almaraz se le adjudicó participación en el hurto de un Volkswagen Surán el 19 de enero de 2024 en Sucre y Marcos Paz. El vehículo luego fue utilizado en una balacera a la sede de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), en Rouillón al 1.900, el día siguiente.

Los jueces de Primera Instancia Paula Álvarez, Pablo Pinto y Valeria Pedrana dictaron la pena de dos décadas por los delitos de homicidio en ocasión de robo y lesiones leves, ambos en carácter de autor; hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública; e intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego, en carácter de coautor.

Este miércoles se llevó adelante la segunda jornada del juicio contra Cristian Gabriel Álvarez Congiú, conocido como Pity Álvarez, por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, ocurrido en 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. 

Durante la audiencia declararon cuatro testigos. El primer testimonio fue de Verónica Román, expareja de Díaz y madre de una de sus hijas. La mujer aseguró que nunca había visto al fallecido portar armas y afirmó sobre su vínculo con el músico: “Sé que era vecino porque vivía ahí. Nunca los vi con un trato frecuente”. Al referirse al juicio, sostuvo: “Espero que se haga justicia por él. Lo que veo es que no hay arrepentimiento de lo que hizo”.

Luego declaró Agustina Inbernoz, quien era pareja de Pity al momento del crimen. La mujer brindó su testimonio a través de Zoom desde California y pidió que se retirara al público de la sala. Al comienzo, manifestó no recordar con precisión buena parte de lo ocurrido aquella noche, incluso cuando le fueron leídos fragmentos de su declaración anterior. Sin embargo, sostuvo que Díaz fue quien se acercó a Álvarez para buscar una pelea y aseguró que, al escuchar las detonaciones, se dio vuelta y no vio los disparos. También reconoció que, por pedido de “Pity”, descartó el arma homicida en una alcantarilla de la autopista Dellepiane y confirmó que después del episodio ambos fueron al boliche Pinar de Rocha.

El tercer testimonio fue el de Marcelo Pedroso, vecino de la Torre 12 A del barrio Samoré, quien escuchó los disparos y observó la escena desde su departamento. “No fui testigo presencial”, aclaró. Según contó, vio el cuerpo de Díaz sobre la vereda y a una pareja alejándose. “Nos preguntamos: ‘¿Ese es el Pity?’. Por la forma de caminar pensamos que sí podía ser. Y enseguida lo confirmamos porque la chica gritó: '¿Qué hiciste, Cristian?'”, relató. Pedroso también recordó que conocía al músico del barrio y que en algunas oportunidades lo había llevado en su auto a ensayar: “Se portaba bien”, afirmó.

El último testimonio de la jornada fue el de Raúl Prieto Inbernoz, padrastro de Agustina. Contó que se encontró con Pity en Pinar de Rocha y que el músico llegó apurado. “Me dijo: 'Maté a un chabón'”, relató. No obstante, aseguró que en ese momento no le creyó. La situación cambió cuando regresó al barrio junto a la madre de Álvarez y una mujer les señaló una mancha de sangre. “Ahí tomé conciencia de que había habido una muerte. Ahí me cayó la ficha”, sostuvo. También contó que horas después Pity le dijo: “Me quiero entregar”, aunque finalmente se bajó del auto en Caseros.

Durante su declaración, Prieto reprodujo además el relato que Agustina le había hecho sobre la discusión previa al crimen. Según su testimonio, Díaz habría hostigado a Álvarez durante un largo rato, lo habría empujado, escupido y golpeado, y le habría dicho: “No tenés huevos. Pegame un tiro si tenés huevos”. El juicio continuará el viernes 14 de agosto a las 10, cuando está prevista una nueva audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal 29.

El fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó en la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y le envió un requerimiento de justificación patrimonial con 20 puntos que deberá responder.

La medida se tomó después del análisis realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), que comparó la información de sus declaraciones juradas con los movimientos patrimoniales registrados durante el período investigado.

El exjefe de Gabinete tendrá 15 días para explicar el origen de distintos fondos y operaciones que, de acuerdo con la fiscalía, no pudieron ser conciliados hasta el momento con los ingresos lícitos declarados por el grupo familiar. Entre los puntos que deberá aclarar, aparecen los dólares en efectivo declarados, préstamos recibidos de familiares y el dinero utilizado para adquirir una camioneta Jeep, además de la compra y remodelación de propiedades.

