En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, declararon ante la Justicia los responsables de la inmobiliaria que intervino en la compra de su departamento en Caballito. Según señalaron, el valor de la propiedad era significativamente superior al declarado en la operación.

La martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi afirmaron que el inmueble se ofrecí inicialmente en US$ 340.000, es decir, unos 110.000 dólares más que los US$ 230.000 por los que finalmente se escrituró. Al mismo tiempo, señalaron que el departamento había sido remodelado, lo que incrementaba su valor en el mercado.

En su declaración, Rucci también indicó que la modalidad de pago utilizada es "poco frecuente" en el rubro inmobiliario, ya que la compra se realizó en 12 cuotas sin interés. Asimismo, aclaró que no participó en la hipoteca vinculada a la operación, aunque manifestó que el contacto entre las partes había sido gestionado por Pablo Feijoo.

Mientras la investigación continúa su curso en los tribunales de Comodoro Py, Feijoo deberá presentarse para aportar su teléfono y documentación vinculada a la transacción. En los próximos días se sumarán nuevos testimonios referidos a operaciones relacionadas con propiedades del entorno del funcionario.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores rechazó el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers condenados a 15 años de prisión por su participación en el asesinato de Fernando Báez Sosa. La solicitud, presentada por su defensa, señalaba un supuesto exceso en el plazo razonable de la prisión preventiva.

Desde la fiscalía, a cargo de Juan Manuel Dávila, se opusieron al planteo al considerar que implicaría un adelanto de pena. Asimismo, remarcaron que el juicio oral se realizó en tiempo y forma y que la condena ya fue confirmada tanto por el Tribunal de Casación Penal como por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En esa línea, también se destacó que fue rechazado el Recurso Extraordinario Federal y que solo resta la resolución de una queja presentada, lo que (según indicaron) garantiza el cumplimiento del principio de doble conforme. A su vez, resaltaron la gravedad del hecho y la necesidad de analizar el caso en su totalidad.

Por último, el tribunal consideró que no se cumplen las condiciones para otorgar la excarcelación. Si bien se señaló que el riesgo de entorpecimiento probatorio perdió peso, se sostuvo que el peligro de fuga continúa vigente e incluso se ve agravado por la condena ya dictada en una causa de alta complejidad.

La vicepresidenta de la agrupación Centro de Integración Riverplatense, vinculada al espacio Primero River, Mónica Ernitz, cuestionó a la dirigencia de River Plate por la falta de respuestas ante una denuncia por presunto abuso sexual. La presentación, realizada el 8 de abril en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45, apunta contra el jefe de la seguridad del club.

Ernitz se refirió al tema durante una entrevista en radio Splendid y sostuvo que elevaron una nota al presidente Stefano Di Carlo el 13 de abril solicitando información sobre el caso, sin obtener respuesta. En ese sentido, mostró su preocupación por el manejo de la institución con respecto al tema y el silencio del oficialismo.

La dirigente opositora explicó que tomo conocimiento del hecho días atrás y que, junto a otros socios, decidieron avanzar con el reclamo por la gravedad de la denuncia. Además, indicó que la persona denunciante es una empleada del área de seguridad del club y puso en duda si se activaron los protocolos correspondientes.

En ese marco, Ernitz señaló que “están involucrados dos empleados del club” y advirtió sobre el “hermetismo” en torno al caso, al tiempo que reclamó una postura clara por parte de la dirigencia. Por otro lado, desde el oficialismo dejaron trascender que la denunciante había tenido conflictos previos y que el hecho denunciado habría sido interpretado como un contacto físico sin intención, lo que también forma parte de la investigación en curso.

La histórica feria de la zona de Playa Bristol, en Mar del Plata, conocida popularmente como "La Saladita", fue desmantelada durante la madrugada de este jueves tras un operativo que incluyó el uso de topadoras y el trabajo de personal municipal.

Más de 170 puestos instalados desde hace más de 25 años entre la vereda y la arena fueron demolidos en una acción que tomó por sorpresa a los feriantes.