También tendrá que brindar precisiones sobre el lote 380 del Country Indio Cua, donde se registró un pago de US$245.000 a un contratista, y sobre el inmueble ubicado en Miró 550, adquirido y equipado con parte de los pagos realizados en dólares y efectivo. Asimismo, deberá responder preguntas sobre sus operaciones con criptoactivos, entre ellas una inversión en Bitcoin cercana a los US$200.000, según trascendió, y sobre gastos, facturas y consumos realizados mediante tarjetas adicionales utilizadas por terceras personas.El informe de la DAFI fue elaborado en base a la reconstrucción de la evolución económica de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad. El organismo analizó bienes, inversiones, disponibilidades, créditos y deudas, tanto de manera individual como en conjunto, y comparó esa información con las distintas declaraciones juradas presentadas, incluidas sus rectificaciones. 

En paralelo, Adorni también aparece mencionado en otra causa vinculada con un viaje a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, realizado en un vuelo privado junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio. Ese expediente busca determinar quién financió el traslado, cuál era el vínculo entre ambos y qué relación tenía el empresario con contratos de la TV Pública y otros organismos estatales.

Tras varios años de demoras, este lunes a las 10.00 comenzó en los tribunales porteños el juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

La defensa del músico había intentado postergar nuevamente el inicio del proceso al sostener que todavía existían recursos pendientes. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 rechazó el pedido y confirmó el comienzo del debate. El fiscal Sandro Abraldes también se había pronunciado en contra de la suspensión y expresó que las cuestiones pendientes podían resolverse durante el juicio.

Uno de los puntos analizados por el tribunal fue la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso. Los informes elaborados por el Cuerpo Médico Forense concluyeron que el músico posee las condiciones cognitivas necesarias para ser juzgado. El juez Gustavo Goerner advirtió, además, que el proceso no podía quedar condicionado indefinidamente a tratamientos de rehabilitación, ya que eso implicaría una postergación permanente del debate.

Según la acusación, durante la madrugada del 12 de julio de 2018 Álvarez mantuvo una discusión con Díaz en el barrio Samoré y luego le disparó con una pistola calibre 6.35. La víctima recibió varios impactos de bala y falleció en el lugar. Tras el ataque, el músico escapó junto a su novia y, horas más tarde, se entregó en una comisaría de Villa Lugano. Al llegar, reconoció ante los medios: “Yo fui el que disparé. Lo maté”, aunque afirmó haber actuado en defensa propia.

El expediente también incluye otros hechos por los que Álvarez deberá responder: privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas contra su mánager y una amiga, ocurridos en 2016. El juicio contempla 11 audiencias entre agosto y septiembre, con alrededor de 70 testigos convocados. El músico podría recibir una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Axel Mendoza, acusado del femicidio de Débora Bordón, de 31 años, ocurrido el martes en un departamento del barrio Luis Agote de Rosario, será imputado este viernes. La fiscal Anabel Cerutti presentará las pruebas reunidas ante el juez Aldo Bilbao Benítez para atribuirle el crimen perpetrado en una vivienda ubicada en Crespo al 500, donde la víctima fue encontrada sin vida minutos después de la medianoche.

De acuerdo con la investigación, esa noche Mendoza había recibido a Débora en su monoambiente. Los investigadores intentan reconstruir el vínculo que existía entre ambos y el móvil del ataque. En ese marco, la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI analiza los teléfonos celulares secuestrados, una medida que aportaría información relevante para avanzar en la causa.

El hecho fue advertido por vecinos del edificio, quienes escucharon pedidos de auxilio durante la madrugada. Una residente del lugar aseguró que pudo percibir que alguien intentaba silenciar los gritos de la víctima y dio aviso al 911. Cuando llegó la Policía, un vecino ingresó al departamento por el balcón y encontró el cuerpo de la joven. En el interior de la vivienda se halló documentación que permitió identificar al ocupante del departamento, quien se había fugado de la escena.

Mendoza fue detenido poco después en un bar de la estación de servicio ubicada en Sarmiento y Pellegrini, donde estaba junto a su madre. El médico policial constató que presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, que, en principi,o habrían sido provocadas durante un forcejeo.

Tras conocerse el crimen, comenzaron a difundirse varios testimonios anónimos de al menos dos exparejas y mujeres que habrían tenido algún tipo de vínculo con el acusado, quienes lo señalaron por presuntas conductas obsesivas y de control. Esos relatos fueron compartidos por las hermanas de Débora, que este viernes acompañarán la audiencia con una manifestación frente al Centro de Justicia Penal para exigir Justicia.

Candela Arizaga, la joven rosarina de 23 años que permanece en observación en el Hospital Pirovano, declaró este martes ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y negó haber sido víctima de una agresión por parte de Facundo Moyano, quien permanece detenido por orden judicial.

Según trascendió, Arizaga manifestó que el exdiputado "no le hizo nada" y sostuvo que el episodio sucedió en un contexto de consumo de estupefacientes. No obstante, la investigación continúa su curso y todavía resta definir si la influencer decidirá impulsar una denuncia formal contra el dirigente.

Pese a la declaración de la joven, el fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte, mantiene la detención de Moyano por presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Como parte de las medidas de prueba, se ordenó el análisis de cámaras de seguridad, la toma de testimonios y otras diligencias para reconstruir lo ocurrido.

El abogado Diego Storto, quien representa a Arizaga, indicó que asumirá formalmente la defensa únicamente si la joven decide avanzar con el proceso judicial.

El fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA Norte), ordenó este martes la detención de Facundo Moyano por los presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, tras el episodio ocurrido con la influencer rosarina Candela Arizaga por un episodio de violencia de género.

Tras la disposición de la Justicia, el exdiputado quedó alojado en la Comisaría 13A de la Ciudad de Buenos Aires, aunque no se descarta que sea trasladado en las próximas horas.

En tanto, se confirmó que su defensa estará a cargo del abogado Miguel Molina, acompañado por su socio Alfredo Gascón. Molina ya había representado a Moyano en el proceso de divorcio con Eva Bargiela.

En el marco de la pesquisa, la Fiscalía ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la toma de testimonios y una entrevista formal con la víctima para reconstruir la secuencia de los hechos. Arizaga fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano, donde también declaró ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad.

La causa quedó en manos del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4, subrogado por la jueza Julia Correa.

La Justicia provincial confirmó este lunes la prisión preventiva efectiva por 120 días para J.Z., uno de los acusados por el homicidio del oficial Eduardo Damián López, ocurrido el pasado 28 de junio en Carcarañá tras los incidentes ocurridos al finalizar la final de la Liga Cañadense de Fútbol.

La resolución fue dictada por el juez de Segunda Instancia, Miguel Moreno, quien rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa y ratificó la medida cautelar dispuesta durante la audiencia imputativa realizada el 3 de julio. La investigación, a cargo del fiscal Juan Pablo Baños, también tiene imputado a A.A., ambos acusados como coautores del delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra un integrante de la fuerza policial en ejercicio de sus funciones.

Según la acusación, el ataque ocurrió cuando un grupo de entre 15 y 20 simpatizantes del Club Atlético Carcarañá agredió a los efectivos que participaban del operativo de seguridad. La Fiscalía sostiene que J.Z. habría golpeado al oficial con una barra de hierro en la cabeza, mientras que A.A. habría empujado ese elemento para profundizar la lesión. López, integrante del Comando Radioeléctrico de Roldán, sufrió un traumatismo craneoencefálico y falleció al día siguiente en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario.

Al mismo tiempo, el Ministerio Público de la Acusación recordó que continúa vigente una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información que permita identificar a otros presuntos coautores, partícipes o instigadores del homicidio. La identidad de quienes colaboren con datos será preservada durante toda la investigación.

La información puede aportarse de manera confidencial a través del 911, por correo electrónico a recompensas@mpa.santafe.gov.ar, mediante las redes sociales de la Fiscalía Regional 2 o en cualquiera de las sedes del Ministerio Público de la Acusación de la provincia.

Dos expolicías del Comando Radioeléctrico acusados de abusar sexualmente de una menor de 15 años el 3 de marzo de 2023 en Roldán fueron condenados este martes en Rosario.

Los detenidos de 28 años, Lautaro Álvarez y Ezequiel Puntano, fueron llevados a juicio en el Centro de Justicia Penal de Rosario ante el juez de primera instancia Mariano Aliau. Son apuntados por un hecho que tuvo lugar en la ruta A012, a la altura de Carlos Gardel, en la ciudad vecina.

De acuerdo a la versión impulsada por la Fiscalía, el episodio sucedió a las 3:00, cuando la adolescente caminaba sola y, luego de que ambos agentes le ofrecieran llevarla hasta su casa en un patrullero, se desviaron hacia la banquina, donde abusaron de ella utilizando la fuerza. Posteriormente, tras ser interrumpidos por una comunicación radial, la llevaron a su domicilio bajo amenaza de que no cuente el abuso.

El magistrado dictó prisión por 12 años para Álvarez por abuso sexual con acceso carnal agravado por haberlo hecho cuando se encontraba en servicio. Por otro lado, en el caso de Puntano, fue condenado a 8 años por los mismos delitos, como partícipe primario. 

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner incorporó un abogado a su equipo de defensa de cara a la etapa internacional de la causa vialidad. Se trata de Rafael Valim, quien asesora al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El jurista trabajará junto al español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la estrategia para impugnar la condena que pesa sobre la exmandataria.

Según trascendió, ambos letrados buscarán cuestionar ante tribunales y organismos internacionales la sentencia que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción, fallo que quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia. En los próximos días presentarán oficialmente la estrategia que llevarán adelante en esta nueva etapa del proceso.