El procedimiento se realizó por orden judicial, en el marco de una causa por presunta violación a la ley de marcas. Durante el operativo, efectivos recorrieron los puestos, secuestraron mercadería considerada irregular y labraron actas a los vendedores, mientras se desplegaba un fuerte dispositivo de seguridad que impidió el acceso al predio y el retiro de productos.

Con el paso de las horas creció la tensión en el lugar, cuando feriantes fueron desplazados desde temprano y se acercaron vendedores de otros espacios, como la feria de Plaza Rocha, para acompañar el reclamo. En simultáneo, también se realizaron allanamientos en el domicilio de un referente gremial y en una sede sindical, en el contexto de la misma pesquisa.

Desde el ámbito político, el senador y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, respaldó el operativo y celebró la intervención de la Justicia y las fuerzas de seguridad. “Quiero felicitar a la Justicia por su accionar y, especialmente, a Prefectura y a todas las fuerzas que están poniendo el pecho. En Mar del Plata la ley se cumple. Se terminó el vale todo que perjudicó durante años a marplatenses y turistas”, manifestó.

Los tres detenidos por el crimen de Ramiro Fabián Nast, el joven de 23 años asesinado de un golpe en la cabeza que apareció muerto en una heladera en Funes, fueron imputados este martes y quedaron en prisión preventiva. 

Se trata de Kevin Toloza (25), Luis Vega (29) y Matías Zabala (40), a quienes se les achacó el delito de homicidio simple en calidad de coautores durante una audiencia llevada adelante en el Centro de Justicia Penal de Rosario por el hecho ocurrido entre el 3 y 4 de abril en la ciudad vecina. El cadáver fue encontrado adentro de una heladera tirado en un zanjón el pasado lunes 6, en calle Tomás de la Torre y Paysandú.

Durante el encuentro, la fiscal Noelia Navone de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), afirmó que el ataque se realizó en el interior de una vivienda de Brandsen al 5.300, con fecha y hora no esclarecidas y pidió las citadas acusaciones, que fueron aceptadas por el juez Aldo Bilbao Benítez. 

De acuerdo a la versión de Fiscalía, los responsables golpearon múltiples veces a Nast en todo el cuerpo y le provocaron la muerte por un traumatismo craneoencefálico grave, según determinó la autopsia realizada la semana pasada en el Instituto Médico Legal. Luego, escondieron los restos dentro de un electrodoméstico y los dejaron abandonados.

El magistrado dio luz verde a la imputación y dictó prisión preventiva para los dos jóvenes y el hombre implicados, a quienes trasladaron a distintas unidades penitenciarias.

Las mujeres que financiaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito aseguraron que el funcionario aún les adeuda unos 70.000 dólares, más los intereses correspondientes.

Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, quienes declararon como testigos ante el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

En sus testimonios, ambas confirmaron haber otorgado un financiamiento privado por 100.000 dólares en noviembre de 2024 para la adquisición del inmueble ubicado en la avenida Asamblea, frente al Parque Chacabuco. Según señalaron, el acuerdo se pactó en cuotas mensuales con un vencimiento final previsto para noviembre de este año, con una tasa del 11% anual. Molina habría aportado 85.000 dólares, mientras que Cancio contribuyó con los 15.000 restantes.

En este sentido, la Justicia analiza si las prestamistas, integrantes de la Policía Federal, contaban con la capacidad económica para realizar ese préstamo y busca determinar el recorrido dfe los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias vinculadas a Adorni.

En tanto, la escribana Adriana Nechevenko, que intervino en la certificación de firmas tanto de este inmueble como de otra propiedad en Exaltación de la Cruz, sostuvo que las operaciones se realizaron dentro de parámetros normales y negó que hayan existido préstamos en efectivo. Según su versión, se trató de una compra financiada en cuotas entre particulares.

Para el miércoles 15 está prevista la citación de otras dos acreedoras vinculadas a la misma operación, mientras que también ya prestó testimonio el exfutbolista Hugo Morales, quien fue propietario original del departamento antes de la transacción.

El padre de Ángel López, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia tras ingresar a un centro de salud local con graves traumatismos en la cabeza, pidió la detención de la madre del menor, Mariela Altamirano, y de su pareja, señalados como principales sospechosos del presunto homicidio agravado. A través de su abogado, amplió la denuncia y sostuvo que existen elementos suficientes para avanzar contra ambos.

Según el planteo de la querella, la mujer habría incurrido en "omisión impropia" al conocer la violencia que ejercía su pareja, Maicol González, y no apartar al niño de ese contexto. Además, la acusación apunta a que Altamirano contribuyó con el "desamparo sanitario" que agravó la situación del menor y habla de un homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.

El abogado del padre aseguró contar con testimonios de al menos cuatro testigos que confirmarían la existencia de episodios de violencia, gritos del niño y hasta la presunta quema de evidencia el día del hecho. También mencionó antecedentes de maltrato y un supuesto plan de fuga. Al mismo tiempo, la querella cuestionó a funcionarios de la Justicia por no haber actuado ante denuncias previas.

Por su parte, la fiscalía, a cargo de Facundo Oribones, analiza el caso como un posible homicidio, aunque no descarta otras hipótesis. En tanto, la madre del niño negó las acusaciones y afirmó: "No maté a mi hijo, lo protegí”.

El segundo detenido por el tiroteo en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal fue imputado este jueves por la mañana y a la brevedad se determinará si continúa privado de su libertad, luego de ser señalado como un “estrecho colaborador” del alumno de 15 años que asesinó a Ian Cabrera e hirió a otros compañeros.

La audiencia inició a las 10:00 en la cabecera del departamento santafesino homónimo y estuvo encabezada por el juez Boaglio. En este contexto, Fiscalía le atribuyó al adolescente de 15 años el rol de “participación secundaria” en el violento episodio. Ante un importante hermetismo, el magistrado dio lugar a un cuarto intermedio.

El imputado, punible por su edad, fue aprehendido este lunes en un operativo desplegado sobre la ruta N°11, a la altura de la localidad de Nelson, donde intentó escapar. Según confirmó el jefe del departamento de Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA), Guillermo Díaz, fue localizado como “estrecho colaborador” luego de las primeras pericias al celular del tirador. Además, hubo un allanamiento en su domicilio.

Además, en la conferencia de prensa de este miércoles de la que formaron parte la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; se dio a conocer que ambos menores formaban parte de una “subcultura digital”, con participación a través de plataformas como Discord, en la que se veneran y analizan crímenes. 

Cuatro mujeres que le otorgaron hipotecas no bancarias al jefe de Gabienete, Manuel Adorni, fueron citadas a declarar en el marco de la causa que busca esclarecer cómo se financiaron sus propiedades.

Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, vinculadas a la compra de un departamento en la calle Miró, en Caballito, donde actualmente reside el funcionario. También fueron convocadas Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes participaron en una operación similar sobre otro inmueble ubicado en la calle Asamblea, en ese mismo barrio.

Las primeras deberán concurrir el jueves 9 de abril, mientras que las otras dos lo harán el lunes 13. La causa apunta a la adquisición de un departamento por 230 mil dólares en noviembre de 2025, una cifra que despertó sospechas por estar por debajo de los valores de mercado y por haber sido financiada en una 87% mediante préstamos de particulares.

También, se investiga otra hipoteca por 100 mil dólares sobre una propiedad previa de Adorni, concretada el mismo día que su pareja adquirió una casa en un country bonaerense, un dato que también quedó bajo el análisis de la Justicia.

La Justicia formuló cargos al adolescente de 15 años que mató a un compañero de 13 e hirió a otros ocho en la Escuela Normal Nº40 Mariano Moreno de San Cristóbal durante una audiencia realizada este viernes por la mañana en los tribunales locales, a la que no concurrió. Se trata de un menor no punible, de acuerdo al régimen penal juvenil vigente, por lo que se dictaron medidas tutelares y de resguardo, que el juez mantiene en reserva. 

En ese marco, los fiscales Carlos Vottero y Luis Schiappa Pietra dialogaron con la prensa y contaron que los padres de Ian Cabrera, la víctima fatal del hecho, no quisieron concurrir a la audiencia. Por su parte, sí lo hicieron la madre y una tía de los dos chicos heridos, que todavía continúan internados en Rafaela y Santa Fe Capital. 