En declaraciones a un medio brasileño, Valim sostuvo que la expresidenta fue víctima de "graves violaciones de derechos humanos fundamentales", uno de los argumentos en el que se centrará la presentación internacional que prepara la defensa para intentar cambiar la situación judicial de la exmandataria.

Valim es especialista en Derecho Público, Derecho Constitucional y derechos humanos, y cuenta con más de dos décadas de trayectoria académica y profesional. Además de asesorar a Lula da Silva, es coautor del libro Lawfare: una introducción, junto al actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Cristiano Zanin, además de poseer experiencia en litigios ante tribunales internacionales.

La Cámara de Apelaciones de Washington falló en contra de la Argentina en el juicio que mantiene con el fondo buitre Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y confirmó que el país deberá pagar más de 390 millones de dólares.

Según la explicación del analista Sebastián Maril, la decisión también reactiva el expediente de la empresa Webuild, que permanecía suspendido a la espera de esta resolución.

La demanda se remonta a la expropiación de la aerolínea de bandera en 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2019, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, dictó un fallo favorable a los demandantes, aunque la Argentina nunca abonó la indemnización.

Al principio, la causa estuvo en manos de Burford Capital, que luego vendió los derechos del litigio a Titan Consortium. Aunque durante 2024 ambas partes habían avanzado en negociaciones para alcanzar un acuerdo, el Estado argentino modificó su estrategia judicial y el fondo inició acciones para ejecutar la sentencia mediante el embargo de activos soberanos.

El juicio por el asesinato de Máximo Jerez, el chico de 11 años baleado el 5 de marzo de 2023 en la zona noroeste de Rosario, empezó este lunes por la mañana. La Fiscalía pide prisión perpetua para los cuatro acusados.

Se trata del caso que sucedió  hace tres años en Cabal y San José, en barrio Los Pumitas, donde la víctima recibió un disparo de arma de fuego en el pecho durante una balacera mientras jugaba con sus primos y murió en la vereda. En el hecho también resultaron heridos dos menores de 13 años y una beba de 2.

El proceso judicial inició alrededor de las 10:00 en el Centro de Justicia Penal local, encabezada por los magistrados Nicolás Vico Gimena, Gonzalo López Quintana y Gustavo Pérez de Urrechu. Los detenidos e imputados por el caso como coautores son Maximiliano C. (27), Nicolás C. (28), Ezequiel G. (37) y Nicolás T. (28). Además, Gustavo B. (54) está acusado por encubrimiento agravado.

De acuerdo a la versión del fiscal Franco Tassini de la Unidad de Homicidios Dolosos, el crimen sucedió a la 1:30, cuando los tiradores llegaron al lugar a bordo de un Honda Civic y dispararon sin mediar palabra contra un grupo de personas que se encontraba en la vía pública. Durante el ataque, una de las balas impactó en Jerez, quien perdió la vida.

En este marco, desde Fiscalía consideran que la balacera no estaba dirigida hacia la familia de la víctima y era un mensaje en contexto de un conflicto entre bandas ligadas al narcomenudeo, efectuado por un grupo que respondía al preso Alex “Araña” Ibáñez.

Tassini pedirá prisión perpetua para los cuatro principales acusados. Previamente, fueron condenados Esteban Ezequiel Merengo y Alejandra Fabiana Rodríguez, vinculados al ocultamiento del auto usado en el ataque y que fue secuestrado en Campodónico al 3.200.

El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exvocero presidencial y exjefe de Gabinete Manuel Adorni.

El documento detectó inconsistencias entre la evolución patrimonial declarada y el nivel de gastos registrados durante los últimos años.

El estudio se focalizó en la situación económica de Manuel Adorni y de su esposa, Betina Angeletti, desde diciembre de 2023. Entre otros aspectos, examinó la evolución de activos, los movimientos financieros, las operaciones con criptomonedas y el flujo de ingresos y egresos. En este sentido, la investigación determinó que existen diferencias entre las declaraciones juradas y los gastos realizados en viajes, remodelaciones de propiedades y otras adquisiciones.

En la causa también fueron incorporadas facturas, comprobantes y testimonios que buscan reconstruir el origen de los fondos utilizados. La defensa del exfuncionario sostiene que el incremento patrimonial se explica por una inversión realizada en Bitcoin entre 2013 y 2014, que habría generado una importante ganancia, aunque esa versión continúa siendo comparada con la documentación bancaria y fiscal.

Mientras avanza el análisis del informe durante la feria judicial, el fiscal deberá decidir cuáles serán los próximos pasos de la investigación. Entre las medidas que podrían tomarse figura un requerimiento para que Adorni justifique el origen de su patrimonio y, en caso de que las explicaciones sean consideradas insuficientes, solicitar su citación a indagatoria, decisión que quedará en manos del juez Ariel Lijo.