“Como fiscal regional lamento mucho la no presencia del autor del hecho, el menor no punible, en la audiencia”, expresó Vottero a la salida, quien aludió a “la gran conmoción social” que provocó el ataque y recalcó que el juez interviniente rechazó el pedido de la fiscalía para que el adolescente presenciara el encuentro. 

“Como estamos ante un proceso de menores, justamente destinado no a determinar la responsabilidad penal sino a la aplicación de otro tipo de medidas- que tienen que ver con el entendimiento, la reflexión y la concientización- entendemos que ese primer paso no se da de una manera eficaz”, se explayó el funcionario. Y agregó que "no es lo mismo escuchar a las partes a metros de distancia que estar a más de 200 kilómetros a través de una pantalla”. 

Por su parte, Shchiappa Pietra remarcó que en este tipo de casos se apunta a “la responsabilización” por parte del menor y detalló que se trata de una investigación compleja. En ese sentido, aclaró que la fiscalía no posee una pretensión punitiva sobre el responsable dado que todavía no se encuentra vigente la ley que modifica la edad de imputabilidad que comenzará a regir desde el 5 de septiembre.

En tanto, destacó el trabajo realizado por los investigadores y reveló que se trató de un ataque planificado. Además, puso el foco en el rol de las redes sociales. "Pudimos reconstruir parte importante de lo que fueron momentos previos y luego posteriores a estos hechos. Es un evento que había tenido una cierta planificación. Esa planificación estaba atravesada por una serie de vínculos en redes sociales. eso es todo materia de investigación”. 

“Tenemos información muy contundente sobre la manera en que se venían dando estas relaciones vínculos (en redes) con otras personas, que, al día de hoy no tenemos la posibilidad de determinarlas porque es una forma de comunicarse en redes mucho más compleja de lo que creemos, con mecanismos de ocultamiento de identidades y en comunidades de redes muy cerradas”, continuó en la misma línea. 

Por último, no descartó la existencia de cómplices en el atentado, aunque señaló: “No tenemos información concreta para dar en ese punto, pero obviamente lo estamos considerando como a todos los elementos de la investigación”. 

Más adelante,  Vottero afirmó que la escuela “que constituye la escena del crimen va a permanecer un tiempo más resguardada a los fines investigativos”. En ese sentido, indicó que el equipo de fiscales se encuentra en comunicación constante con el Ministerio de Educación, que deberá decidir los pasos a seguir en cuanto al dictado de clases. No obstante, subrayó que “hoy por hoy prima la investigación penal”. 

Pablo Barra, uno de los padres juzgados por el presunto abuso de su hija dentro de la serie de casos que destapó una presunta red de informes psicológicos falsos, recibió la absolución por parte de la Cámara de Apelaciones de Rosario este miércoles.

El acusado de 51 años, quien no ve a su hija desde hace 8 años a partir de una denuncia realizada por su expareja por presunto abuso sexual simple, ya había sido desvinculado previamente, aunque luego la Justicia volvió a intervenir. El fallo fue dictado esta mañana por el juez Javier Beltramone.

El magistrado le cargó las costas del proceso al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a partir de las irregularidades presentadas en la causa, la cual había sido archivada en 2020 por falta de pruebas y la determinación fue revocada meses después por la Fiscalía.

El caso está englobado en una denuncia conjunta de un grupo de abogados que detectaron pericias adulteradas por parte de profesionales pertenecientes a una organización no gubernamental de La Plata, las cuales formulaban informes que exponían supuestas situaciones de abuso sexual. Los estudios presentaban compatibilidades exactas a pesar de tratarse de contextos diferentes.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue el centro de dos nuevos allanamientos este viernes por la mañana en Buenos Aires y Prefectura busca documentación en el marco del vínculo del ente con el empresario de la firma TourProudEnter, Javier Faroni.

Las acciones fueron solicitadas por el juez de Campana, Adrián González Charvay, y se desarrollaban en la sede de calle Viamonte y en el predio de Ezeiza. Según las primeras informaciones, el propósito de la medida es localizar pruebas contables en papel y en formato digital, con al firma de ambas partes, a partir de las cuales se acrediten movimientos de dinero y el origen de los fondos manejados por la empresa. 

El magistrado también está al frente del expediente por la quinta de Pilar adjudicada al tesorero Pablo Toviggino, la cual está valuada en 17 millones de dólares y se sospecha que desde AFA la habrían adquirido a través de testaferros.

Por otro lado, TourProudEnter fue detectada en comprobantes bancarios ligados al alquiler de un yate de lujo utilizado por el presidente de la institución futbolística, Claudio “Chiqui” Tapia, en 2024 durante una visita a Mónaco.

Tres psicólogas de Rosario fueron denunciadas bajo sospecha de conformar una red que elaboraba informes falsos en el marco de causas por presunto abuso infantil contra siete padres divorciados, en una investigación que puso en alerta a la Corte Suprema santafesina.

La situación fue alertada por un grupo de abogados que analizó diferentes pericias desarrolladas por las mismas profesionales y encontraron una serie de compatibilidades exactas en frases textuales sobre reacciones de los menores. Las acusadas forman parte de una organización no  gubernamental (ONG) de La Plata.

En declaraciones para el medio Cadena 3, el abogado penalista José Nanni de la Asociación de Penalistas de Rosario, uno de los integrantes de la denuncia penal que fue presentada ante la Unidad de Investigación y Juicio, relató que “ante la sospecha de un caso de abuso sexual, radicaban las denuncias y, para impulsarlas, las empujaban con estos dictámenes que decían que estas psicólogas eran particulares de estos niños y en las sesiones referenciaban situaciones de abuso”.

“Cuando esas declaraciones se tomaban en Cámara Gesell, los niños decían todo lo contrario y tenían actitudes muy diferentes”, mencionó Nanni, quien aclaró que algunos de los hombres fueron absueltos, aunque no pueden ver a sus hijos desde hace años.

Por otra parte, la Fiscalía le confirmó a Rosario Nuestro que “se están analizando los datos y la documentación aportados para evaluar los próximos pasos procesales” y que “hay casos que tienen Cámara Gesell pendiente a resolver y otros que hay que analizar si hay denuncias penales y sus características”, al frente de la fiscal Guillermina Aiello. 

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó la decisión de que su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 sea presencial y no por videoconferencia en el marco de la Causa Cuadernos.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la titular del Partido Justicialista apuntó además contra el gobierno de Javier Milei. "Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla", expresó la ex mandataria sobre el requisito de presencialidad para la audiencia judicial.

En su publicación, sostuvo que el cambio dispuesto por el tribunal responde a una “lógica mediática” y se vinculó con el interés de generar imágenes del proceso. “El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos’, que se viene tramitando vía Zoom, acató la exigencia mediática de la ‘presencialidad’. La foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni para videítos en la tele… y, como ya se sabe, el show debe continuar”, escribió.

En el mismo mensaje confirmó que fue citada a declarar en los tribunales federales de Retiro. “Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más…”, manifestó.

Además, vinculó la situación con la investigación por el caso $Libra y mencionó al fiscal Carlos Taiano. “Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase ‘la moral como política de Estado’, habría pactado la módica suma de…5 millones de dólares”,  afirmó.

Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla.El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es…

La causa por robo de insumos en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) sumó un nuevo capítulo este viernes por la condena de un quinto implicado, quien deberá pasar cinco meses en prisión, pagar una multa y cumplir con un plazo de inhabilitación.

Un hombre de 45 años, identificado como Fernando Lodríguez, admitió ante la jueza Hebe Marcogliese que intentó sustraer 900 guantes de examinación, distribuidos en nueve cajas que ocultó en su mochila, del área de farmacia del establecimiento de Pellegrini y Vera Mujica. De acuerdo a la versión, fue descubierto por la jefa de la sección y huyó del lugar. También lo acusaron de llevarse 200 catéteres intravenosos y diclofenac.

El fiscal José Luis Caterina concretó un acuerdo con el abogado defensor Gonzalo Rucci que derivó en una pena tras las rejas, por hurto en grado de tentativa, hurto consumado en dos hechos e incumplimiento de los deberes de custodia de sustancias medicinales (en concurso real), junto a una sanción económica de 50.000 pesos y la imposibilidad de desempeñarse en instituciones de salud por un año.

Según la acusación, el 7 de noviembre de 2025 el empleado intentó llevarse del Heca nueve cajas de guantes de examinación, cada una con cien unidades, que ocultó en su mochila. La maniobra fue advertida por la jefa de Farmacia del hospital, quien dio aviso a la Fiscalía a través de la oficina de Legales de la Secretaría de Salud Pública, en el marco de una investigación por la sustracción de medicamentos e insumos del mismo nosocomio.

La Justicia dispuso el embargo del sueldo del exfutbolista Brian Sarmiento debido a una deuda por incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria de su hija de 10 años.

La medida fue solicitada por su expareja, Jazmín "Tesi" Posa, en el marco de una causa iniciada por falta de pago. Según trascendió, el embargo alcanza los ingresos que Sarmiento recibe por su participación en el reality Gran Hermano. La mujer pidió la medida cautelar al señalar que el exjugador no abona la cuota desde hace 22 meses.

De acuerdo con lo informado por el periodista Santiago Riva Roy en el programa televisivo DDM, la deuda acumulada asciende a $12.792.348. El monto surge de una cuota mensual fijada en 300 dólares.

Asimismo, la resolución contempla una penalidad de dos dólares por cada día de atraso en el pago. Con ese criterio, se sumaron alrededor de 681 días de mora, lo que incrementó significativamente el total adeudado.

“Ya fue aceptado por la justicia, firmado, ya está notificado para Telefe, Kuarzo, y no va a poder ir un peso a los bolsillos de Brian hasta que se salde la deuda de cuota alimentaria”, aseguró Riva Roy. Según explicó, el primer sueldo del reality quedará retenido y el resto del dinero será evaluado cuando el exfutbolista finalice su participación en el programa.

Lautaro Noriega y Rodrigo Gabriel Cappelletti, presuntos integrantes de la banda de Los Menores acusados de custodiar el arsenal que fue encontrado en un operativo en un predio de Roldán, fueron imputados este jueves y quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley.

Noriega, de 35 años y  Capeletti, de 27, protagonizaron una aduiencia ante la jueza María Melania Carrara y el fiscal Ignacio Hueso, que los señaló como miembros de la organización narcocriminal y les adjudicó haber custodiado la decena de armas de fuego que la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) hallaron el 4 de marzo en un allanamiento en una propiedad de María Teresa al 700, en la ciudad vecina. También hubo procedimientos en Rosario e Ibarlucea.

El armamento estaba bajo tierra en barriles y fue recuperado a través de una retroexcavadora. Según confirmó la policía, secuestraron dos fusiles, dos carabinas, un revólver y cinco pistolas. De acuerdo a las primeras hipótesis, podrían pertenecer al recluso Lisandro “Licha” Contreras, cabecilla del grupo capturado en 2024. 

Además, el fiscal les achacó a los sospechosos estar vinculados a negocios inmobiliarios ilícitos a través de la venta de terrenos y casas en la región.

El intendente de Roldán, Daniel Escalante, brindó declaraciones sobre el hallazgo este miércoles en conversaciones con el equipo de El Puente (Radio Mitre Rosario) y mencionó que el lugar era investigado desde 2023 a raíz de denuncias de vecinos.

“Se hallaron M16, armas de alto poder de fuego. Algo que llamó mucho la atención tanto a las policías de investigación como a los fiscales. Muchos de ellos dicen que era la primera vez que habían visto ese tipo de equipamiento”, relató.

A su vez, el funcionario reveló que el operativo derivó en denuncias por 32 puntos de venta de droga en la localidad del departamento San Lorenzo. “Muchísimos vecinos nos trasladan la información. Luego, nosotros hacemos un estudio previo, marcamos la ubicación de los establecimientos y se lo informamos a la Fiscalía Provincial”, concluyó.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, declarará este jueves ante la Justicia por la causa que investiga la presunta retención indebida de aportes previsionales e impuestos, por una cifra que asciende a los 19.350 millones de pesos.

Tapia será sometido a indagatoria en los tribunales ante el juez en lo penal económico Diego Amarante, a partir de las 12:00, en compañía de su abogado defensor, Luis Fernando Charró, tras la denuncia impulsada por la Agencia  de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por incumplimientos correspondientes a 2024 y 2025 en materia impositiva.

Previamente, la ronda de indagatorias contó con la presencia de Gustavo Lorenzo (director general de AFA), Víctor Blanco (exsecretario general), Cristian Malaspina (actual secretario general) y, este miércoles, Pablo Toviggino (tesorero). Todos los involucrados presentaron un escrito y se negaron a contestar preguntas en la instancia judicial.

En la previa a su declaración, Tapia rompió el silencio días atrás durante el lanzamiento de la plataforma LPF Play y afirmó en el cierre de su discurso que “muchos van a empezar a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz”.

La Justicia de Santa Fe fijó el comienzo del juicio por la muerte de Diego Román, el chico de 12 años cuyo cuerpo fue hallado en un descampado de Recreo en julio de 2019.

El proceso comenzará el viernes 27 de marzo y tendrá en el banquillo a Iván Mercado Reyes y Norma Vega, acusados como coautores de homicidio con dolo eventual por ser los dueños de los perros que, según la investigación, atacaron al menor.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Diego murió tras ser atacado por una jauría de alrededor de diez animales que estaban bajo el cuidado de la pareja. Los investigadores sostienen que los acusados conocían la peligrosidad de los perros y no tomaron medidas para evitar posibles ataques.

El debate oral se realizará ante el juez Pablo Busaniche y la acusación estará a cargo del fiscal Andrés Marchi. El funcionario adelantó que solicitará una pena de 10 años de prisión para Reyes y de 8 años para Vega, al considerar que ambos eran conscientes de la “potencialidad agresiva y lesiva” de los animales.

El caso tuvo distintas hipótesis en sus primeros meses, debido al estado en que fue encontrado el cuerpo del niño. Sin embargo, peritajes forenses y veterinarios concluyeron que las heridas eran compatibles con una “depredación de animales”. Además, la acusación señala que ya se habían registrado ataques previos de los perros a vecinos de la zona.

Según el cronograma establecido por la Oficina de Gestión Judicial, el juicio comenzará el 27 de marzo en una audiencia prevista entre las 13 y las 19.30. Luego continuará los días 30 y 31 de marzo y seguirá durante la primera quincena de abril, con audiencias programadas para el 1, 6, 7, 8 y 9.

El caso del crimen de Gian Benjamín Mastrocola, el bebé de un año que fue asesinado de un disparo en la barbería de su padre en zona sur, conmocionó  a la ciudad. Este lunes por la tarde sumará un nuevo capítulo con la realización de la audiencia imputativa a los tres detenidos y una marcha en reclamo de justicia a la que convocaron los seres queridos de la víctima.

Se trata del homicidio que sucedió el pasado jueves en un comercio de Melincué al 6100, en barrio Roque Sáenz Peña. De acuerdo a la versión de Fiscalía, todo comenzó con una discusión previa en la calle entre un familiar del menor y Alan V., un motociclista, que minutos más tarde regresó en compañía de varios cómplices a bordo de un auto y abrieron fuego contra el local. Gian recibió un impacto de bala en el torso mientras estaba en brazos de su padre y murió durante su traslado al Hospital Roque Sáenz Peña. El hombre al que buscaban los gatilleros no estaba en el lugar al momento del ataque.

En cuanto a los aprehendidos, el primero en caer fue Kevin P., un joven de 25 años que fue reducido por un gendarme que vive en el barrio en el lugar del hecho y al que le secuestraron un revólver calibre 38. Luego, tras un procedimiento en Patricias Argentinas y Bacle donde encontraron un Chevrolet Corsa con la luneta rota, aprehendieron a Darío Alberto A. (45) y a Alan V., quien portaba una pistola calibre 11.25. 

La fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Agustina Eiris, anticipó que los tres serán imputados por homicidio agravado por uso de arma de fuego en calidad de coautores.

Daniel, abuelo del nene, confirmó esta mañana que habrá una marcha en pedido de justicia por el asesinato de su nieto en la previa a la audiencia. La convocatoria se llevará a cabo a partir de las 15:00 en Sarmiento y Virasoro y los presentes se trasladarán hacia el recinto judicial de Mitre al 2800 a las 16:00.